La República Árabe de Egipto tiene una larga tradición como nación-Estado. Aunque es predominantemente musulmán, el país es también la patria de la mayor comunidad cristiana del mundo árabe, mayoritariamente copta. La proporción de cristianos más elevada reside en las provincias del Alto Egipto; otros muchos se localizan en El Cairo. Los judíos son hoy una minoría en el país. El número de musulmanes chiíes, bahaíes y de otras ramas también es bajo y no se conoce con exactitud.
En la última década, Egipto ha atravesado una etapa de inestabilidad política y económica. En 2011, el inveterado presidente Hosni Mubarak fue derrocado después de una serie de manifestaciones multitudinarias. En 2012, Mohamed Mursi, miembro de los Hermanos Musulmanes, salió elegido presidente por un estrecho margen. Entre junio y julio de 2013, el Ejército egipcio lo apartó del poder en respuesta a las protestas en la calle de millones de egipcios. Para quienes se oponían a la caída del poder de Mursi y los acontecimientos que la acompañaron, esta acción constituía un golpe de Estado. Quienes defendían, en cambio, el derrocamiento afirmaban que era necesario para salvar la democracia.
En 2014, el general Abdel Fatah al Sisi fue elegido presidente del país, que volvió a ser reelegido en abril de 2018. Pero continúan los problemas económicos y de seguridad, especialmente en la península del Sinaí, donde el país se enfrenta a la insurgencia islamista de grupos aliados al Estado Islámico (el Dáesh).
En un referéndum celebrado en enero de 2014, los egipcios aprobaron una nueva Constitución (que fue modificada en 2019).
El preámbulo de la Constitución describe a Egipto como «la cuna de las religiones y el estandarte de gloria de las religiones reveladas. En su territorio se crio el profeta Moisés, apareció la luz de Dios y descendió el mensaje sobre el monte Sinaí. En su territorio, los egipcios acogieron a la Virgen María y a su bebé, y luego sacrificaron a miles de mártires en defensa de la Iglesia de Jesús. Y cuando Mahoma, Sello de los Profetas (que la paz y la bendición sean con él), fue enviado a toda la humanidad a fin de perfeccionar las sublimes morales, se abrieron a la luz del islam nuestros corazones y razones. Y fuimos los mejores soldados de la tierra combatiendo por la causa de Dios, y difundimos por el mundo el mensaje de la Verdad y las ciencias religiosas».
Conforme al artículo 2, «el islam es la religión del Estado y el árabe es su lengua oficial. Los principios de la sharía islámica son la fuente principal de legislación». El preámbulo especifica que «la referencia para interpretarla son los textos relevantes de la colección de sentencias del Tribunal Constitucional Supremo». La Constitución (artículo 3) establece que «los principios canónicos de los cristianos y los judíos egipcios son la fuente principal de las legislaciones que regularán su estatuto personal, sus asuntos religiosos y la elección de sus líderes espirituales».
El artículo 7 protege a la universidad de Al Azhar como la institución suní de enseñanza musulmana más importante. «Al Azhar es una institución islámica científica independiente; tiene autoridad exclusiva sobre sus propios asuntos. Es la referencia básica para las ciencias religiosas y los asuntos islámicos. Es responsable de la predicación islámica, la difusión de las ciencias religiosas y la lengua árabe en Egipto y en el mundo».
El artículo 53 declara: «Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos y obligaciones públicos, y no serán discriminados por motivos de religión, creencia, sexo, origen, raza, color, idioma, discapacidad, nivel social, afiliación política o geográfica, ni por ningún otro motivo». El artículo 64 dispone: «La libertad de creencia es un derecho absoluto. La libertad de práctica religiosa y construcción de lugares de culto para los seguidores de las religiones reveladas es un derecho regulado por la ley». Según el artículo 74: «Está prohibido ejercer cualquier actividad política o establecer partidos políticos basados en una religión o en una discriminación por sexo, origen, secta o ubicación geográfica».
