La Constitución actual de Filipinas, que entró en vigor en 1987, garantiza el libre ejercicio de la religión y asegura la separación entre la Iglesia y el Estado. En el artículo 3 («Declaración de Derechos»), sección 5, la Carta Magna dispone que «no podrá dictarse ley alguna que establezca una religión o que prohíba el libre ejercicio de esta. Se reconoce para siempre el libre ejercicio y disfrute de toda profesión y culto religiosos, sin discriminación ni preferencia». El preámbulo de la Constitución especifica que esta ha sido promulgada por «el pueblo filipino soberano» que «impetra la ayuda de Dios Todopoderoso».
Después de que España cediera Filipinas a Estados Unidos en 1898, se adoptaron muchas ideas y prácticas culturales, incluido el sistema americano de separación entre la iglesia y el Estado. Según el artículo 2 («Declaración de principios y principios de las políticas de Estado»), sección 6, «la separación entre la Iglesia y el Estado será inviolable».
Conforme a la Constitución de Filipinas, los grupos religiosos tienen que registrarse para que se les garantice la exención de impuestos. Tienen el mismo estatus las instituciones relacionadas con actividades «religiosas, benéficas y educativas» (artículo 6, sección 28). Más específicamente, estas pueden ser «instituciones benéficas, iglesias y casas parroquiales o conventos adjuntos a ellas, mezquitas, cementerios sin ánimo de lucro y todas las tierras» usadas exclusivamente por dichos grupos.
El cristianismo siempre ha ejercido una fuerte influencia en la cultura de Filipinas desde 1500, cuando los españoles comenzaron la colonización del archipiélago. A pesar de la separación constitucional entre Iglesia y Estado, la Iglesia católica conserva una posición de influencia en las políticas nacionales. Por ejemplo, la Iglesia católica es la que desarrolla desde hace tiempo el sistema educativo del país. La influencia de la Iglesia ha quedado reflejada en que el Gobierno permite la formación religiosa en la escuela pública con un consentimiento por escrito de los padres o tutores legales del alumno. El artículo 14, sección 3, establece lo siguiente: «Conforme a la elección expresada por escrito de los padres o tutores, se permite enseñar religión a sus hijos o tutelados en los colegios públicos de enseñanza primaria y secundaria dentro de las horas lectivas normales».
Filipinas, país predominantemente cristiano, cuenta con una pequeña pero significativa minoría musulmana, concentrada especialmente en la gran isla meridional de Mindanao. La mayor parte de los musulmanes de Mindanao son suníes, mientras que una minoría más pequeña de musulmanes chiíes vive en la provincia de Lanao del Sur, en el centro de Mindanao, y en Zamboanga del Sur, en el extremo occidental de la isla. La integración de la minoría musulmana sigue constituyendo un importante problema político nacional sin resolver. En Mindanao, los seguidores del islam (llamados moros) conforman la mayoría de la población. A pesar de que la Constitución (artículo 10, sección 1) prometía el establecimiento del «Mindanao musulmán» como «región autónoma», desde 1969 no ha cesado el conflicto violento entre el Gobierno filipino y los rebeldes musulmanes.
Después de los tratados de paz firmados en 2018 entre el Gobierno de Filipinas y el Frente Islámico de Liberación Mora, el presidente Duterte rubricó la propuesta de la Ley Orgánica Bangsamoro. Ratificada en 2019, esta proposición de ley abolió formalmente la región autónoma en el Mindanao musulmán. La nueva ley otorgó más autonomía a la población mayoritariamente musulmana de la zona y un territorio algo más grande. Según el presidente Duterte, «el éxito de la ratificación de esta ley orgánica nos permite crear un ambiente que conducirá a una convivencia pacífica entre musulmanes, cristianos… y todas las tribus… que consideran que Mindanao es su hogar». Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de paz, la violencia ha continuado en Mindanao porque los grupos terroristas a los que se ha excluido de las negociaciones gubernamentales se han dedicado a realizar atentados generalizados, sometiendo a las comunidades religiosas minoritarias a una terrible violencia y al desplazamiento.
