De acuerdo con su preámbulo, la Constitución de Nicaragua emana del pueblo de Nicaragua y se escribe en el nombre, entre otros, «de los cristianos que desde su fe en Dios se han comprometido e insertado en la lucha por la liberación de los oprimidos».
Conforme al artículo 4, el Estado es responsable de «la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, bajo la inspiración de los valores cristianos».
En su política exterior, Nicaragua rechaza «todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa»; por lo tanto, está prohibida y proscrita «la intervención en los asuntos internos de otros Estados» (artículo 5).
Los principios de la nación incluyen el reconocimiento de los pueblos indígenas y de los nicaragüenses descendientes de africanos, así como el respeto a la dignidad humana y a los valores cristianos.
El Estado no tiene religión oficial (artículo 14). Conforme al artículo 27, todas las personas son iguales ante la ley y el Estado no discriminará por motivos religiosos, entre otros. Por otra parte, la Constitución afirma que «toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni ser obligada a declarar su credo, ideología o creencia» (art. 29).
Entre los distintos grupos sociales, los religiosos, hombres y mujeres, tienen derecho, según el artículo 49, a constituir organizaciones «con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones». Además, «todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza» (artículo 69).
En cuanto a la educación, el artículo 124 estipula que «en Nicaragua es laica»; sin embargo, el Estado «reconoce el derecho de los centros privados de orientación religiosa a impartir religión como materia extracurricular».
Los miembros del clero no pueden ser elegidos presidente, vicepresidente o diputado, salvo que hayan renunciado a su ejercicio al menos doce meses antes de la elección (artículo 134).
Se garantiza a las comunidades indígenas de la Costa Caribe un alto nivel de autonomía para que se desarrollen conforme a sus tradiciones históricas y culturales para garantizar la preservación de «sus culturas y lenguas, religiones y costumbres» (artículo 180).
Nicaragua se hundió en una crisis política y económica en abril de 2018 cuando las «fuerzas de choque» progubernamentales aplastaron una pequeña manifestación contra las reformas del sistema de pensiones de Nicaragua. Desde ese momento, cientos de personas han muerto asesinadas, miles han resultado heridas y más de 100 000 han huido; a medida que aumentaban las protestas que pedían reformas democráticas, el Gobierno ha incrementado los esfuerzos para sofocarlas; esto se ha traducido en un aumento de las denuncias de violaciones de los derechos humanos en este período.
Iglesias, miembros del clero, monjas y fieles ordinarios también han sido objeto de ataques durante el período estudiado en este informe, sobre todo cuando el país estuvo inmerso en esta profunda agitación política y económica.
La gravedad de la crisis llevó a la Iglesia católica y a otras organizaciones a manifestar públicamente su preocupación por la situación y a criticar la política represiva del Gobierno.
El 25 de febrero de 2019, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, viajó a Roma para informar al Santo Padre sobre la «crisis sociopolítica» de Nicaragua.
El 27 de febrero, el cardenal Brenes participó como observador en la primera jornada de las negociaciones entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y el grupo de la oposición Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Al no ser convocados a asistir a las tres reuniones siguientes, los obispos anunciaron en marzo su decisión de no participar más en las negociaciones. El nuncio apostólico Waldemar Stanislaw sí estuvo presente en todas las conversaciones en calidad de «testigo».
En julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la continua represión y las graves restricciones a las libertades públicas, pero no mencionó los ataques a los servicios religiosos perpetrados por grupos progubernamentales y por policía antidisturbios.
En octubre de 2020, los obispos manifestaron su preocupación por las leyes del Gobierno que limitan la libertad de expresión. Una de ellas va a obligar a registrarse ante el Ministerio de Gobernación y a someterse a auditorías económicas a quienes reciban fondos extranjeros, lo que podría tener repercusiones negativas sobre la financiación de las misiones de la Iglesia.
