La Constitución de la República Democrática del Congo de 2006 establece el carácter laico del Estado, y proclama el respeto al pluralismo religioso. La Constitución prohíbe toda forma de discriminación basada en el origen étnico, la religión o la opinión (artículo 13) y establece que toda persona tiene derecho a manifestar libremente su religión en público y en privado (artículo 22). Hay libertad para construir iglesias y recaudar fondos para realizar actividades religiosas dentro y fuera del país. Todos los grupos religiosos tienen libertad para hacer proselitismo, donde se incluye la enseñanza de la religión a los niños. Hay quienes predican incluso en mercados, confluencias de calles y autobuses públicos.
La educación religiosa forma parte del programa oficial de estudios y se imparte en los colegios. El artículo 45 de la Constitución establece que «los centros nacionales de educación garantizarán a sus alumnos menores de edad, en colaboración con las autoridades religiosas, y a demanda de los padres, una formación conforme a sus convicciones religiosas».
En 1977, la República Democrática del Congo (entonces llamada República del Zaire) firmó un convenio escolar con las comunidades católica, protestante, kimbanguista e islámica. En 2016 firmó un acuerdo marco con la Santa Sede sobre cuestiones de interés común, entre ellas «las instituciones católicas de educación, la enseñanza de la religión en los colegios, las actividades de bienestar y benéficas de la Iglesia, la atención pastoral en las fuerzas armadas, las prisiones y los centros hospitalarios, además de los impuestos sobre las propiedades, la obtención de visados de entrada y permisos de residencia del personal religioso».
Varios grupos religiosos gestionan una amplia gama de instituciones como colegios, centros de salud, orfanatos y empresas de comunicación. Respecto a los medios de comunicación, la mayor parte de los canales de televisión y de las cadenas de radio de Kinshasa pertenecen a distintas confesiones cristianas.
El año 2018 destacó por ser el período previo a unas elecciones generales esperadas desde hacía mucho tiempo. Las votaciones se habían pospuesto en varias ocasiones y se celebraron dos años después de la fecha legalmente establecida. La comunidad cristiana, en concreto la Conferencia Episcopal Nacional de la República Democrática del Congo (Conférence Épiscopale Nationale du Congo, CENCO), se ha manifestado como firme defensora de la celebración de unas elecciones libres y limpias en el país. En julio de 2018, el Comité de Coordinación Laical (estrechamente vinculado con la Iglesia católica) hizo un llamamiento a realizar «acciones de protesta» si no se garantizaban unas elecciones libres y creíbles. En octubre de 2018, la Iglesia católica pidió a los políticos que no utilizasen la imagen del Papa con fines electorales después de que uno de los candidatos, Emmanuel Ramazani, lo hiciera. Finalmente, el 30 de diciembre de 2018, la República Democrática del Congo celebró unas elecciones generales en las que Felix Tshisekedi derrotó al entonces presidente en ejercicio Joseph Kabila. Sin embargo, la Iglesia, que había enviado a 40 000 observadores a los colegios electorales, manifestó sus dudas ante los resultados de las elecciones y defendió que el verdadero ganador había sido el segundo candidato en número de votos, Martin Fayulu. Se realizaron manifestaciones por todo el país en las que murieron varias personas y en las que los manifestantes exigían un recuento fiel de los votos.
Durante el período estudiado en este informe, ha continuado la violencia contra la comunidad cristiana, especialmente en la región oriental de Kivu. Los autores principales de las agresiones han sido varias milicias armadas no estatales, mientras que en años anteriores eran las fuerzas de seguridad las que cometían la mayor parte de los ataques contra los cristianos. La razón de ello era que los cristianos, en concreto la Conferencia Episcopal, se mostraban enormemente críticos con el anterior Gobierno de Kabila.
El 25 de septiembre de 2018, justo tres meses antes de las elecciones, se cometió un ataque armado en Beni, ciudad de Kivu Norte. Un pastor de la zona identificó al menos a 27 miembros asesinados de las iglesias locales. El ataque fue cometido, al parecer, por una milicia islamista, las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA).