Según el artículo 244, la Carta Magna establece que «el Estado procurará que los jóvenes, los cristianos, los discapacitados y los egipcios en el extranjero estén adecuadamente representados en la Cámara de Representantes según lo especificado por la ley». En cuanto al Código Penal egipcio, en él se precisa que denigrar a las religiones, fomentar pensamientos extremistas con intención de incitar al conflicto, humillar a cualquiera de las «religiones divinas» y causar daño a la unidad nacional conlleva penas que oscilan entre los seis meses y los cinco años de prisión.
Aunque la ley no prohíbe la conversión religiosa, en la práctica, el Gobierno no reconoce la conversión desde el islam. En 2008, el Tribunal Administrativo falló a favor del no reconocimiento de la conversión desde el islam, apuntando que es un deber «proteger el orden público del delito de apostasía del islam».
La ley no reconoce la fe bahaí ni sus leyes religiosas, y prohíbe las instituciones y las actividades de la comunidad bahaí. Este grupo no puede acudir a la ley civil por cuestiones de estatuto personal. Lo mismo ocurre con los testigos de Jehová. En 2019, el Gobierno volvió a cerrar la sala en la que se encuentra la tumba del nieto del profeta Mahoma, el imán Al Husain, para impedir que los chiíes la utilizaran durante la festividad de Ashura.
El Ministerio del Interior emite los documentos nacionales de identidad electrónicos. Solo hay posibilidad de incluir la confesión religiosa de musulmanes, cristianos y judíos. A partir de una sentencia de un tribunal, los bahaíes se identifican con una raya. A pesar de que en los documentos de identidad hay una entrada para «religión», el Gobierno nunca ha ofrecido datos oficiales sobre la población copta.
En agosto de 2016, el Parlamento egipcio aprobó una nueva ley de construcción de iglesias para facilitar la construcción, reforma y reconocimiento legal de las iglesias. Sin embargo, la escalada de atentados, los obstáculos administrativos y la incapacidad del Estado para evitar la violencia social contra los cristianos cuando intentan reconstruir, reparar o simplemente conseguir que se reconozcan sus iglesias revela la gran brecha existente entre la ley y la vida diaria. Aún más preocupante es el hecho de que en numerosas ocasiones los cuerpos de seguridad no hayan conseguido proteger a los coptos e impedir que se cometan ataques contra sus iglesias y propiedades.
En cuanto al matrimonio y el divorcio, los egipcios están sujetos a diferentes leyes de estatuto personal, basadas en su filiación religiosa oficial.
Las mujeres musulmanas no se pueden casar con varones no musulmanes y los hombres no musulmanes tienen que convertirse al islam para casarse con una mujer musulmana. Desde 2005, las madres divorciadas pueden conservar la custodia de sus hijos hasta que cumplen 15 años. En el caso de que uno de los padres no sea musulmán, el progenitor musulmán recibe automáticamente la custodia.
En mayo de 2018, 11 musulmanes y 9 coptos fueron absueltos por el Tribunal de Faltas de Beni Suef, en el Alto Egipto. Esta decisión se emitió después de un acuerdo de conciliación por el que la iglesia de la localidad permanecería cerrada hasta que estuviese legalizada oficialmente. Los detenidos habían sido arrestados a causa del ataque cometido por habitantes musulmanes del pueblo contra la iglesia local cuando se enteraron de que los coptos habían solicitado el reconocimiento legal de su lugar de culto.
En mayo de 2018, una multitud atacó una iglesia en Abu al Shuqaf (cerca de Alejandría), además de otras propiedades de los cristianos, dejando siete coptos heridos. La policía llegó tarde y arrestó a 11 extremistas y a 9 coptos, entre ellos los cuatro heridos en el ataque. Supuestamente fueron arrestados para presionarles para que retirasen los cargos contra sus agresores. Los nueve coptos solo consiguieron ser puestos en libertad cuando el padre Agabius Munir, sacerdote de la iglesia de San Marcos (Mar Morcos) de Abu al Shuqaf, retiró la denuncia que había interpuesto contra quienes le habían destrozado el coche.
