Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Según las últimas estimaciones sobre demografía religiosa, los musulmanes suníes representan entre el 85 y el 89% de la población de Afganistán. El resto de la población está formado por musulmanes chiíes (entre el 10 y el 15%), pertenecientes fundamentalmente a la etnia hazara. La Constitución del país reconoce oficialmente 14 etnias, entre ellas la pastún, la tayika, la hazara y otras. Los pastunes constituyen el grupo más numeroso (se calcula que representan el 42% de la población), seguidos de los tayikos (27%), los hazaras (9%), los uzbekos (9%), los turcomanos (3%), los baluchis (2%) y otros grupos (8%).
El regreso al poder de los talibanes más de 20 años después de su derrocamiento y el consiguiente establecimiento de un emirato islámico han cambiado totalmente el marco jurídico del país. La Constitución de la República Islámica de Afganistán de 2004 ya no está en vigor y existen muchas dudas sobre el marco jurídico actual, que se pueden resolver sobre todo a partir de las declaraciones de los nuevos gobernantes.
Pocas semanas después de la caída de Kabul, un portavoz talibán anunció que habían restaurado el emirato como sistema político del país, poniendo fin a la república posterior a 2001, y que Amir al Muminin, el Comandante de los Fieles, sería el jefe del Estado afgano. Los dirigentes también anunciaron que un Gobierno provisional, compuesto exclusivamente por talibanes y con un primer ministro al frente, gestionaría los asuntos del país. Sin embargo, se sabe poco de la estructura institucional del emirato.
Ya durante el primer emirato (1996-2001), un consejo de ulemas redactó una constitución destinada a formalizar la forma de gobierno. Nunca llegó a aplicarse y se basaba en gran medida en la constitución de 1964 aprobada bajo el mandato del exrey Mohammed Zahir Shah. En septiembre de 2021, los talibanes declararon que aplicarían temporalmente el mismo documento.
El anuncio se produjo tras una reunión que se celebró en Kabul entre el ministro de Justicia en funciones de los talibanes, Abdul Hakim Sharai, y el embajador chino. Sharai declaró que, para gobernar el país, el emirato islámico adoptaría temporalmente la Constitución real siempre que «no entre en conflicto con la sharía (ley) islámica».
Sin embargo, en la práctica, los talibanes no han utilizado la Constitución de 1964, la cual preveía una monarquía constitucional con elecciones y separación de poderes, elementos siempre rechazados por los talibanes, e incluía una Carta de Derechos como límite al poder del Estado. Desde agosto de 2021, el emir ha dictado los nombramientos y decretos importantes en los ámbitos administrativo, legislativo y judicial por su propia autoridad, sin ningún tipo de separación de poderes. Además, en comparación con la Carta de 1964, predomina el componente islámico.
En su último informe sobre Afganistán, publicado el 16 de diciembre de 2022, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, afirmaba que el país debe «cumplir sus compromisos con los principios, normas y estándares internacionales contra la discriminación, la inequidad, la desigualdad, la injusticia y la impunidad». Las autoridades de facto aún no han abordado las persistentes ambigüedades sobre los parámetros del sistema político y jurídico, aunque el portavoz talibán Zabihullá Muyahid declaró en octubre de 2022 que «se estaba trabajando en la redacción de una nueva constitución».
A pesar de las promesas realizadas tras la toma de Kabul, el nuevo Gobierno talibán no se ha mostrado inclusivo con las mujeres y las minorías. En el Gobierno talibán destaca la ausencia de mujeres y de pluralidad étnica. La Constitución de la República Islámica de Afganistán (artículo 4) nombra a 14 grupos étnicos diferentes como parte de la nación afgana, pero 30 de los 33 miembros designados del Gobierno pertenecen a un solo grupo étnico, los pastunes.
En mayo de 2022, los talibanes publicaron un manifiesto de 312 páginas titulado Al Imarat al Islamiah wa Nizamuha o El emirato islámico y su nizam (término este último que significa administración o sistema). El documento intenta proporcionar a los talibanes un marco institucional básico respondiendo a dos preguntas: ¿Qué es un emirato islámico? y ¿cómo se administra? El autor del manifiesto es Abdul Hakim Haqqani, ministro de Justicia en funciones de los talibanes, que define tres elementos constitutivos de un Estado dirigido por los talibanes: 1) poder judicial independiente; 2) ejército islámico; 3) ley divina. El autor también advierte de que un Estado islámico no tendrá éxito si no se aplican las leyes del Corán y la Sunna.