El Gobierno reconoce y autoriza que los tribunales de sharía funcionen en Mindanao. Según el Decreto Presidencial 1083, el Código de Leyes Personales Musulmanas de Filipinas, se puede nombrar juez de un tribunal de circuito de la sharía a un miembro del Colegio de Abogados de Sharía seleccionado de una corta lista de candidatos que el Consejo del Colegio de Abogados presenta al presidente. Para que los musulmanes que viven en otras áreas del país puedan iniciar procedimientos en un tribunal de sharía, tienen que acudir a los distritos de Mindanao con tribunales de sharía reconocidos. Los tribunales de sharía solo tienen autoridad en cuestiones de costumbres musulmanas y leyes personales. Su jurisdicción se limita a los musulmanes y no tienen autoridad sobre temas penales. Es más, juzgan bajo la supervisión administrativa del Tribunal Supremo de Filipinas. Con la ratificación de la Ley Orgánica Bangsamoro, se formó un Tribunal Superior de sharía, con jurisdicción sobre la población musulmana de la región.
El Código Penal revisado, que sigue en vigor desde los años 30, tipifica como delitos una serie de actos cometidos en el contexto del culto religioso. El artículo 133 prohíbe los «actos notoriamente ofensivos para los sentimientos de los fieles» en lugares de culto religioso o «durante la celebración de cualquier ceremonia religiosa». El artículo 132 penaliza la obstaculización o perturbación de un servicio religioso realizada por un funcionario del Estado.
En 2019 murió Carlos Celdran, el primer y único filipino condenado conforme al artículo 133 y, con su muerte, se cerró su caso. En 2010, Celdran, artista y guía turístico, entró en una celebración religiosa en la catedral católica de Manila y sostuvo en alto un letrero con la palabra «Dámaso», en referencia a un personaje malvado de la famosa novela filipina Noli me Tangere. El padre Dámaso era un sacerdote que representaba la hipocresía de la Iglesia durante el Gobierno colonial español. En aquel momento, la intención de Celdran era criticar la oposición de la jerarquía de la Iglesia católica a un proyecto de ley sobre salud reproductiva elaborado para ampliar el acceso a la anticoncepción artificial. Celdran fue juzgado y condenado, pero finalmente se disculpó con la archidiócesis de Manila (que dijo que estaba «perdonado»); aun así, tuvo que esperar ocho años para obtener el fallo final a su caso. En agosto de 2018, el Tribunal Supremo desestimó su apelación y le impuso una pena mínima de tres meses y una pena máxima de un año. Abandonó Filipinas antes de que se expidiera su orden de arresto y se exilió voluntariamente a España, donde murió de un ataque al corazón en octubre de 2019.
Después de la muerte de Carlos Celdran, se presentó la ley nº 5170 en la Cámara de Representantes de Filipinas para derogar el artículo 133. Si se aprobara, serán desestimados todos los casos penales pendientes y los asuntos civiles relacionados con ellos que estén basados en violaciones del artículo 133. Sin embargo, esta medida parece enfrentarse a una fuerte oposición, y es poco probable que llegue a ratificarse en un futuro próximo.
En enero de 2019, miembros del grupo rebelde islámico extremista Abu Sayyaf, vinculado al Estado Islámico, participó en un atentado suicida durante una celebración religiosa en la catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo en Jolo, provincia de Sulu. Murieron al menos 22 personas y más de 100 resultaron heridas. El presidente del Frente Islámico de Liberación Mora y la jerarquía cristiana local condenaron el atentado contra la catedral de Jolo.
En agosto de 2019, fue asesinado a tiros un pastor protestante de la Iglesia unida de Cristo en Filipinas, conocido por su labor en la promoción de los derechos humanos. A pesar de que se desconocen los motivos del asesinato del pastor, el Foro Ecuménico de Obispos apuntaba que los ataques violentos contra cristianos defensores de los derechos humanos «han aumentado de forma alarmante durante los tres años de Gobierno del presidente Duterte».
Varios representantes católicos y protestantes han criticado duramente la administración de Duterte, especialmente en lo relativo a la guerra del presidente contra la droga y a la restauración de la pena de muerte. De hecho, la Iglesia católica en concreto ha desafiado abiertamente la «orientación» de la guerra contra las drogas de Duterte, que se dirige claramente contra «personas pobres […] asesinadas brutalmente por la mera sospecha de ser pequeños consumidores y vendedores de drogas, mientras que los grandes contrabandistas y capos de la droga quedan libres de culpa». En muchas de las muertes relacionadas con las drogas que se han producido bajo el Gobierno del presidente están implicados filipinos de las clases más pobres.