En junio de 2018, el Gobierno egipcio acordó pagar un tratamiento médico en Aquisgrán, Alemania, a Samiha Tawqif, una copta que había resultado malherida en el lado derecho de la cara por la explosión de una bomba en un atentado cometido en diciembre de 2017 en la iglesia de San Pedro y San Pablo de El Cairo.
En julio de 2018, fue hallado el cadáver del obispo Epifanio, abad del Monasterio de San Macario el Grande, en el interior del recinto religioso. Dos monjes fueron arrestados por el asesinato; una vez juzgados, uno de ellos fue condenado a cadena perpetua y al otro, el padre Isaías, le impusieron la pena de muerte. Sherif Azer, miembro de Reprieve, asociación británica dedicada a la defensa de los derechos humanos, está intentando que se le conmute la condena a muerte apoyándose en que la confesión del padre Isaías se obtuvo mediante torturas y que el caso está lleno de contradicciones.
En julio de 2018, acusaron a un copto de la localidad de Menba, en Minia, de «manifestar desprecio hacia la religión» por haber comparado a Mahoma con Jesús en una publicación en Facebook en la que injuriaba al islam. Cerca de 90 extremistas musulmanes que participaron en un ataque contra los coptos a raíz de dicha publicación fueron arrestados; posteriormente los pusieron en libertad después de celebrar un juicio de conciliación entre los coptos y los musulmanes. Mientras tanto, en diciembre de 2018 condenaron al copto autor de la publicación en Facebook a tres años de prisión por «despreciar al islam».
A mediados de 2018, en la ciudad de Mostorod (gobernación de Qalyubiya), un terrorista suicida intentó entrar en la iglesia de la Virgen María. Justo antes de entrar en el edificio, la policía le dio el alto e hizo explotar el chaleco con explosivos que llevaba, matándose a sí mismo. Nadie más resultó herido.
En julio de 2018, miembros del Servicio de Seguridad Nacional hicieron parar a siete testigos de Jehová en Beni Suef y les confiscaron el material religioso que llevaban. Está prohibida la importación y venta de literatura de los bahaíes y de los testigos de Jehová.
A finales de agosto, una turba de musulmanes asaltó el pueblo de Demshaw Hashem, en el sur de Egipto, hiriendo a dos coptos y a un bombero que requirieron hospitalización. La causa del ataque fue que habían acusado a los cristianos de utilizar sus casas para orar. Como en otros incidentes anteriores, se dice que las fuerzas de seguridad no intervinieron en el momento del asalto, sino que llegaron cuando el incidente había terminado. Unos días después, el obispo metropolitano ortodoxo copto de Minia y Abu Qurqas, Anba Makarios, se negó a participar en una «sesión de reconciliación» entre representantes de las comunidades cristiana y musulmana. Explicó que este tipo de reuniones socavan los derechos de los cristianos al permitir que los delincuentes escapen de la justicia. En su lugar, Makarios pidió que se aplicase la ley. La organización defensora de los derechos humanos Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (IEDP) condenó estas prácticas y exigió que se juzgue a los autores de los ataques, se compense a las víctimas y se construya una iglesia en el pueblo.
El sur de Egipto ha sufrido otros ataques violentos durante el período estudiado en este informe, seguidos del cierre de iglesias y del arresto de los agresores, pero también de acusaciones contra los coptos de reunión ilegal, obstrucción de carreteras, de perturbar la paz pública e incitar al conflicto sectario. A los coptos también se les acusa de rezar en lugares sin licencia.
Según un informe elaborado por la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, a partir de la aprobación de la ley de construcción de iglesias, entre septiembre de 2016 y abril de 2018 las fuerzas de seguridad han cerrado 14 iglesias, negando así el acceso y los servicios de oración a los coptos.
