Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Salman bin Abdulaziz Al Saud, rey de Arabia Saudí desde 2015, es al mismo tiempo el jefe del Estado y del Gobierno. El 27 de septiembre de 2022, nombró primer ministro al príncipe heredero Mohamed bin Salman. Conforme a la Ley Básica de Gobernanza de 1992, el rey, soberano absoluto, debe seguir la sharía (ley islámica). La Constitución del Reino es «el Sagrado Corán y la Sunna (las tradiciones) del Profeta».
Durante el reinado del fallecido rey Abdalá (2005-2015), el país se fue modernizando gradualmente. Con el 16% de las reservas de petróleo del mundo, es uno de los países más ricos de la zona y una de las principales potencias políticas y religiosas del mundo árabe.
En 2016, el Gobierno saudí adoptó una serie de ambiciosas reformas económicas (Visión 2030 y el Programa de Transformación Nacional 2020) para reducir la dependencia de los ingresos que aporta el petróleo.
La población total saudí ronda los 36 millones de habitantes. En 2019, la ONU estimó que aproximadamente el 38,3% de los residentes del país eran extranjeros. Entre el 85 y el 90 por ciento de los ciudadanos saudíes son musulmanes suníes. Los musulmanes chiíes constituyen entre el 10 y el 12 por ciento de la población total y se calcula que entre el 25 y el 30 por ciento de la población de la provincia oriental, rica en petróleo.
Un censo no oficial publicado por el Vicariato Apostólico de Arabia del Norte calcula que hay más de un millón y medio de católicos, en su mayoría trabajadores extranjeros procedentes de la India y Filipinas. El país no tiene relaciones diplomáticas oficiales con la Santa Sede.
Arabia Saudí es la cuna del islam y el lugar en el que están sus dos ciudades más sagradas, La Meca y Medina; el rey es el Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas. Aunque la ley se basa en la escuela hanbalí de jurisprudencia islámica, también influyen enormemente las interpretaciones de Muhamad ibn Abd al Wahhab, en cuyas enseñanzas se basa el wahabismo. Esta estricta interpretación del islam suní, el wahabismo, incluye restricciones a las mujeres y duras sanciones para una serie de delitos, entre ellas, la pena capital. Se ha promulgado una Real Orden que prohíbe aplicar la pena de muerte a delincuentes menores de edad, pero parece que aún no se ha decretado oficialmente.
Todos los ciudadanos saudíes tienen que ser musulmanes. Los no musulmanes deben convertirse al islam para poder obtener la nacionalidad. Se considera que los hijos de padres musulmanes son musulmanes. Está prohibido difundir públicamente enseñanzas islámicas no oficiales.
La libertad religiosa ni se reconoce ni se protege. La conversión desde el islam a otra religión se considera apostasía, legalmente castigada con la muerte, igual que la blasfemia contra el islam. Últimamente, los tribunales saudíes tienden a ser indulgentes e imponen largas penas de prisión para los delitos de blasfemia en vez de la pena de muerte.
A raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de 2020, el Gobierno sustituyó la flagelación como castigo penal ta’zir (discrecional) por penas de prisión o multas. En consecuencia, las personas declaradas culpables de blasfemia, inmodestia pública y otros delitos ya no pueden ser azotadas. Sin embargo, según representantes judiciales, la flagelación puede seguir formando parte de las condenas por tres delitos hudud: beber, mantener relaciones sexuales sin estar casado y hacer acusaciones falsas de adulterio.
Están prohibidos los lugares de culto y la expresión pública de credos no musulmanes. El incumplimiento de estas normas es causa de discriminación, hostigamiento y detención, y a los extranjeros les puede suponer la deportación. A pesar de las declaraciones del Gobierno de que los no musulmanes que no se conviertan al islam pueden practicar su religión en privado, la falta de normas claras ha dejado a los no musulmanes a merced de la policía local. Algunos grupos de cristianos expatriados han conseguido observar discretamente el culto con regularidad sin provocar acciones por parte de la policía religiosa del Gobierno, la Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, conocida también como la mutawa.
