La Constitución de la India garantiza la libertad religiosa, y el país tiene una forma propia de laicismo que se basa en tratar a las tradiciones religiosas por igual. Sin embargo, la influencia del laicismo indio está en declive desde que en 2014 llegaron al poder el primer ministro Narendra Modi y su Partido Bharatiya Janata (BJP).
A pesar de que las tensiones religiosas han constituido un importante problema en la India —situación que se remonta al movimiento independentista y la partición de 1947, que llevó a la creación de las naciones independientes de la India y Pakistán—, la influencia política, social y cultural de los grupos hindúes nacionalistas, conocidos en conjunto como Sangh Parivar (organizaciones o asociaciones de familia), como la Rashtriya Swayamsevak Sangh (Organización Nacional de Voluntarios, RSS), han aumentado enormemente desde la elección de Modi. Los miembros de varias organizaciones Sangh Parivar ocupan ahora altos cargos en el Gobierno, las fuerzas armadas y el ámbito académico.
Conforme a la Constitución de la República de la India, la libertad religiosa está garantizada por el artículo 25, que dispone que «todas las personas tienen el mismo derecho a la libertad de conciencia y el derecho a profesar, practicar y difundir libremente su religión». En cumplimiento del artículo 27, no se puede obligar a nadie a pagar impuestos destinados a fomentar o financiar una confesión religiosa concreta. La Constitución dedica una cláusula específica, el artículo 26, a salvaguardar la libertad de «todas las confesiones religiosas» de «establecer y mantener instituciones con fines religiosos o caritativos» y «gestionar sus propios asuntos religiosos». Además, el artículo 30 defiende el derecho de las minorías, incluidas las minorías religiosas, a fundar y administrar sus propias instituciones educativas.
A pesar del estatus oficialmente laico de la India, varios gobiernos, tanto a nivel federal como estatal, han promulgado leyes que restringen la libertad religiosa individual y de los grupos. Uno de los ámbitos en el que las restricciones gubernamentales y administrativas a la libertad de las instituciones religiosas se ha endurecido de forma más significativa en los últimos años es el de la financiación extranjera de los grupos religiosos, en concreto a través de la Ley de Regulación de Moneda Extranjera (FCRA).
Desde 2014, las autoridades indias han congelado cada vez con más frecuencia las cuentas bancarias de diferentes organizaciones mediante la Ley de Regulación de Moneda Extranjera de 2010 para evitar que accedan a una financiación que les permita llevar a cabo sus actividades. Muchos activistas consideran que el Gobierno actual utiliza esta ley de 2010 de forma selectiva contra organizaciones no gubernamentales vinculadas a comunidades religiosas de las minorías, por ejemplo, cerrando organizaciones cristianas humanitarias y de desarrollo. Las normativas vigentes basadas en el Código Penal de la India permiten al Gobierno tratar a las ONG religiosas con mayor —e injusta— severidad.
En 2020 el Gobierno central aprovechó las normas de la FCRA para ampliar su control sobre los grupos de la sociedad civil; en concreto, el Ministro de Asuntos Internos (MHA) revocó las licencias de moneda extranjera de cuatro organizaciones protestantes y un instituto católico, la Sociedad de Desarrollo Tribal Don Bosco. Esta sociedad, fundada por los salesianos en 1976, atiende a las comunidades tribales y a otros grupos marginados en Tamil Nadu. Al perder la licencia de moneda extranjera, ya no podrá recibir donaciones de fuentes extranjeras, tampoco de instituciones católicas oficialmente reconocidas, para continuar su misión. Como en otros casos, el Ministerio de Asuntos Internos, aplicando la FCRA, puede rechazar la solicitud de una organización si se considera que el beneficiario podría estar dedicándose a causar tensiones o desacuerdos en la comunidad. Desde 2017, el Gobierno de la India ha cancelado alrededor de 6600 licencias de moneda extranjera, incluidas 900 licencias de instituciones religiosas.
Está generalizada la aversión social al consumo de carne y al sacrificio de las vacas, a causa de la veneración tradicional de este animal por parte de hindúes, jainas y budistas. Desde hace siglos, la protección a las vacas es una cuestión importante y, en ocasiones, controvertida; actualmente, alrededor de dos tercios de los estados indios tienen leyes que regulan, circunscriben o prohíben el sacrificio de vacas. Más aún, el Tribunal Supremo de la India ha apoyado la constitucionalidad de estas leyes. La defensa de las prohibiciones legales contra el sacrificio de las vacas ha sido una característica especial de los grupos sociales y políticos que promueven el hinduismo, como los grupos nacionalistas hindúes, entre ellos el partido actualmente en el poder, el Bharatiya Janata (BJP).