En el documento se hace especial referencia a la escuela de jurisprudencia islámica que debe seguirse en el país, la cual, según Haqqani, debe ser la de la mayoría, es decir, la escuela hanafí. Esto supone un retroceso respecto a la Constitución de 2004, que por primera vez en la historia del país reconocía un papel en el ámbito jurídico, aunque limitado, a la jurisprudencia yafarí (chií).
La minoría chií representa aproximadamente una sexta parte de la población afgana. Por su parte, el Consejo de Ulemas Chiíes de Afganistán ha exigido públicamente que se exima a los chiíes del pago de una tasa sobre los productos agrícolas (ushr) impuesta por los talibanes de acuerdo con la jurisprudencia hanafí. Sin embargo, no hay indicios de que los musulmanes chiíes vayan a beneficiarse de ninguna exención a este respecto.
Además, se ha informado de que las autoridades talibanas han eliminado la jurisprudencia yafarí de los planes de estudio de la universidad de Bamiyán, provincia afgana de mayoría chií.
Desde el punto de vista judicial, los talibanes no han mostrado ningún respeto por el debido proceso legal. Muchas de las normas se establecen mediante decretos que no se comunican adecuadamente a quienes deben aplicarlas. En algunos casos, basta con la declaración del jefe de un grupo para que un decreto entre en vigor. Además, pocos casos llegan realmente a los tribunales y el correctivo se ha dejado en su mayor parte en manos de combatientes talibanes y comandantes locales que castigan en el acto o tras un breve juicio a las personas acusadas de un delito. Las sanciones van desde la humillación pública hasta los castigos corporales y, en los casos más graves, la muerte.
El Ministerio de Fomento de la Virtud y Prevención del Vicio emite la mayor parte de las directivas. Disuelto en 2001, este departamento gubernamental, famoso por sus duros métodos policiales, se restableció en septiembre de 2021 relevando al Ministerio de Asuntos de la Mujer. A través de sus directivas, hace cumplir una serie de disposiciones que considera obligatorias para los musulmanes afganos (o los súbditos de un Estado musulmán, en el caso de los no musulmanes).
Durante el período estudiado, las mujeres son las que más han sufrido las restricciones. Los dirigentes talibanes han prohibido de facto la educación secundaria de las niñas. En marzo de 2022, declararon que las escuelas secundarias para niñas permanecerían cerradas hasta que se establecieran condiciones islámicas y culturales adecuadas para las alumnas a partir de los 12 años. También se promulgaron una serie de decretos que restringen la libertad de movimiento de las mujeres, su forma de vestir, su actividad deportiva, su derecho al trabajo y a la asistencia sanitaria. La situación de las mujeres es tan grave que el Informe Global de la Brecha de Género 2022 del Foro Económico Mundial situó a Afganistán en el último puesto de la clasificación mundial.
Los talibanes también han prohibido la música. Según su portavoz, Zabihullá Muyahid, «la música está prohibida en el islam... pero esperamos poder convencer a la gente para que no haga estas cosas, en vez de presionarla». Sin embargo, en lugar de convencer a la gente, los talibanes han puesto en el punto de mira a músicos y artistas, e incluso a quienes ponen música en el coche.
Sigue vigente la pena de muerte para delitos como la apostasía y la blasfemia. Además, los talibanes han reintroducido los castigos corporales para delitos menores y la mutilación —la amputación de miembros— en caso de robo. «Cortar las manos es muy necesario para la seguridad», declaraba a Associated Press Nuruddin Turabi, uno de los fundadores de los talibanes. Durante el primer régimen talibán, Turabi se hizo famoso por su dura aplicación de la ley.
Los talibanes no se han esforzado lo más mínimo para incluir a las minorías religiosas o defender sus derechos, o protegerlas de los numerosos ataques de grupos como el Estado Islámico-Provincia de Jorasán. A pesar de ello, rechazan que se les califique de opresores.
El 5 de junio de 2022, en respuesta a un informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), Zabihullá Muyahid tuiteó: «Los derechos religiosos y civiles de todas las minorías de Afganistán están protegidos. En este sentido, el informe del Departamento de Estado es incompleto y se basa en información falsa. Todos nuestros suníes, chiíes, sijes e hindúes practican su religión libremente. Rechazamos el informe del Departamento de Estado».