En la escuela pública es obligatoria la educación religiosa basada en la interpretación oficial del islam. Los colegios privados no pueden utilizar programas de estudios diferentes a los de la escuela pública y se les obliga a ofrecer un programa de estudios islámicos a todos los alumnos musulmanes, tanto saudíes como de cualquier otro lugar. Los alumnos no musulmanes de los colegios privados reciben clases obligatorias de civilización islámica. En colegios privados internacionales se pueden enseñar otras religiones o civilizaciones.
Conforme a la sharía, todos los delincuentes reciben el mismo trato. De las cuatro escuelas de jurisprudencia suníes, la que prevalece en Arabia Saudí como base para interpretar la ley islámica es la escuela hanbalí. No hay escrito un código penal completo. Los fallos y sentencias difieren enormemente de un caso a otro. En los asuntos civiles, la indemnización que perciben cristianos y judíos es un 50% inferior a la que recibe un musulmán; en el caso de otros no musulmanes, pueden llegar a recibir solo una decimosexta parte de lo que recibiría un musulmán. En algunas ocasiones, las pruebas presentadas por musulmanes tienen mayor peso que las que presentan los no musulmanes, y en determinados casos, el testimonio o las pruebas presentadas por una mujer musulmana valen la mitad que las de un varón musulmán.
La ley de lucha contra el terrorismo de 2017 sanciona a «todo aquel que cuestione, directa o indirectamente, la religión o la justicia del rey o del príncipe heredero». También constituye delito «fomentar de cualquier forma ideologías ateas», «intentar derribar los fundamentos del islam», las publicaciones que «contradigan las disposiciones de la ley islámica», el culto público no islámico, exhibir en público símbolos religiosos no islámicos, convertir a un musulmán a otra religión y el proselitismo realizado por un no musulmán.
A pesar de la política gubernamental de no enterrar a no musulmanes en el país, existe al menos un cementerio público no islámico.
Las normas sobre derechos humanos se observan «a la luz de las disposiciones de la sharía». Arabia Saudí no forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto quiere decir que los derechos humanos tal y como están definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU no se reconocen ni protegen. «Aunque la sharía, tal como la interpreta el Gobierno, se aplica a todos, tanto nacionales como extranjeros, la ley discrimina en la práctica a las mujeres, los extranjeros, los musulmanes suníes no practicantes, los musulmanes chiíes y las personas de otras religiones». Durante el período estudiado en este informe, se han producido denuncias frecuentes sobre restricciones a la libertad de expresión.
La mutawa (policía religiosa semiautónoma) vigila el comportamiento de la población y depende de la policía ordinaria para hacer cumplir la estricta interpretación wahabí de las normas islámicas. Desde 2016, sus agentes tienen que ir debidamente identificados y sus competencias han quedado enormemente limitadas por decreto real. Como resultado, tanto musulmanes como no musulmanes han manifestado que se han producido menos casos de hostigamiento y menos redadas.
Desde 2004, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) considera a Arabia Saudí «país de especial preocupación».
Incidentes y acontecimientos
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, miembros de la comunidad chií han declarado que, gracias a la disminución de las tensiones sectarias y a la mayor coordinación entre la comunidad chií y las autoridades, han continuado las procesiones y reuniones. Además, durante las celebraciones de la Ashura (18 de agosto de 2021 y 7 de agosto de 2022), quedó de manifiesto que las relaciones entre chiíes y otras comunidades han mejorado.
Año 2021
El 27 de enero de 2021 se inauguró oficialmente la Academia de Mediación y Moderación en la Gran Mezquita. Su objetivo es fomentar la conciliación y la moderación en todos los aspectos de la vida, así como rechazar y combatir el extremismo.