Los clérigos han sido con frecuencia el objetivo de este grupo armado islamista. En noviembre de 2018, unos terroristas cometieron otro ataque cerca de Beni. Hombres armados entraron en la casa de un pastor y le mataron a él y a su hija. En el asalto también mataron a otros tres niños, y se llevaron a siete cristianos que siguen desaparecidos. Según los testigos, los asaltantes afirmaban que la zona en la que opera la milicia pertenece a los musulmanes, no a los cristianos, y que «todo cristiano que encuentren es un enemigo» para ellos. Al día siguiente, la FDA lanzó otro ataque en un pueblo cercano en el que secuestró al pastor y a cinco miembros de la comunidad, además de prender fuego a 12 viviendas. Posteriormente encontraron muertos al pastor y a su esposa.
En diciembre de 2018, en la provincia de Mai-Ndombe, 900 civiles fueron masacrados en los enfrentamientos entre miembros de las etnias banunu y batendé, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Saquearon y prendieron fuego a viviendas y edificios públicos como escuelas y clínicas.
En marzo de 2019, se registró otro ataque de la FDA contra una comunidad cristiana en el pueblo de Kalau. Los rebeldes armados «dispararon indiscriminadamente contra los habitantes del pueblo», matando a seis cristianos y provocando la huida de cientos de personas. Sobre la milicia islamista, el líder de una comunidad local declaraba: «Llevan mucho tiempo dedicados al secuestro y el asesinato, pero ahora quieren pasar a la ocupación del territorio. Quieren ocupar la zona que reclaman como propia».
La presencia de grupos armados internacionales en la República Democrática del Congo no es una novedad. Sin embargo, el 18 de abril de 2019, el Estado Islámico reivindicó por primera vez un atentado cerca de la ciudad de Beni. El Estado Islámico ha declarado que la región es la «Provincia de África Central» del «Califato». En el ataque murieron dos soldados congoleños y un civil.
Según la ONG Puertas Abiertas, la provincia de Kivu Norte sufrió más de 20 ataques contra pueblos cristianos entre enero y mayo de 2019 en los que murieron aproximadamente 90 personas, 12 000 fueron desplazadas y por lo menos 31 fueron secuestradas. Además, esta organización defensora de los cristianos informó de que «incendiaron un mínimo de seis Iglesias y han destruido dos clínicas y centros sanitarios gestionados por la Iglesia».
En mayo de 2019, la Conferencia Episcopal y la Iglesia de Cristo en el Congo (Église du Christ au Congo) presentaron una petición para que se convocaran elecciones locales antes de que acabase el año 2019, dado que no se había respetado el calendario electoral previsto en la Constitución.
A finales de junio un sacerdote católico de la parroquia de Sembé fue secuestrado; un mes después encontraron su cadáver. Se desconocen las circunstancias que rodearon su muerte.
En junio de 2019, la Asamblea Episcopal Provincial de Bukavu publicó unas declaraciones en las que denunciaba la falta de seguridad en la zona y pedía a las autoridades protección para el pueblo y los recursos naturales del país.
Para contrarrestar la creciente actividad de las milicias en las zonas orientales del país, el Gobierno lanzó una operación militar a gran escala el 31 de octubre de 2019. Su objetivo era la erradicación de «todos los grupos armados nacionales y extranjeros que asolan el este del país y desestabilizan la región de los Grandes Lagos». Con este fin, a principios de dicho mes el Gobierno de la República Democrática del Congo desplegó 21 000 soldados cerca de la ciudad de Beni.
En noviembre y diciembre de 2019, la FDA asesinó a más de cien personas en la provincia de Kivu Norte.
En noviembre de 2019, unos manifestantes atacaron el cuartel general de la Misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), sita en Beni después de las últimas masacres cometidas por las milicias rebeldes. Acusaban a las fuerzas de pacificación de no proteger a los civiles y algunos exigían su retirada. La Conferencia Episcopal lamentó la inseguridad en el este del país. En un mensaje a la Agenzia Fides, los obispos proponían «un “programa de emergencia” que ponga fin a las hostilidades», restaure la autoridad del Estado y proporcione ayuda humanitaria.