Curiosamente, no se menciona a los cristianos porque, según un portavoz talibán, «en Afganistán no hay cristianos. Aquí nunca se ha conocido ni registrado [una] minoría cristiana».
En 2022, la administración talibán eliminó la Ashura y el Nowruz como fiestas nacionales del calendario afgano, aunque permite que las comunidades minoritarias celebren públicamente sus festividades.
Tanto bajo el antiguo régimen talibán como bajo el nuevo, los hazaras chiíes son la minoría más perseguida. Constituyen el tercer grupo étnico más numeroso de Afganistán, después de pastunes y tayikos, y en su mayoría son musulmanes chiíes. Durante el período estudiado en este informe, han sufrido numerosos ataques tanto por parte de los talibanes como del Estado Islámico Provincia de Jorasán.
Los musulmanes sufíes también han sido objeto de ataques durante el período estudiado. Este grupo ha desempeñado un importante papel espiritual en Afganistán durante siglos, pero ahora sus puntos de vista religiosos contrastan fuertemente con los de los talibanes y los del Estado Islámico Provincia de Jorasán.
En mayo de 2022, tras una misión en Afganistán, Richard Bennett, relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Afganistán, pidió que se investigaran los ataques contra las comunidades hazara, chií y sufí, señalando que «son cada vez más sistemáticos y reflejan elementos de una política organizativa, por lo que tienen las características de crímenes contra la humanidad».
Los ahmadíes, ya perseguidos bajo el anterior Gobierno talibán, no corren mejor suerte ahora, pues son considerados herejes y no musulmanes. Se calcula que antes de agosto de 2021 en el país vivían unos 450 ahmadíes. Se cree que algunos de ellos fueron detenidos por los talibanes. Citando al líder ahmadí, el califa Hazrat Mirza Masrur, Press Ahmadiyya tuiteó: «Los musulmanes ahmadíes de Afganistán atraviesan dificultades extremas; incluso algunos de ellos han sido detenidos». El Comité internacional de Derechos Humanos informó de que al menos 13 musulmanes ahmadíes seguían encarcelados tras su detención durante el Aíd al Adha de 2022.
La mayoría de los afganos no musulmanes huyeron durante el gobierno talibán de 1996 a 2001, pero unos pocos se quedaron. Ahora viven bajo la amenaza de la persecución, sobre todo los bahaíes, budistas, zoroastras y cristianos.
El cristianismo se considera una religión occidental y ajena a Afganistán. Incluso antes de que los talibanes tomaran el poder, los cristianos denunciaban una fuerte hostilidad por parte de la opinión pública, tanto en las redes sociales como en otros ámbitos, hacia los conversos al cristianismo y hacia el concepto de proselitismo cristiano.
Los cristianos afganos solían practicar su culto solos o en pequeños grupos en viviendas particulares. En 2019, a medida que los conversos iban teniendo cada vez más hijos, muchos decidieron incluir su religión en sus documentos de identidad para que sus descendientes no tuvieran que ocultar su fe, pero solo 30 cristianos lo consiguieron antes de que los talibanes volvieran al poder.
En cien años Afganistán se ha quedado sin presencia católica. El padre Giovanni Scalese, sacerdote barnabita y superior de la misión sui iuris en Afganistán, residente en el país desde 2014, se vio obligado a regresar a Italia el 26 de agosto de 2021, junto con cinco monjas, algunas de ellas Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa, y otra monja que servía en Pro Bambini di Kabul, ONG que agrupa a distintas órdenes religiosas. Esta última contaba así sus últimos días en Afganistán: «Fue una época muy difícil, estábamos encerradas en nuestras casas y teníamos miedo». En aquel momento, el padre Scalese era el único sacerdote católico que seguía en Afganistán.
Según el Consejo Sij e Hindú de Afganistán, su comunidad contaba con unos 550 miembros en 2020, frente a los 900 de 2018. Incluso antes del regreso de los talibanes, los templos sijes eran objeto de atentados del Estado Islámico Provincia de Jorasán; ejemplo de ello es el perpetrado contra la gurdwara Har Rai Sahib de Kabul el 25 de marzo de 2020, en el que murieron 25 personas. Cuando los talibanes avanzaron hacia Kabul en agosto de 2021, algunos hindúes y sijes se refugiaron en un templo sij de la capital, mientras que otros intentaron huir, especialmente a la India, cuyo Gobierno ayudó a sijes e hindúes a abandonar Afganistán.