Otra forma concreta que tiene el BJP de aumentar las restricciones sociales a la libertad religiosa es a través de la legislación anticonversión. Varios estados han aprobado Leyes de Libertad Religiosa (o, como las llaman sus detractores, «leyes anticonversión»). Se trata de normas de nivel estatal elaboradas para regular las conversiones religiosas logradas supuestamente con medios «forzosos» y «fraudulentos», entre ellos la «inducción» y la «tentación».
La estructura y contenidos básicos de estas leyes varían muy poco entre estados, ya que las leyes más nuevas tienden a seguir los modelos ya establecidos en las normas de otros estados. Odisha fue el primer estado de la India en aprobar las Leyes de Libertad Religiosa (1967), seguida por Madhya Pradesh (1968), Arunachal Pradesh (1978, aunque todavía tiene que establecer sus normas), Chhattisgarh (2000), Tamil Nadu (2002, derogada dos años después), Guyarat (2003), Rajastán (2006, pero aún no la ha firmado el gobernador del estado), Himachal Pradesh (2006, derogada en 2019 y reemplazada poco después por una nueva ley), Jharkhand (2017) y Uttarakhand (2018).
En agosto de 2019, la asamblea legislativa del estado de Himachal Pradesh aprobó por unanimidad la Ley de Libertad Religiosa de 2019 que propone «severas sanciones (de hasta siete años de prisión, frente a los tres años establecidos en la ley vigente)» a los condenados por forzar a la conversión religiosa. En junio de 2020, el jefe de Gobierno del estado septentrional de Haryana afirmaba que su estado implementaría un proyecto de ley para prevenir las «conversiones forzosas». Si se aprueba este proyecto de ley, Haryana será el noveno estado de la India en tener una ley anticonversión.
La intención lesiva de estas leyes se hace evidente por el hecho de que nunca se han usado para investigar o perseguir a los hindúes, incluso en aquellas situaciones en las que se ha acusado a miembros de la mayoría de ofrecer incentivos económicos explícitos para la conversión al hinduismo.
Estas leyes sitúan a los credos minoritarios en una situación de desventaja. Esto quedó patente en 2015 cuando el Tribunal Supremo decidió que una persona que se «había reconvertido» del cristianismo al hinduismo tenía derecho a ciertos beneficios (de los que los cristianos están excluidos normalmente) si los antepasados del converso pertenecían a una de las castas registradas y la comunidad vuelve a aceptar al converso tras su «reconversión».
Dado que las leyes anticonversión se suelen aprobar a petición de los grupos nacionalistas hindúes, que temen que el carácter hindú de la India esté amenazado por el crecimiento de religiones que compiten con ellos, las leyes se dirigen de manera desproporcionada contra las minorías religiosas en los estados donde residen. Los musulmanes y los cristianos se ven especialmente afectados y abrumados, porque ambas tradiciones religiosas se dedican a la actividad misionera. Estas prohibiciones se convierten en una oportunidad para que los funcionarios locales y las organizaciones supremacistas hindúes hostiguen e intimiden a los miembros de las comunidades minoritarias.
El riesgo que afrontan los musulmanes en la India ha ido aumentando desde que el líder hindú nacionalista, Narendra Modi, obtuviera una victoria aplastante en su reelección en abril-mayo de 2019. En cinco meses, el Gobierno central de la India, dominado por el BJP, tomó dos decisiones importantes en relación con los derechos de la comunidad minoritaria musulmana de la India. En agosto, despojó de su autonomía especial, consagrada por el artículo 370 de la Constitución, al estado de mayoría musulmana Jammu y Cachemira, y en el proceso encarceló a decenas de líderes políticos y de la sociedad civil, sin causa ni juicio, y sometió a todo el estado al cierre de internet durante meses. En diciembre, el Parlamento indio aprobó la Ley de Enmienda de Ciudadanía que excluye expresamente a los musulmanes de una serie de países vecinos de la posibilidad de solicitar el estatus de refugiado y ciudadanía por motivos de persecución religiosa.
El Código Penal de la India incluye normas antiblasfemia. La sección 295 A penaliza la ofensa a la religión o a las creencias religiosas de cualquier clase de ciudadanos, si este ultraje se ha realizado con la intención «deliberada y maliciosa» de «ofender los sentimientos religiosos». Esta ley se aplica de vez en cuando contra cristianos (indios y extranjeros) que supuestamente critican el hinduismo en el curso de su labor evangelizadora.
La comunidad cristiana de la India sigue afrontando violencia y delitos de odio dirigidos específicamente contra ella. Solo en 2019 la Comisión de Libertad Religiosa registró 366 incidentes de agresión, intimidación o acoso a cristianos en todo el país.