La aplicación de penas de prisión y pena de muerte relacionadas con la libertad religiosa suelen estar vinculadas a «delitos» relacionados con la libertad de pensamiento y conciencia; las autoridades interpretan estos asuntos desde una perspectiva religiosa. En el caso de los detenidos no suníes, se observa a menudo una mayor celeridad en los procesos, lo que apenas da tiempo a que se celebre un juicio libre, justo y transparente. Según la Organización Saudí Europea de Derechos Humanos (ESOHR), Arabia Saudí ejecutó a 120 personas en el primer semestre de 2022. Estas cifras han superado a las de 2020 y 2021 juntas. A continuación se enumeran algunos ejemplos.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2021 el Tribunal Penal Especializado celebró varias vistas sobre el caso del clérigo Hasán Farhan al Maliki. En diciembre de 2020, el fiscal había solicitado la pena de muerte por 14 acusaciones contra Al Maliki. Entre los delitos que se le imputaban figuraba haber cuestionado los fundamentos del islam al poner en duda la sunna y los hadices del Profeta.
En febrero de 2021, la pena de muerte de los activistas chiíes Dawud al Marhun, Abdulá al Zaher y Ali al Nimr (sobrino del clérigo chií Nimr al Nimr, ejecutado por el Gobierno en 2016) fue conmutada por 10 años de reclusión. Finalmente fueron puestos en libertad entre finales de 2021 y principios de 2022. La decisión se debió a la aprobación de un Real Decreto de 2020 por el que se suprimía la pena de muerte para quienes hubieran cometido delitos siendo menores de edad, sustituyéndola por una pena máxima de diez años de prisión en centros de internamiento de menores.
En febrero, detuvieron a la predicadora Aisha al Muhayiri, de 65 años, por seguir predicando y enseñando el Corán en su casa de La Meca. También fueron detenidas otras dos mujeres, una de ellas de 80 años.
El 10 de febrero, condenaron a ocho años de prisión al activista chií Isrá al Gomgam.
El 31 de marzo, un medio de comunicación denunció el deterioro de la salud del clérigo chií encarcelado Mohamed al Habib.
En mayo se informó de que se habían retirado las señales de «solo musulmanes» de la autopista a Medina y a La Meca.
En mayo, la revista Foreign Policy publicó un artículo sobre la discriminación continuada contra los chiíes en Arabia Saudí; en él se concedía, sin embargo, mayor espacio a ejemplos positivos, como los siguientes: «Se han permitido los rituales religiosos chiíes en la Provincia Oriental [...] aunque bajo fuertes medidas de seguridad»; «las ceremonias de Ashura [...], que son fundamentales para el culto chií, también se toleran en Riad desde hace poco (aunque no se han reconocido oficialmente)»; «se han permitido las escuelas y publicaciones de libros chiíes, pero bajo estricto control gubernamental» y «actualmente se vigila estrechamente a los predicadores de las mezquitas saudíes y se les exigen responsabilidades si incitan al odio contra los chiíes».
A finales de mayo, el Ministerio de Asuntos Islámicos notificó a las mezquitas la necesidad de bajar el volumen de los altavoces (no más de un tercio de su nivel máximo) para la llamada a la oración (retransmisión en determinadas condiciones). Estas decisiones fueron recibidas con reacciones críticas que llevaron al Ministerio de Asuntos Exteriores a retractarse unos días después. Posteriormente, fue detenido el clérigo Omar Abdulá al Sadun por escribir un artículo en el que criticaba estas restricciones a la retransmisión de la oración.
El 15 de junio ejecutaron al ciudadano chií Mustafa Hashem al Darwish. Aunque las autoridades saudíes declararon que había sido condenado por delitos que cometió siendo adulto, muchos críticos les acusaron de haber detenido a al Darwish cuando era menor de edad durante las protestas en contra del Gobierno de 2012.
En julio se suprimió la obligación de que los comercios cerraran durante las horas de oración. El observador político y económico saudí, Ali Samir Shihabi, tuiteó que poner fin a la norma de mantener las tiendas cerradas durante la hora de la oración supone un «paso enormemente simbólico y práctico para acabar con el dominio de la clase religiosa en la vida cotidiana».