Se cree que en octubre de 2021 quedaban menos de 250 hindúes y sijes en el país. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) recibió informaciones sobre que, poco después de la toma del poder por los talibanes, hombres armados de las nuevas autoridades visitaron la gurdwara sij de Karte Parwan, un barrio de Kabul, para pedir a los sijes e hindúes que no abandonaran Afganistán.
A finales del siglo XX, casi todos los judíos afganos habían emigrado a Israel por falta de seguridad. Tras la toma del poder por los talibanes, el que se creía que era el último judío que permanecía en el país, Zebulon Simentov, intentó quedarse, pero en septiembre de 2021 también abandonó Kabul. Sin embargo, semanas después, una mujer que había huido al extranjero tras la toma de Kabul, prima lejana de Simentov, también afirmó haber conservado siempre su fe judía, a pesar de estar casada con un musulmán.
En cuanto a la comunidad bahaí de Afganistán, hay poca información. La comunidad ha vivido en un relativo anonimato tras la declaración de 2007 de la Dirección General de Fetuas y Cuentas del Tribunal Supremo de Afganistán, que declaró que la fe bahaí es blasfema y que sus seguidores son infieles.
Los musulmanes uigures de Afganistán (entre 2000 y 3000 personas) también son una minoría en peligro. Dadas las estrechas relaciones de los talibanes con China, a la que el grupo describe como su «socio principal» para reconstruir el país, actualmente los uigures de Afganistán temen tanto por sus vidas como por su posible repatriación y persecución en China.
Incidentes y acontecimientos
Durante el período estudiado en este informe se ha producido un cambio radical en la situación del país. La llegada de los talibanes al poder ha tenido consecuencias muy graves para los derechos humanos, especialmente los de las minorías, incluida la libertad religiosa.
El 20 de julio de 2022, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) publicó un informe en el que se describía la situación de los derechos humanos en el país en los 10 primeros meses desde la toma del poder por los talibanes.
La UNAMA registró 2106 víctimas civiles, atribuidas principalmente a ataques selectivos del Estado Islámico Provincia de Jorasán contra comunidades de minorías étnicas y religiosas en lugares donde van a la escuela, practican su culto y llevan a cabo su vida cotidiana.
La UNAMA manifestó una preocupación especial ante la aparente impunidad con que los miembros de las autoridades de facto cometen violaciones de derechos humanos. Las vulneraciones de los derechos que el informe enumera incluyen castigos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales de personas acusadas de delitos «morales» y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.
En sus primeros diez meses de gobierno, los talibanes han cometido 237 ejecuciones extrajudiciales, 113 detenciones y encarcelamientos arbitrarios y 118 casos de uso excesivo de la fuerza. También han violado los derechos humanos de 163 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y de 65 defensores de los derechos humanos. Además, después del 15 de agosto de 2021 se denunciaron 217 casos de castigos crueles, inhumanos y degradantes. Por ejemplo, el 14 de febrero de 2022, en la provincia de Badajshán, al nordeste de Afganistán, lapidaron hasta la muerte a un hombre y a una mujer declarados culpables de adulterio.
En diciembre de 2022, Naciones Unidas emitió una declaración en la que pedía a los talibanes que pusieran fin de inmediato a las flagelaciones y ejecuciones públicas, poniendo de manifiesto, además, sus dudas sobre el proceso legal que condujo a estos castigos, que no parece haber cumplido las garantías básicas de un juicio justo.
Como ya se ha indicado, muchos de los ataques contra las minorías religiosas han sido obra del Estado Islámico Provincia de Jorasán. Los chiíes hazaras han sido los más afectados por los ataques reivindicados o atribuidos a este grupo yihadista.
Un episodio reciente fue el atentado contra el Centro Educativo Kay, en el barrio Dashte Barchi de Kabul, zona de mayoría chií hazara, escenario de varios atentados terribles en los últimos años. El 30 de septiembre de 2022, un atentado suicida con bomba destrozó el centro educativo, matando a 54 personas, en su mayoría mujeres jóvenes hazaras.
Según Human Rights Watch, desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, la filial del Estado Islámico ha reivindicado la autoría de 13 atentados contra los hazaras y se le ha relacionado con al menos otros tres, en los que han muerto y resultado heridas unas 700 personas. La creciente represión de los talibanes a los medios de comunicación, especialmente en las provincias, significa que es probable que se hayan cometido otros atentados que no se han denunciado.