A pesar de la asistencia prestada por las Iglesias cristianas a exdrogadictos y a víctimas de los asesinatos para que puedan iniciar una nueva vida, los líderes de la Iglesia lamentan que en ocasiones se enfrentan a violentos malos tratos por parte del actual Gobierno filipino y del propio presidente Duterte.
El presidente Duterte mostraba su hostilidad hacia la Iglesia católica ya antes de ser elegido el 9 de mayo de 2016. A principios de mayo de 2015, declaró que la Iglesia católica «era la institución más hipócrita». Ese mismo año, cuando la campaña antidrogas estaba cogiendo fuerza y ya habían muerto cientos de personas, el presidente llamó «hijos de puta» a los miembros del clero de la Iglesia católica romana por criticar su actuación en este ámbito.
El presidente Duterte ha atacado a varios obispos de forma personal, usando un lenguaje gráfico y ofensivo. Anteriormente, había llamado a Dios «estúpido» y había tachado de «absurda» la doctrina de la Iglesia católica. También dijo que la Iglesia carece de autoridad moral para criticarle y en febrero de 2019 predijo que «el catolicismo desaparecerá en 25 años por los supuestos abusos del clero». Aun así, Duterte sigue siendo muy popular, con un índice de aprobación del 91% entre los filipinos en octubre de 2020.
En enero de 2020, la policía arrestó a dos combatientes de Abu Sayyaf encargados de llevar a cabo un atentado con bomba en una catedral católica de la provincia de Basilán.
Ese mismo mes, en la ciudad de Davao, en Mindanao, hombres armados con cuchillos rodearon un refugio para tribus desplazadas dirigido por la Iglesia, derribaron una pared y ocuparon las instalaciones. El Consejo de Obispos de la Iglesia Unida de Cristo en Filipinas exigió una disculpa pública y una declaración completa realizada por los miembros del grupo paramilitar que habían participado en el incidente. La policía que se encontraba en las inmediaciones no hizo nada.
En febrero de 2020, el Consejo de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales del Gobierno Filipino congeló las cuentas de una organización de la Iglesia por presunta «financiación del terrorismo». La organización misionera que sufrió la congelación de las cuentas declaró que esta acción «solo está privando a los pobres de las zonas rurales de la ayuda y de los servicios que merecen, y que el Gobierno se niega a proporcionarles». El grupo añadió que en el pasado habían sido acusados de ser comunistas y un frente terrorista, y que lamentablemente la consecuencia de dichas acusaciones había sido el hostigamiento y las amenazas contra sus miembros.
También en febrero de 2020 un juzgado en Manila dictó órdenes de arresto contra dos sacerdotes católicos, un exsenador y otras ocho personas, cuatro de ellas obispos, acusados de conspirar para cometer sedición. Los dos sacerdotes negaron las acusaciones. El Departamento de Justicia concluyó que una acusación así contra cuatro obispos carecía de pruebas. Los dos sacerdotes, Flaviano Villanueva, misionero del Verbo Divino, y Albert Alejo, jesuita, comparecieron ante el tribunal en octubre de 2020 para declararse formalmente «no culpables».
En julio de 2020, se aprobó una ley antiterrorismo defendida por el presidente Duterte que le autoriza a encarcelar sospechosos sin cargos. Aunque está dirigida a prevenir el «terrorismo», a muchos defensores de los derechos humanos les preocupa que el Gobierno pueda usarla para desalentar el activismo al criminalizar la defensa de los derechos humanos básicos.
La ley otorga plenos poderes a las fuerzas de seguridad —casi sin aprobación ni control judicial— para perseguir a los sospechosos, llevar a cabo hasta 90 días de vigilancia y escuchas telefónicas y realizar detenciones de hasta 24 días. La Conferencia Episcopal de Filipinas publicó una carta escrita por el obispo Broderick Pabillo denunciando con firmeza esta medida antiterrorista. Ante las críticas de los grupos cristianos contra el Gobierno, existe un peligro real e inminente de que el este utilice la nueva ley contra los representantes cristianos que se han mostrado críticos contra el presidente Duterte y su política.