El 3 de agosto, Ahmed al Yanabi, chií, condenado con una pena ta’zir por insurrección armada y desafío al Gobierno, fue ejecutado. El 6 de septiembre, condenaron a muerte a otro ciudadano chií, Adnan al Sharfa, también bajo pena ta’zir, acusado de contrabando y de unirse a una célula terrorista que pretendía «desestabilizar la seguridad del país».
En septiembre, un informe del Instituto de Seguimiento de la Paz y la Tolerancia Cultural en la Educación Escolar concluyó que los nuevos libros de texto de Arabia Saudí mostraban una «mejora significativa», ya que las autoridades modificaron o eliminaron 22 temas anticristianos y antisemitas y cinco sobre «infieles». Sin embargo, «a lo largo de todos los temas siguen refiriéndose a los cristianos y otros no musulmanes como infieles».
En septiembre se supo que un cristiano converso había tenido que huir. Se enfrentaba a diferentes causas judiciales y tanto él como su familia habían recibido amenazas.
El 1 de octubre fue inaugurada la Feria Internacional del Libro de Riad, «la mayor feria del libro de la historia del Reino». Según la Liga Antidifamación, se pusieron a la venta más de dos docenas de libros antisemitas, entre ellos numerosas ediciones de Los protocolos de los sabios de Sion y Mein Kampf de Hitler.
El 12 de octubre, murió en prisión Musa al Qarni, que cumplía una condena de 20 años. En otro tiempo había sido un académico religioso saudí respetado que estuvo cerca de Bin Laden y de los muyahidines afganos en la década de 1980. Al Qarni había sido considerado «una superestrella entre los reclutas de los campos [afganos] desde la década de 1980» y llegó a ser asesor de Bin Laden para interpretar las normas de la sharía. Más tarde, se convirtió en partidario del régimen saudí contra Bin Laden. Según el grupo Presos de Conciencia, Al Qarni fue golpeado por otros presos hasta la muerte.
El 23 de noviembre, medios de comunicación locales informaron de que el Ministerio Público había dictado una orden de detención contra un hombre que difundió un vídeo en el que hacía comentarios despectivos sobre la Esencia Divina. La Fiscalía anunció que utilizaría todos los medios razonables para localizar y procesar a cualquiera que promoviera nociones insensibles a los valores religiosos y para llevarlo ante la justicia.
A finales de noviembre, el rabino judío ortodoxo Jacob Yisrael Herzog publicó en Twitter fotos desde la habitación del hotel de Riad en que se alojaba encendiendo una vela el tercer día de Janucá, ofreciendo servicios religiosos a los residentes judíos. Al parecer, la iniciativa fue recibida con frialdad por la comunidad judía de Arabia Saudí.
El 30 de diciembre de 2021, el Tribunal de Apelación de Nachrán confirmó la condena de 15 años de prisión impuesta por el Tribunal Penal al periodista yemení Ali Mohsen Ahmed Abu Lahum. El 26 de octubre el Tribunal Penal de Nachrán lo condenó a diez años de prisión al declararle culpable de apostasía y ateísmo. Según el veredicto del tribunal, se le impusieron además otros cinco años de prisión por publicar sus escritos en redes sociales «menoscabando el orden público, los valores religiosos y la moral». Su familia no puede visitarlo mientras siga a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo saudí sobre su apelación.
Año 2022
El 11 de marzo de 2022, el bloguero Raif Badawi, que llevaba 10 años en la cárcel por «insultar al islam en internet», fue puesto en libertad, si bien tiene prohibido viajar en los próximos 10 años.
El 12 de marzo de 2022 fue ejecutado Asad Maki Shubar, chií condenado a muerte a principios de agosto de 2021. El 27 de agosto de 2021, expertos de la ONU dirigieron una carta al Gobierno en la que pedían un juicio justo y afirmaban que el delito del que se le acusaba no parecía poderse considerar uno de los «delitos más graves», como exige el derecho internacional. A pesar de este recurso, Shubar fue ejecutado junto con otras 80 personas.