En agosto de 2018, el presidente Al Sisi nombraba a dos cristianos como gobernadores de las regiones de Damieta y Dacalía respectivamente, siendo la primera vez que esto ocurre desde abril de 2011, cuando manifestaciones de grupos salafíes y de los Hermanos Musulmanes obligaron al Gobierno a revocar el nombramiento de un copto como gobernador de Qena, en el Alto Egipto. Manal Awad Mijail, nombrada nueva gobernadora de Damieta en agosto de 2018, es la primera mujer copta en la historia de Egipto que ocupa este cargo.
En noviembre de 2018, un ataque reivindicado por el Estado Islámico contra unos peregrinos coptos que se dirigían a un monasterio de Minia (Alto Egipto) dejó siete fallecidos y 19 heridos. Al parecer, unos días después la policía mató a 19 terroristas considerados los autores del ataque.
En noviembre de 2018, un presunto colaborador del Estado Islámico fue condenado a la pena capital por haber apuñalado con resultado de muerte a un médico cristiano de 82 años en 2017.
En noviembre de 2018, el diputado Mohamed Fuad presentó una moción al portavoz del Parlamento solicitando un informe del primer ministro Mustafa Madbuly sobre las dificultades a las que se enfrentan los bahaíes para practicar su religión, situación que viola los artículos 53, 64 y 92 de la Constitución egipcia.
En noviembre de 2018, en medio del discurso que pronunció en el Foro Mundial de la Juventud celebrado en Sharm el Sheij, el presidente al Sisi afirmó que protegería la libertad de culto y que el Estado iba a construir una iglesia en cada nueva comunidad, y llegó a asegurar que «si tenemos otras religiones, les construiremos lugares de culto», añadiendo que «todo ciudadano tiene derecho a practicar la religión que quiera, o ninguna. Es una cuestión en la que no nos vamos a inmiscuir».
En diciembre de 2018, el fiscal general de Egipto envió a 11 individuos a un tribunal penal por atacar una iglesia copta en el sur de El Cairo en diciembre de 2017 durante las celebraciones previas a la Navidad.
Las demandas presentadas por cuatro parejas de bahaíes para que se reconocieran sus matrimonios civiles prosperaron en octubre de 2018. Aunque los bahaíes habían recibido bien la emisión de la primera licencia de matrimonio civil en 2017, señalaron que los tribunales eran incoherentes en sus sentencias. A final de año, aún no se habían desarrollado procedimientos normalizados para emitir licencias de matrimonio civil a parejas que no tienen asignada una filiación religiosa.
En diciembre de 2018, el presidente al Sisi ordenó la construcción de una iglesia copta en la nueva ciudad de Ahalina 2.
Dos días antes de la Navidad copta, un policía murió al intentar desactivar un explosivo cerca de una iglesia.
El 6 de enero de 2019, víspera de la Navidad según el calendario ortodoxo, se inauguró en la nueva capital la catedral de la Natividad de Cristo, la iglesia más grande de Oriente Medio. El presidente al Sisi y el gran imán Ahmed l el Tayeb de Al Azhar asistieron a la ceremonia inaugural junto al patriarca ortodoxo copto, el pope Tawadros II. Al Sisi también asistió a la misa de Navidad de 2018.
A mediados de enero de 2019, juristas coptos presentaron una demanda en la Fiscalía General contra el gobernador de la provincia de Minia por la clausura de un lugar de culto copto en el pueblo de Mansheyat Zafarana. Ante las violentas manifestaciones de multitudes islamistas, la policía había prometido a los manifestantes que cerrarían la iglesia.
A mediados de enero de 2019, combatientes islamistas secuestraron a un cristiano que viajaba en un taxi colectivo en el norte del Sinaí.
En enero de 2019, Al Azhar y el ministro egipcio de Awqaf (donaciones religiosas) inauguraron sendas academias para predicadores. Mientras la academia de Al Azhar solo se centra en estudios islámicos, la Academia Internacional de Awqaf, que tiene previsto formar a mujeres predicadoras, incluye también otras materias como Economía, Política y Psicología.