Es frecuente que los extremistas hindúes ataquen los lugares de culto cristianos con el apoyo de las autoridades gubernamentales locales. La policía y las fuerzas del orden o bien restan importancia a las agresiones, o bien miran para otro lado. El 21 de julio de 2020, en Odisha, al este de la India, escenario del pogromo anticristiano de 2008, los cristianos recibieron amenazas porque supuestamente habían perturbado la paz de un pueblo de la zona al realizar sus servicios de adoración. En ese mismo estado se produjo otro ataque cuando un grupo de vecinos del pueblo asaltó y prendió fuego a un edificio que se estaba usando de forma temporal como iglesia; en el interior 40 personas asistían a un servicio religioso. La turba encolerizada agredió a continuación a los miembros de la comunidad que iban saliendo del edificio. No se han producido arrestos hasta hoy, aunque se presentó inmediatamente una denuncia en la comisaría local. El juez de ejecución de sanciones del tribunal de distrito de la zona, cuando vio la causa de violencia del pueblo, aplicó la sección 107 del Código Procesal Penal para evitar que nadie «perturbe la paz», apuntando que los sucesos acaecidos en la iglesia hacían que fuera «arriesgado seguir celebrando reuniones de culto», e impidiendo efectivamente que se llevara a cabo cualquier actividad religiosa en la localidad.
El cristianismo en la India ha crecido entre muchos grupos distintos, sobre todo entre las comunidades tribales de la India rural. Uno de estos grupos de tribales convertidos al cristianismo son los dangs del estado de Guyarat. Alarmados ante el número creciente de tribales convertidos al cristianismo, los hindúes extremistas empezaron a planificar campañas para «reconvertir» al hinduismo a los cristianos tribales, como los dangs. En enero de 2020, extremistas hindúes reconvirtieron al hinduismo a 144 dangs en el pueblo de Bhogadiya. Al hablar de los grupos hindúes de extrema derecha que afirman haber conseguido reconvertir a los cristianos, el padre Cedrc Prakash, jesuita que reside en Ahmedabad, capital del estado de Guyarat, declaraba que, aunque los hindúes extremistas pretendan difundir rumores sobre el éxito del regreso de cientos de cristianos al hinduismo, «quienes pertenecemos a la Iglesia católica estamos convencidos de que la fe de las personas es inquebrantable».
Los cristianos conversos que se niegan a regresar al hinduismo sufren con frecuencia una violencia inenarrable, que llega a la tortura e incluso a la muerte. En el estado de Chhattisgarh, en el pueblo de Gadada, las autoridades ordenaron a unas familias abjurar de su fe si no querían sufrir graves consecuencias. Los conversos se opusieron a negar a Cristo por lo que fueron apaleados. Después de la agresión, un grupo hindú radical volvió al pueblo a celebrar una ceremonia de «reconversión» con otras dos familias cristianas. Las agresiones a los cristianos también han aumentado en las regiones de Bastar y Kondagaon, en Chhattisgarh, porque los conversos se niegan a cumplir las órdenes de los jefes del pueblo de renunciar públicamente a su fe.
En varios estados, en los últimos años se han incrementado los ataques contra musulmanes y cristianos en aras de la protección de las vacas. Según el informe de Human Rights Watch, entre marzo y diciembre de 2018 44 individuos fueron asesinados por este motivo.
Estos ataques de los vigilantes de vacas tienen como principal objetivo a los musulmanes y dalits (antiguamente llamados marginados o parias), además de hostigar a las comunidades cristianas indígenas de las zonas rurales, cuya forma de vida está vinculada a la agricultura y la ganadería.
El 31 de julio de 2020, una multitud de vigilantes de vacas atacó a un musulmán de 25 años que llevaba carne de búfalo (no de vaca) al mercado. Le dejaron toda la cara amoratada y el cráneo roto mientras la policía local permanecía indiferente ante el desarrollo de la violencia. La víctima presentó una denuncia en la comisaría de la localidad, pero nadie ha sido arrestado.
En el estado de Jharkhand, al oeste de la India, un grupo de 60 extremistas hindúes llegó al pueblo de Bherukhudar el 26 de septiembre de 2020 para atacar a un grupo de indígenas cristianos. Los asaltantes acusaban a los cristianos de sacrificar vacas para vender su carne en el mercado local. Además, el grupo hindú pretendía obligar a los cristianos a entonar el «Jai Shri Ram» (salve al Señor Rama). Como los habitantes del pueblo se negaron, les lanzaron zapatos y les afeitaron parcialmente la cabeza para ridiculizarlos e insultarlos delante de otros miembros de la comunidad.