A finales de julio de 2020, poco después de que se aprobara la ley antiterrorismo, el obispo Gerardo Alminaza manifestó que «en medio de una crisis sanitaria global, continúan los asesinatos injustos en todo el país. Lamentablemente, debemos admitir que es poco probable que nuestro Gobierno utilice su poder para detener esto, porque desde el principio del Gobierno de Duterte tienen el respaldo oficial». El prelado también criticó las prácticas de la administración de «marcar en rojo», es decir, de etiquetar a las organizaciones de derechos humanos y justicia social como frentes comunistas, lo que a su vez ha dado lugar a arrestos sin orden judicial, detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Además, el obispo señala que «la guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra por los derechos, que está desangrando a nuestro rebaño».
En julio de 2020, durante una misa dominical, el pastor de la parroquia de San Isidro Labrador se dio cuenta de que agentes de policía uniformados estaban tomándole fotografías. Las autoridades locales aseguraron que se trataba de inspecciones rutinarias para asegurarse de que la parroquia cumplía en sus reuniones las restricciones por la COVID-19. Sin embargo, el incidente ha hecho que el clérigo tema por su seguridad, debido también a las amenazas de muerte que había recibido anteriormente después de haber hablado en contra de la guerra de Duterte contra las drogas.
En agosto de 2020, se produjeron en Jolo dos ataques terroristas cometidos por viudas de yihadistas asesinados. Murieron al menos siete soldados, seis civiles y un policía, mientras que otras 80 personas resultaron heridas.
En octubre de 2020, las autoridades capturaron a una mujer indonesia y a dos filipinas supuestamente casadas con combatientes de Abu Sayyaf. Entre sus pertenencias encontraron chalecos suicidas y se sospechosa que estaban preparando un ataque suicida en Jolo. Las autoridades sospechan que las detenidas están relacionadas con los autores del atentado a la catedral de Jolo de enero de 2019.
A pesar de las críticas del Gobierno, la Iglesia católica ha recibido elogios generalizados por el esfuerzo que realiza en el país y por la recaudación de fondos para ayudar a los necesitados durante la pandemia de la COVID-19. Muchas fundaciones de la Iglesia y grupos benéficos han impulsado campañas a nivel nacional para ayudar a amortiguar los efectos de la COVID-19 y se han coordinado de forma efectiva con las autoridades gubernamentales para ayudar.
A pesar de las garantías constitucionales para la libertad religiosa y de la separación entre la Iglesia y el Estado, el sistema de justicia penal, en virtud del artículo 133, permite proteger a determinados funcionarios, instituciones, prácticas, ideas y puntos de vista de la crítica y el debate públicos sobre cuestiones religiosas. Debido al dominio demográfico y cultural del catolicismo en Filipinas, los grupos religiosos minoritarios se sienten vulnerables al acoso judicial si expresan puntos de vista que la mayoría católica considera ofensiva.
La administración del presidente Duterte ha presentado varios cambios relacionados directamente con la libertad religiosa. Mientras la Constitución garantiza la libertad religiosa, los últimos acontecimientos recientes y los incidentes violentos apuntan a una trayectoria problemática en los próximos años.
La ley antiterrorista crea grandes problemas y allana el camino a posibles abusos legales por parte de personas con autoridad, es decir, del Gobierno de Duterte, contra quienes critiquen a las autoridades, incluidos los representantes de la Iglesia y los defensores de los derechos humanos apoyados por ella. Las Iglesias y las organizaciones cristianas de Filipinas han criticado enérgicamente esta política y otras similares.
Las agresiones verbales y legales realizadas por el presidente Duterte contra los líderes de la Iglesia siguen siendo una seria amenaza contra la libertad religiosa. Uno de los elementos fundamentales de esta libertad es que líderes y comunidades religiosas puedan contribuir libremente a las reflexiones públicas sobre el bien común, particularmente en defensa de los más vulnerables.
Los cristianos y otros grupos minoritarios de Mindanao siguen siendo el objetivo de ataques violentos por parte de los grupos extremistas. A pesar de la ratificación y la promulgación de la Ley Orgánica Bangsamoro en 2019, sigue pareciendo difícil que en Mindanao se alcance una solución verdaderamente duradera e integral para el extremismo islamista violento y los actuales conflictos. Todo ello constituye una amenaza para poder acanzar en el futuro una libertad religiosa plena y una convivencia pacífica en esta inestable zona.
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