Indonesia es el país de mayoría musulmana más grande del mundo pero no es un estado islámico. Su Constitución garantiza la libertad religiosa y el derecho de culto, pero establece ciertas restricciones para proteger los derechos de los demás. La ideología o filosofía oficial del Estado se llama Pancasila (cinco principios). El preámbulo de la Constitución la define como «la creencia en un único Dios justo, en una humanidad civilizada, en la unidad de Indonesia y en la vida democrática guiada por la sabiduría de ideas deliberadas por los representantes del pueblo que conseguirán la justicia social para todo el pueblo de Indonesia». En otras palabras, la Carta Magna Indonesia no impone una religión concreta, sino que obliga a los ciudadanos a creer en una deidad y a proteger los derechos de los practicantes de las seis religiones oficialmente reconocidas: islam, protestantismo, catolicismo, hinduismo, budismo y confucianismo. No están igualmente protegidos los derechos de los practicantes de otras religiones, ni siquiera las creencias tradicionales locales, ni los derechos de los agnósticos y los ateos.
En Indonesia, la sharía (ley islámica) no tiene fuerza de ley a nivel nacional, pero se estima que al menos en 52 de sus 470 distritos y municipios se han introducido unas 78 normas inspiradas en ella. Varias fuentes sostienen que la cifra real es aún mayor, con al menos 151 reglamentos locales inspirados en la sharía en Java, las Célebes, Sumatra y Nusa Tenggara Occidental.
Según el artículo 28E párrafo 1 de la Constitución, «todas las personas serán libres de escoger y practicar la religión de su preferencia». El artículo 28E párrafo 2 enfatiza que «todas las personas tienen derecho a la libertad de creer en la fe de su preferencia (kepercayaan) y a expresar sus ideas y pensamientos de acuerdo con su conciencia». El artículo 29, párrafo 2, reitera que «el Estado garantiza a todas las personas la libertad de culto, a cada uno según su propia religión o creencia».
El Código Penal de Indonesia penaliza la blasfemia, la herejía y la difamación religiosa. Específicamente, el artículo 156 impone penas de hasta cuatro años de prisión para cualquiera que «exprese públicamente sentimientos de hostilidad, odio o desprecio contra uno o más grupos de población de Indonesia», entendiendo por grupos «la raza, el lugar de procedencia, la religión, el origen, la ascendencia, la nacionalidad o la condición constitucional». El artículo 156A impone penas de hasta cinco años de prisión a quienes «insulten u ofendan a una religión que tenga fieles en Indonesia».
En 1965, el presidente Sukarno firmó el Decreto Presidencial n.º 1/PNPS/1965 sobre la Prevención de la Blasfemia y los Insultos a las Religiones, conocido popularmente como «ley antiblasfemia». El artículo 1 de este decreto, que empezó a aplicar el sucesor de Sukarno, el presidente Suharto (en el poder desde 1967 hasta 1998), prohíbe cualquier «interpretación desviada» de las enseñanzas religiosas y ordena al presidente a disolver cualquier organización que practique este tipo de enseñanzas «desviadas».
En 1969, el Ministerio de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Asuntos Internos emitieron un decreto ministerial conjunto que regula la construcción de los lugares de culto. En 2004, el presidente Susilo Bambang Yudhoyono ordenó al Ministerio de Asuntos Religiosos que revisara el decreto de 1969; esto dio lugar a la Normativa Conjunta del Ministerio de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Asuntos Internos n.º 8 y 9/2006 sobre Directrices para los Presidentes y Diputados Regionales para el Mantenimiento de la Armonía Religiosa, el Empoderamiento de los Foros de Armonía Religiosa y la Construcción de Templos para el Culto. Según estas disposiciones, la construcción de los lugares de culto requiere el apoyo de la población local, los nombres y documentos de identidad de al menos noventa miembros de la congregación del nuevo lugar de adoración, aprobados por las autoridades locales, y cartas de apoyo de al menos otros sesenta miembros de la comunidad local, respaldados por el jefe del pueblo. Además, la solicitud debe recibir una recomendación escrita de la oficina local del Ministerio de Asuntos Religiosos y otra del Foro de Armonía Religiosa del distrito o la ciudad en cuestión. Una vez se tenga toda la documentación, se envía la solicitud al alcalde, que tendrá entonces 90 días para aceptar la construcción del nuevo templo o no.