Muchos extremistas hindúes utilizan el «Jai Shri Ram» como grito de guerra al atacar a los vecinos cristianos que supuestamente se dedican al sacrificio de vacas. La consigna, que es un saludo típico entre hindúes tradicionales, también precedió a varios ataques contra jóvenes musulmanes a los que turbas de extremistas hindúes enfurecidos obligaron a entonar el eslogan. En julio de 2019, en las redes sociales se hizo viral un vídeo en el que se veía cómo en Jharkhand una multitud daba una paliza a Tabrez Ansari, un joven musulmán de 24 años, al que tenían atado a un poste y que, obedeciendo a sus agresores, repetía el eslogan. El joven murió cuatro días después en custodia policial a consecuencia de las heridas de la paliza. En septiembre de 2020, un grupo de hindúes mató a otro musulmán al que mandaron recitar el «Jai Shri Ram. La víctima, Aftab Alam, taxista musulmán, se topó con una banda de extremistas hindúes y, temiendo por su vida, empezó a grabar el encuentro con ellos en su teléfono móvil. Más tarde su hijo fue a buscar el teléfono con la grabación y lo encontró tirado en la cuneta en Noida, una ciudad cercana a Nueva Delhi. Finalmente, el cuerpo sin vida de Aftab apareció en su taxi. Cuando su hijo intentó poner una denuncia como delito de odio en la comisaría de la zona, la policía negó todos los extremos salvo que se había tratado de un robo.
En diciembre de 2019, las dos cámaras del Parlamento de la India aprobaron la polémica Ley de Enmienda de Ciudadanía, que desató la violencia y disturbios generalizados en Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Assam y varios campus universitarios. En febrero de 2020, al menos 27 personas fueron asesinadas y más de 200 resultaron heridas al noreste de Delhi en enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Esta ley ha suscitado fuertes críticas entre académicos y activistas, tanto nacionales como internacionales, porque hace de la religión el único criterio para conceder la ciudadanía a los inmigrantes irregulares y refugiados procedentes de los países vecinos.
Finalmente, la India ha visto un incremento en el número de agresiones contra sacerdotes y miembros del clero. En noviembre de 2018, atacaron al padre Vineet Pereira cuando se dirigía en su coche a celebrar un servicio de oración en Ghohana, ciudad situada en el estado septentrional de Uttar Pradesh. Unos meses después, en febrero de 2019, en el estado de Tamil Nadu, un grupo de extremistas hindúes irrumpió en el colegio católico de enseñanza secundaria Little Flower (Florecilla) y agredió a las hermanas franciscanas del Inmaculado Corazón de María que dirigen el centro. El 8 de octubre de 2020 se produjo otro ataque cuando el padre jesuita Stan Swamy, de 83 años, fue arrestado por la Agencia Nacional de Investigación por protestar contra el maltrato recibido por la comunidad tribal del estado indio de Jharkhand. El padre Swamy, acusado de infringir la ley de prevención de actividades ilegales, es la persona más anciana acusada de presuntas actividades terroristas de la India. Sin embargo, la mayor parte de las personas que lo conocen, incluidos altos cargos de la Iglesia católica, describen al padre Swamy como un «hombre de hablar sosegado, un activista de perfil bajo» que ha dedicado toda su vida a «mejorar la existencia de los pueblos tribales desde que llego a Jharkhand en 1991».
Aunque la India podría presentarse como una democracia multirreligiosa con una rica historia de diversidad y pluralismo religioso, actualmente se la conoce, tristemente, por ser uno de los países que figuran en una lista de vigilancia mundial por vulnerar las libertades religiosas básicas de sus ciudadanos. Es profundamente preocupante el creciente nivel de restricciones que pesan sobre los cristianos y otras minorías religiosas, lo cual se une a la violencia por motivos religiosos, a la impunidad, a la intimidación y a las crecientes restricciones a la libertad de los individuos para practicar la religión que elijan.
En 2020, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) recomendó al Departamento de Estado de Estados Unidos considerar a la India como «país de especial preocupación». Es la primera vez que la India entra en esta categoría desde 2004. Además, este organismo dedicado a la libertad de religión recomendó «sanciones específicas para los organismos gubernamentales y funcionarios del Estado responsables de las graves violaciones de los derechos religiosos».
La actual pandemia de la COVID-19 ha aumentado el hostigamiento y la violencia contra la comunidad musulmana de la India. Se han producido casos de miembros de las minorías religiosas a los que se les ha negado la admisión en hospitales para tratarles y de autoridades que han obligado a los musulmanes a guardar cuarentena de forma arbitraria. Por lo tanto, las perspectivas para la libertad religiosa parecen sombrías.
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