El Parlamento Europeo también aprobó una resolución condenando la ley sobre «agentes extranjeros», el ciberdelito y los delitos de odio que, si se aprueba, provocará más violaciones de los derechos humanos y ofrecerá al Gobierno del presidente Ortega nuevos medios de represión.
En el período estudiado en este informe, las instituciones religiosas y los fieles han sufrido cada vez más agresiones, siendo el objeto de delitos de odio (ataques a las propiedades religiosas y a personas identificadas como religiosas) y actos de intimidación contra quienes expresan su fe o la practican ayudando a las víctimas de la violencia.
En junio de 2018, quemaron vivos a un pastor evangélico y a su familia en su vivienda de Managua en un incendio provocado que se ha atribuido a agentes de policía. En enero de 2019, el Gobierno impidió la procesión católica por la paz que tradicionalmente se realiza el 1 de enero. Lo lograron publicando amenazas en las redes sociales y con la presencia policial desplegada en la ruta que iba a seguir la procesión.
En abril de 2019, los manifestantes aprovecharon las tradicionales procesiones de Semana Santa para protestar contra el Gobierno del presidente Ortega cuando se cumplía un año del inicio del malestar sociopolítico causado por la reforma del Gobierno del sistema de seguridad social. Cuando la policía antidisturbios intentó dispersar a los manifestantes, algunos se refugiaron en la catedral de Managua. El nuncio apostólico medió «entre las autoridades y la oposición para que los manifestantes pudieran salir a salvo de la catedral».
En noviembre de 2019, un grupo de personas inició una huelga de hambre en una iglesia para exigir la liberación de presos políticos. Las autoridades rodearon la iglesia e impidieron que los huelguistas recibieran los servicios básicos como agua y medicinas.
Tras otra huelga de hambre iniciada en la catedral de Managua, la policía rodeó el edificio y permitió la entrada de simpatizantes del Gobierno que agredieron a un cura y una monja que estaban defendiendo a los huelguistas. La Iglesia de Nicaragua condenó la profanación de la catedral.
Se han denunciado una serie de actos de vandalismo y profanaciones de iglesias en el país. Una ONG contabilizó 22 ataques entre diciembre de 2018 y julio de 2020, entre ellos un incidente que se produjo en abril en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced en Managua, y dos en julio, uno contra la parroquia de Nuestro Señor de Veracruz y el otro en la capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En julio, la catedral de Managua volvió a sufrir un ataque, esta vez un atentado terrorista. Un individuo no identificado lanzó una bomba que inició un incendio en el interior del edificio.
En septiembre de 2020, el Gobierno empezó a cancelar visados de sacerdotes extranjeros, aun cuando algunos de ellos llevaban trabajando en el país varios años. Durante ese mismo mes, la parroquia de Cristo Rey sufrió un ataque y también profanaron la capilla de Santo Domingo.
Con la aparición de la COVID-19, el Gobierno no prestó atención a las señales de la pandemia; por ejemplo, los servicios públicos siguieron funcionando con normalidad, lo que permitió la expansión del virus. El vicepresidente animó a acudir a los servicios religiosos durante la Semana Santa; la Conferencia Episcopal, por el contrario, limitó las actividades y tomó medidas para evitar los contagios, como cancelar la tradicional peregrinación cuaresmal al santuario de Jesús del Rescate.
En una situación de profunda crisis sociopolítica bajo la presidencia de Daniel Ortega, un pastor y su familia han sido asesinados, se ha atacado, hostigado y perseguido a miembros del clero, y se han cancelado los visados de algunos sacerdotes extranjeros.
En este ambiente tan delicado, la Iglesia católica ha intentado, sin éxito, mediar entre el Gobierno y la oposición, y posteriormente se ha convertido en objetivo de ataques y represalias por dar refugio a manifestantes que pedían la libertad de los presos políticos.
La Iglesia y las organizaciones internacionales han condenado el ambiente de miedo y violencia, denunciando que se están violando los derechos humanos, incluido el de libertad religiosa. La situación de este derecho fundamental se ha deteriorado claramente en Nicaragua y la perspectiva para el futuro es sombría.
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