La normativa exige también que las autoridades locales creen el Foro de Armonía Religiosa antes mencionado, compuesto por los líderes religiosos locales de manera proporcional según el tamaño de sus comunidades. Esto supone, en la práctica, que dicho organismo estará dominado por musulmanes o cristianos dependiendo de quien tenga superioridad numérica en la zona.
Durante muchos años también han estado vigentes leyes para grupos religiosos concretos. El 9 de junio de 2008, el Gobierno anunció un Decreto Conjunto del Ministerio de Asuntos Religiosos, el Fiscal General y el Ministro de Asuntos Internos sobre «Advertencia e Instrucción a los Discípulos y/o Miembros de la Junta Organizadora de la Comunidad Ahmadía (Yemaat Ahmadiyah) de Indonesia (JAI) y Miembros de la Sociedad». Aunque no llega a prohibir esta rama del islam, el Decreto Conjunto ordena a todos los ahmadíes que «dejen de difundir las interpretaciones y actividades que se desvían de las enseñanzas [y] principios del islam, es decir, la difusión de las creencias que reconocen a un profeta, con toda su enseñanza, posterior al profeta Mahoma».
En agosto de 2008, el Secretario General del Ministerio de Asuntos Religiosos, el Fiscal General Adjunto del Servicio de Inteligencia y el Director General de Unidad Nacional y Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Internos publicaron una circular conjunta sobre «Directrices para la Aplicación del Decreto Conjunto». En ella se especifica que el decreto conjunto solo se aplica a los ahmadíes que «se dicen musulmanes» mientras que «aquellos que no se consideren musulmanes están exentos del fin de este apercibimiento y orden».
Cualquier violación de estas disposiciones será considerada delito de insultos a la religión y difamación religiosa, tal como se establece en el artículo 1 (que, como decíamos, prohíbe «interpretaciones desviadas» de la religión y enseñanzas «desviadas») y en el artículo 3 del Decreto Presidencial nº 1/PNPS/1965 sobre Prevención de la Blasfemia y los Insultos a las Religiones, así como en el artículo 156 (a) del Código Penal del país. Las infracciones conllevan penas de hasta cinco años de prisión.
Además de las leyes antiblasfemia, de las normas sobre la construcción de lugares de culto y las directrices en contra de la Ahmadiya, en las dos últimas décadas se han promulgado cientos de reglamentos, leyes y normativas a nivel local y regional que restringen la práctica religiosa.
En los últimos años, el Pew Forum ha clasificado a Indonesia como uno de los países entre las 25 naciones más pobladas del mundo que presenta niveles más altos de restricción de la libertad religiosa; para esta clasificación se ha tenido en cuenta tanto la legislación gubernamental como la hostilidad social del país.
La Dra. Musdah Mulia, presidenta de la Conferencia sobre Religiones y Paz de Indonesia, afirma que hay al menos 147 «leyes y políticas públicas discriminatorias relacionadas con la religión» y cree que «mientras se permita que se mantengan estas leyes, siempre habrá una alta probabilidad de que se produzca violencia en la sociedad. Son necesarias iniciativas dirigidas a reformar las leyes y también a elaborar otras nuevas que se adapten mejor a los principios de los derechos humanos, a los principios de la democracia, a la tolerancia y el pluralismo». Algunas de estas regulaciones simplemente refuerzan la legislación nacional, pero otras introducen nuevas restricciones.
En los últimos años, la tradición de pluralismo y la reputación de tolerancia religiosa de Indonesia se han visto cada vez más amenazadas. En su último informe anual (2020), la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) observaba que «en 2019, las condiciones de la libertad religiosa en Indonesia mostraron en general una tendencia negativa en comparación con el año anterior», observación que ya se había evidenciado en informes anteriores. El periódico Jakarta Post denunció en un editorial que «Indonesia sufre una profunda crisis de intolerancia. Muchos insisten en que son grupos marginales los que protestan por la construcción de un templo o iglesia. Pero si están al margen, ¿por qué se les permite, una y otra vez, impedir que la gente celebre su culto en un país que se basa en la aceptación de la diversidad? … Se necesitan signos totalmente claros por parte de la dirección nacional que muestren de forma inequívoca qué hay que hacer para mejorar el proyecto nacional de Indonesia».