En diciembre de 2019, la FDA asesinó a unas 20 personas en Kivu Norte. El arzobispo de Kinshasa visitó la zona y pidió a la población que colaborase con la policía, el ejército y la MONUSCO para acabar con las masacres. Ese mismo mes, católicos laicos organizaron una manifestación de tres días que llevó a miles de personas a protestar contra la corrupción y a pedir el fin de la violencia en el este del país. Los obispos de Kivu Norte y Kivu Sur suspendieron todas las actividades de la Iglesia durante un día en señal de protesta por la violencia en ambas provincias.
En enero de 2020, la Plataforma de Confesiones Religiosas de la República Democrática del Congo publicó unas declaraciones en las que reconocía que se han realizado algunos avances desde las elecciones, pero apuntaba que el país aún se enfrenta a muchos retos como la corrupción, la inseguridad y el deterioro de la economía. Ese mismo mes, la Comisión Permanente de la Asociación de Conferencias Episcopales de África Central emitió un comunicado en el que pedía a los líderes políticos de la zona que protegieran a la población de la violencia armada, a la vez que lamentaba la mutua pérdida de confianza.
En febrero de 2020, la FDA mató a 40 civiles en Kivu Norte. Cuando la policía arrestó a un miembro de la FDA, la banda atacó la comisaría de policía en la que estaba detenido y lo liberaron.
En marzo de 2020, en Ituri, un grupo armado atacó con machetes a un sacerdote, que resultó herido de gravedad, y a otras dos personas.
Durante la última semana de mayo de 2020, terroristas islamistas mataron a 49 civiles y secuestraron a otros 45 en varios asaltos perpetrados en Kivu Norte. También saquearon tiendas y prendieron fuego a viviendas.
En julio de 2020, la Conferencia Episcopal Nacional de la República Democrática del Congo criticó una proposición de ley del Gobierno para reformar el sistema judicial, porque podría debilitar su independencia, y la Comisión Electoral Independiente Nacional. El Comité de Coordinación Laical también puso objeciones a la designación de Ronsard Malonda como presidente de dicha comisión. Se celebraron manifestaciones por todo el país.
En julio de 2020, el arzobispo de Kinshasa se pronunció en contra de que la explotación de los recursos naturales de la República Democrática del Congo estuviera en manos de compañías extranjeras y de la falta de gobernanza democrática del país.
En julio de 2020, Denis Mukwege, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, se manifestó en contra de una serie de masacres, siendo la más reciente la cometida ese mismo mes en Kipupu, y contra las violaciones de los derechos humanos en la zona oriental de la República Democrática del Congo, «donde durante décadas se han estado cometiendo actos que la legislación internacional considera delictivos». Este médico ginecólogo y pastor pentecostal goza de fama mundial por su atención a supervivientes de agresiones sexuales en el hospital Panzi de la República Democrática del Congo, cerca de Bukavu. Las amenazas de muerte que ha recibido, difundidas sobre todo a través de los medios de comunicación «por fuentes que proceden tanto del interior del país como de la vecina Ruanda», llevaron a que Naciones Unidas le proporcionara protección y que el presidente congoleño Felix Tshisekedi solicitara una investigación.
En septiembre de 2020, el padre Christian Muta denunciaba que el llamamiento a un alto el fuego mundial por parte del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al que se unió el papa Francisco, había sido casi completamente ignorado en el país. Declaró que el país «atraviesa una profunda crisis social, además de sufrir gran pobreza y precariedad: el origen de estos problemas están en el interés que tiene una minoría en poseer toda la riqueza del país. Ni siquiera la pandemia del coronavirus ha conseguido apaciguar a las partes beligerantes porque existen intereses para los que la vida humana parece tener muy poco valor».
En octubre de 2020, los obispos de la República Democrática del Congo denunciaron «la paralización del país a causa de la crisis política y sus consecuencias», además de la corrupción y las organizaciones criminales implicadas en el sector de la minería. También afirmaron que la situación de la seguridad era desastrosa y que la crisis del coronavirus había exacerbado la pobreza de la población.