En mayo se celebró en Riad una conferencia multiconfesional de dos días para estudiar los valores compartidos y los objetivos comunes en el ámbito de la cooperación interconfesional. Organizada por la Liga Musulmana Mundial, el «Foro sobre Valores Comunes entre Personas Religiosas» contó con la participación de un centenar de representantes de distintas religiones. Además de 15 rabinos judíos, asistieron líderes religiosos del cristianismo evangélico, el hinduismo y el budismo, líderes religiosos de todo el mundo musulmán, además del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el patriarca ecuménico ortodoxo griego Bartolomé I y el arzobispo ortodoxo de Ucrania, Ivan Zoria. Entre los puntos de acuerdo figuran la necesidad de respetar la diversidad religiosa, la importancia del diálogo interconfesional y las formas de colaborar para contrarrestar las ideologías extremistas.
En junio, la Fundación Carnegie para la Paz Internacional publicó un artículo sobre las reformas religiosas en Arabia Saudí, subrayando su función cosmética sin ningún cambio fundamental, lo que, según los autores, hace que todas las reformas sean fáciles de revertir.
En junio, salió de prisión Murtaya Qureiris, ciudadano chií. Le habían detenido cuando tenía 13 años, acusado de haber participado en 2011, cuando contaba 10 años, en manifestaciones en contra del Gobierno. La condena a muerte había sido conmutada por pena de prisión.
El 31 de julio condenaron a muerte al ciudadano chií Yalal al Labad por delitos que presuntamente había cometido cuando era menor de edad.
El 24 de agosto, tras una escalada de detenciones, la ONG Euro-Med Monitor, con sede en Ginebra, solicitó una intervención in situ de la ONU para proteger a los presos de conciencia de las penas máximas por criticar a las autoridades saudíes.
Arabia Saudí ha introducido algunas mejoras en su dura aplicación de las normas religiosas y en el trato que dispensa a otras confesiones. En el ámbito de la educación, el informe 2021-2022 del Instituto de Seguimiento de la Paz y la Tolerancia Cultural en la Educación Escolar exponía que se estaba mejorando en el trato dado a las religiones distintas del islam suní, pero señalaba que sigue habiendo cuestiones preocupantes.
A principios de septiembre, detuvieron a un ciudadano yemení por publicar un videoclip en el que aparecía realizando una peregrinación umra en nombre de la reina Isabel II. Este tipo de peregrinación puede realizarse en favor de los musulmanes fallecidos, pero no de no musulmanes.
El 17 de septiembre se publicó un artículo en el que se afirmaba que en el futurista complejo turístico Neom del Mar Rojo se servirán vino, cócteles y champán. Se trata de una decisión sin precedentes en este reino islámico, donde la venta o posesión de alcohol actualmente está prohibida y sancionada.
Futuro de la libertad religiosa
A pesar de algunos signos alentadores, Arabia Saudí sigue siendo un país muy preocupante en el ámbito de los derechos humanos fundamentales y de la libertad de conciencia, pensamiento y religión, y la USCIRF lo sigue considerando «país de especial preocupación» por sus «continuas violaciones de la libertad religiosa». Numerosos activistas defensores de los derechos humanos y de las reformas han sido detenidos, encarcelados y, en algunos casos, torturados, incluso después de que se les hubieran concedido los derechos que reclamaban.
Aunque hay ciertos signos de modernización (en concreto, el programa «Visión 2030»), teniendo en cuenta que más de la mitad de la población tiene menos de 35 años, los mensajes contradictorios del príncipe heredero Mohamed bin Salman dejan claro que los cambios (ya sean hacia una vía más conservadora o más liberal) solo se producirán por iniciativa del Gobierno.
Como indican los incidentes ocurridos durante el período estudiado en este informe, el Gobierno sigue reprimiendo la disidencia y encarcelando a personas, sobre todo chiíes, acusadas de apostasía y blasfemia, de violar los valores islámicos y las normas morales y de insultar al islam. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo negativas.
Arabia Saudita