El 17 de abril de 2019, 190 millones de indonesios votaron en las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales. Si bien las elecciones fueron en gran parte «tranquilas, pacíficas y ordenadas», según Solidaridad Cristiana Mundial (CSW), «la campaña en sí presentó la religión, la intolerancia religiosa y las políticas de identidad como temas mucho más importantes que en cualquier campaña anterior, y amenazó con desgarrar más aún la tradición de pluralismo religioso que enorgullece a Indonesia».
Una serie de sucesos acaecidos en los últimos años ilustran estas preocupaciones. En 2019, tres mujeres fueron a juicio por blasfemia, dos de ellas con enfermedades mentales diagnosticadas; otra mujer fue juzgada por comentarios en las redes sociales. El 30 de junio de 2019, detuvieron, y posteriormente juzgaron, a una mujer católica, Suzethe Margaret, diagnosticada de esquizofrenia paranoide, por entrar en una mezquita con su perro. El 5 de febrero de 2020, el Tribunal del Distrito de Cibinong, en Java Oriental, la absolvió atendiendo a su discapacidad mental. Sin embargo, en abril de 2019, el Tribunal Supremo rechazó la apelación de Meliana, una mujer budista condenada por blasfemia en 2018 por pedir a la mezquita local que bajara el volumen de sus altavoces. Un mes después la pusieron en libertad condicional.
Los lugares de culto siguen siendo objeto de amenazas y presiones. El instituto Setara documentó 202 casos de vulneración de la libertad religiosa en 2018, superando los 151 de 2017; de estos, 72 los cometió el Gobierno. La Fundación Wahid llegó a unos resultados similares: de 265 casos de violaciones de la libertad religiosa en 2017 se pasó a 276 en 2018, de los cuales 130 fueron cometidos por el Gobierno.
En marzo de 2019, la Iglesia Betel de Indonesia (Gereja Bethel Indonesia) de Birobuli del Sur, en Célebes Central, tuvo que cerrar debido a la oposición de la comunidad local. Un mes después, una familia católica tuvo que abandonar Karet, un pueblo del distrito de Bantul (Yogyakarta), porque los habitantes musulmanes reclamaron normas locales que impidiera residir allí a no musulmanes.
En mayo de 2019, hubo protestas de grupos islamistas extremistas contra el proyecto de construir un templo hindú en Bekasi, Java Occidental y «se dice que amenazaron con la yihad». En julio de 2019, las autoridades del distrito de Bantul, Yogyakarta, retiraron un permiso otorgado a una Iglesia pentecostal ante las manifestaciones y amenazas de violencia de algunos intransigentes. En una disputa que continúa desde 2008, la iglesia GKI Yasmin de Bogor, Java Occidental, aún no ha recibido permiso para volver a abrir, a pesar de contar con las garantías de las autoridades locales y un fallo a su favor del Tribunal Supremo.
En agosto de 2019, la policía local obligó a la Iglesia pentecostal Efata de Sari Agung Hamlet, en la regencia de Indragiri Hilir, en Riau, a suspender sus actividades de culto.
Otras comunidades religiosas, concretamente chiíes y ahmadíes, también se enfrentan a una constante discriminación y presión. Por ejemplo, una circular gubernamental del municipio de Makassar, en Célebes Meridional, publicada en septiembre de 2019, avisaba a sus habitantes de que «no se dejasen influir por la ideología chií y sus enseñanzas». Se dice que la carta también pedía que se evitara la difusión del chiismo, calificándolo de «enseñanza desviada».
Ese mismo mes, el regente de Gowa, en Célebes Meridional, publicó un decreto por el que disolvía la Tarekat Taj Al-Khalwaty Syech Yusuf, comunidad religiosa sufí con alrededor de 10 000 seguidores. El Consejo de Ulemas Indonesio (Majelis Ulama Indonesia-MUI) había publicado en 2016 una fetua en contra del grupo, acusándolos de herejía. En noviembre de 2019, arrestaron al líder del grupo, Puang Lalang, acusado de fraude económico, malversación y blasfemia por cobrar a los miembros una tarifa de 50 000 rupias indonesias (4 dólares estadounidenses).