Entre los principales atentados contra los hazaras, cabe destacar el del viernes 7 de octubre de 2022, cuando un terrorista suicida se inmoló en una mezquita de la provincia nororiental de Kunduz y mató a decenas de fieles (entre 70 y 80 personas) en el tercer atentado contra un lugar religioso en una sola semana. El Estado Islámico reivindicó su autoría. Una semana después, más de 40 personas murieron y decenas resultaron heridas en las explosiones que sacudieron una mezquita chií durante la oración del viernes en la ciudad de Kandahar.
Los talibanes también han seguido atacando a los hazaras, como ya hicieron cuando estaban en el poder entre los años 1996 y 2001. Según Human Rights Watch, a principios de octubre de 2021, los talibanes y las milicias asociadas desalojaron por la fuerza a cientos de familias hazaras de la provincia meridional de Helmand y de la provincia septentrional de Balj. Estos desalojos se produjeron después de otros realizados previamente en las provincias de Daikundi, Uruzgan y Kandahar. Una investigación de Amnistía Internacional culpó a los talibanes del brutal asesinato de 13 personas de etnia hazara (entre ellas nueve antiguos soldados del Gobierno que se habían rendido y una joven de 17 años) en la provincia de Daykundi el 30 de agosto de 2021.
Los musulmanes sufíes también han sido objeto de atentados durante el período estudiado en este informe, especialmente en los primeros meses de 2022. El 29 de abril, la mezquita Sahib Jalifa, uno de los lugares sufíes más populares de Kabul, estaba llena de fieles que se preparaban para la festividad de Aíd al Fitr, cuando, al terminar la oración del viernes, una potente explosión mató a más de 50 personas.
Unos días antes, también durante la oración del viernes, la mezquita sufí de Mawlawi Sekandar, en la provincia de Kunduz, había sufrido un atentado que provocó la muerte de al menos 33 personas. En agosto de 2022, asesinaron a un destacado erudito sufí. Apenas una semana después, se produjo otro atentado en el interior de la mezquita Sidiquiya de Kabul en el que murieron 21 personas. Tras el último atentado, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) pidió a las autoridades talibanes que tomaran medidas concretas para evitar toda forma de terrorismo en el país y llevar ante la justicia a quienes están detrás de estos ataques.
Futuro de la libertad religiosa
Incluso antes de la entrada de los talibanes en Kabul el 15 de agosto de 2021, Afganistán era un país doblegado por 40 años de guerra, catástrofes naturales recurrentes, pobreza crónica, sequía y por la pandemia de la COVID-19, con más de 24 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria. Durante su estancia en Afganistán, las fuerzas de la coalición no se ocuparon de regular, fomentar ni proteger los derechos humanos. Las fuerzas de la coalición tampoco garantizaron el registro de las comunidades religiosas no suníes, lo que dio lugar a una ausencia total de registros de su existencia. A pesar de las promesas iniciales de respeto a los derechos humanos y de inclusión, el régimen talibán está acabando con los escasos derechos y esperanzas que tenían los afganos.
A ello se suma la intensa actividad terrorista. Por cuarto año consecutivo, el Índice Global de Terrorismo 2022 clasificó a Afganistán como la nación más afectada por esta lacra debido a las acciones del Estado Islámico Provincia de Jorasán. Tras un revés inicial tras la toma de Kabul por los talibanes, el EI ha vuelto a cobrar impulso, gracias también a la liberación de muchos de sus combatientes recluidos en cárceles afganas. Entre ellos estaba el terrorista suicida autor del atentado en el aeropuerto de Kabul en agosto de 2021. En la actualidad, el Estado Islámico Provincia de Jorasán cada vez está más activo en distintas partes del país, llevando a cabo atentados contra las minorías étnicas y religiosas. A pesar de sus promesas, los talibanes no han conseguido poner fin a estos ataques.
En cuanto a Al Qaeda, teniendo en cuenta estos antecedentes, queda por ver si se reposicionará y cómo lo hará tras la muerte de su líder de siempre, Ayman al Zawahiri, abatido por aviones estadounidenses no tripulados el 31 de julio de 2022 en Kabul, donde el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 había encontrado refugio tras la vuelta al poder de los talibanes.
Es evidente que, en un contexto de violación sistemática de los derechos humanos, la situación de las minorías y de la libertad religiosa es mucho peor que antes de que los talibanes tomaran el poder. Citando a Fereshta Abbasi, investigadora de Human Rights Watch, «en Afganistán no existe libertad religiosa».
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