El 19 de noviembre, en una entrevista titulada «Los minerales de la República Democrática del Congo están cubiertos de sangre congoleña», Mukwege volvió a pedir a la comunidad internacional una solución para la desgarradora violencia que rodea la explotación y el saqueo de los minerales utilizados en tecnología a nivel mundial como el cobalto, el coltán y el litio. En dicha entrevista lamentaba la complicidad estatal y no estatal, diciendo: «Observamos actividades de saqueo de estos recursos naturales. Y quienes los ordenan cuentan con poderosos colaboradores fuera del país que ahogan las voces que se intentan hacer oír pidiendo paz, porque el saqueo se produce dentro del caos más absoluto. Y sin este caos, el saqueo no sería posible. Actualmente el mayor obstáculo lo ponen los que se benefician de esta guerra, los que compran los minerales a los bandidos armados». En el mismo artículo, hacía un llamamiento a la Iglesia católica invitándola a «representar su papel profético y dar a conocer al mundo este sufrimiento, que sea nuestro portavoz, la voz de los que no tienen voz, para que se acabe haciendo justicia y se permita a la población del este del país vivir en paz. Porque sin justicia no hay paz».
Durante el período estudiado en este informe, otra cuestión importante que ha afectado a las comunidades religiosas del país ha sido el virus del ébola. La epidemia lleva activa desde agosto de 2018 y en julio de 2019 la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente «una emergencia de salud pública que preocupa a la comunidad internacional». En la zona oriental de la República Democrática del Congo, la Iglesia está volcada en la lucha contra la enfermedad a través de Cáritas. Pero la situación de seguridad en muchas zonas del país dificulta considerablemente la respuesta al virus; por ejemplo, es difícil realizar enterramientos seguros y dignos.
Debido a los elevados niveles de mortalidad ocasionados por el ébola, los dirigentes de la Iglesia toman medidas para evitar su propagación en los actos religiosos. Después de que varios sacerdotes y miembros de las parroquias locales se contagiaran del virus en actividades religiosas, el arzobispo coadjutor Fridolin Ambongo de Kinshasa anunció en mayo que la administración de algunos sacramentos como bautizos, confirmaciones, unciones de enfermos y órdenes sacerdotales se suspenderían temporalmente en varias zonas del nordeste del país. En el caso de la comunión, se debería evitar el contacto con la boca, además de que los fieles se darían la paz en la misa verbalmente.
La comunidad musulmana también se ha visto afectada por el ébola. Por ello, el 26 de julio de 2019, Arabia Saudí suspendió temporalmente la emisión de visados a peregrinos procedentes de la República Democrática del Congo. Esto perjudicó a los musulmanes congoleños que querían realizar el hach, la peregrinación a la Meca, que es uno de los cinco pilares del islam.
En marzo de 2020 se registraron los primeros casos de COVID-19. Como medida para contener su expansión, las autoridades declararon el estado de emergencia, una de cuyas medidas fue el cierre de las iglesias. En marzo de 2020, el arzobispo Ambongo de Kinshasha criticó al Gobierno por retrasar el confinamiento total que se suponía que iba a imponer a final de mes. Además, hizo un llamamiento a las autoridades para que garantizasen a la población más vulnerable el acceso a la alimentación, el agua y la electricidad cuando se aplicaran las medidas.
La República Democrática del Congo se enfrenta a graves problemas debido a la pobreza, la corrupción, la debilidad de las estructuras del Estado, los elevados niveles de inseguridad y los brotes de ébola y de COVID-19. A pesar de la presencia del ejército y de la Misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, en el este del país los grupos armados siguen aterrorizando indiscriminada y brutalmente a la población, sobre todo por su interés en la explotación de los minerales. Además, los fieles, pastores y sacerdotes cristianos constituyen un objetivo específico para las milicias vinculadas con organizaciones islamistas. La reciente llegada a la República Democrática del Congo del grupo terrorista Estado Islámico complica aún más la situación en una zona ya problemática a causa del extremismo radical. Esta falta de seguridad frustra, a su vez, la efectividad de la lucha contra las enfermedades y el envío de ayuda humanitaria a la población que la necesita.
La combinación de estas graves tribulaciones se une a los problemas de gobernanza a nivel nacional y local, socavada por la supuesta falta de legitimidad de la elección del presidente Tshisekedi, que se vio envuelta en graves acusaciones de fraude. Las perspectivas para el futuro de la libertad religiosa en la República Democrática del Congo son negativas.
República Democrática del Congo