Mientras, el Ministerio de Asuntos Religiosos de Indonesia (MORA) sigue denunciando las enseñanzas y grupos «desviados», sobre todo a los ahmadíes, intentando que se conviertan a la corriente principal del islam suní.
A finales de 2018, el Fiscal General de Yakarta lanzó una aplicación para el teléfono móvil que brinda a los ciudadanos la posibilidad de denunciar prácticas religiosas «desviadas», «lo que suscitó el pánico entre las minorías religiosas de Indonesia y subraya los riesgos de acceder a la presión de los intransigentes y otros grupos intolerantes».
Aunque en muchos lugares del país hay legislación inspirada en la sharía, Aceh es la única provincia que la ha implementado en su totalidad, respaldada por una policía religiosa que hace cumplir las normas, entre ellas los castigos corporales. En junio de 2019, una pareja, ambos de 18 años, recibieron 17 latigazos por abrazarse en público. En otro caso, azotaron a un hombre por «tener intimidad con una mujer en una tienda de comestibles». En diciembre de 2019, en dos casos distintos, un hombre y una mujer fueron condenados por adulterio y los golpearon con un bastón hasta dejarlos inconscientes.
Como aspecto positivo, se observan algunas tendencias contrarias. A pesar de la retórica religiosa de conflicto de las elecciones nacionales de abril de 2019, la mayor parte de los votantes atendió al mensaje de tolerancia religiosa del presidente en funciones Joko «Jokowi» Widodo, en lugar de al de su rival islamista. Con la reelección del presidente Widodo, la coalición proislamista se debilitó considerablemente y a finales de 2019 ya había perdido impulso. Además, después de las elecciones de 2019, el Ministerio de Asuntos Religiosos empezó a implementar un ambicioso programa a nivel nacional para promover la moderación y la tolerancia religiosas.
Es alentador que Indonesia también haya sido testigo de algunos avances importantes en otros frentes durante el período que se estudia en este informe. Numerosos grupos interreligiosos de base han emprendido iniciativas a favor de la armonía religiosa. El Gobierno ha seguido aplicando y haciendo cumplir una sentencia de 2017 del Tribunal Constitucional muy bien recibida que extiende la protección a tradiciones espirituales no reconocidas de las regiones indígenas y les brinda financiación pública. Quizás lo más importante es que el ala espiritual de Nahdlatul Ulama (NU), el mayor movimiento de la sociedad civil de Indonesia y la organización musulmana más grande del mundo con unos 90 millones de seguidores, está llevando a cabo una agresiva campaña nacional y mundial para recontextualizar los elementos de la ortodoxia islámica que ha alimentado el extremismo yihadista y la intolerancia religiosa contra los no musulmanes. Un paso significativo en esta dirección fue la decisión oficial de la NU, adoptada en una reunión con unos 20 000 expertos religiosos musulmanes entre febrero y marzo de 2019, de abolir la categoría legal de «infieles» (aquellos que no se adhieren al islam) y reconocer que todos los ciudadanos, independientemente de la religión, la etnia o el credo, tienen los mismos derechos. A finales de octubre de 2020, GP Ansor, el ala juvenil de la UN que cuenta con cinco millones de miembros, organizó un acto en Yakarta en el que apoyó abiertamente el compromiso público del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con la libertad religiosa y los derechos humanos inalienables.
En la actualidad, Indonesia se encuentra en una encrucijada. A pesar de las alentadoras iniciativas de algunos grupos de la sociedad civil, líderes religiosos y funcionarios públicos para contrarrestar el aumento de la intolerancia y defender la libertad de religión, la larga tradición de pluralismo y armonía religiosa de Indonesia se ve cada vez más amenazada. Si no se fortalecen las iniciativas en favor del diálogo y el entendimiento entre religiones y no se protege el derecho de todos a la libertad religiosa o de creencias, se podría erosionar aún más el pluralismo de Indonesia y socavar los derechos de los ciudadanos. Ante esta situación, las perspectivas para la libertad de religión en esta nación asiática parecen inciertas.
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