En febrero de 2019, el padre Yasa Marzuk desmintió unas declaraciones del Gobierno egipcio que negaban la clausura de iglesias en la gobernación de Minia. El sacerdote indicó que solo en la ciudad de Samalut habían cerrado ocho iglesias coptas.
En junio de 2019, un informe elaborado por el Instituto Tahrir para la Política en Oriente Medio afirmó que varios pueblos rurales (podrían ser cientos) no tenían una sola iglesia. En una entrevista, Macarios, obispo de Minia y Abu Qarqas, explicaba que unos 150 pueblos y barrios de su diócesis necesitaban una iglesia o algún otro edificio religioso.
En julio de 2019, el Ministerio de Antigüedades publicó un folleto ilustrando el viaje de la Sagrada Familia a Egipto. El objetivo era que la UNESCO reconociera las «paradas del viaje de la Sagrada Familia en Egipto» como patrimonio de la humanidad.
En septiembre de 2019, el bloguero ateo Sherif Gaber publicó un tuit afirmando que había sido condenado a tres años de prisión por despreciar la religión, difundir valores inmorales y perturbar la paz pública a través de su canal de YouTube, añadiendo que, a pesar de eso, no estaba detenido.
En noviembre de 2019, Huda Nasralla, una abogada copta defensora de los derechos humanos, obtuvo el derecho a la igualdad en materia de herencia. En los tribunales, sus hermanos respaldaron su petición, pero en dos ocasiones se ignoró su testimonio. En su apelación, Huda citó el artículo 245 de la normativa ortodoxa sobre personalidad jurídica de 1938, que garantiza a las mujeres coptas una participación en la herencia igual que la de los hombres. Su argumento principal era que la sharía no es aplicable a ella. Aunque en 2016 otras mujeres coptas obtuvieron el derecho a la igualdad en materia de herencia, en los casos de herencia se suele aplicar la sharía. El sistema judicial solo remite a la Iglesia copta las cuestiones de matrimonio y divorcio.
En noviembre de 2019, arrestaron a Ramy Kamel, defensor de los derechos humanos y miembro fundador de la Unión Juvenil Maspero. Conocido defensor de los derechos de los coptos en Egipto, publicó en las redes sociales imágenes de ataques y de unos coptos que eran expulsados por la fuerza de su vivienda. En el pliego de cargos aparecía que era miembro de una organización terrorista y que utilizaba las redes sociales para difundir «noticias falsas que amenazan al orden público». La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos explicó que fue arrestado después de haber solicitado un visado para viajar a Ginebra para intervenir en el Foro de Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías que se iba a celebrar a finales de noviembre de 2019.
La víspera del día de Año Nuevo de 2019, la policía prohibió a los coptos de Fao Bahari, pueblo de Deshna (al sur de Egipto), rezar en una pequeña iglesia provisional aduciendo que no tenía licencia para la celebración de ritos religiosos. Según las fuerzas de seguridad, rezar oraciones coptas ofendería los sentimientos de los vecinos musulmanes y podría provocar hostilidad contra los coptos. Esa misma noche se declaró un incendio en la vivienda de una familia copta. Detuvieron a seis musulmanes, entre ellos al que se cree que había incitado a la violencia, y a cinco coptos; cuatro de ellos eran los propietarios de la vivienda y el otro copto fue detenido por haber publicado un vídeo del incendio en las redes sociales.
En su informe de libertad religiosa de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos citaba las afirmaciones de los testigos de Jehová sobre el interrogatorio al que sometieron a varios miembros de su comunidad a causa de su condición de «grupo prohibido». En febrero de 2019, en el Alto Egipto, funcionarios de las fuerzas de seguridad «interrogaron violentamente» a un testigo de Jehová en dos ocasiones, vendándole los ojos y golpeándole. Funcionarios de la policía de El Cairo y Minia interrogaron varias veces a testigos de Jehová en los meses de abril, octubre y noviembre de 2019. En septiembre de 2019, los funcionarios de las fuerzas de seguridad permitieron a más de 200 testigos de Jehová celebrar una reunión religiosa en una vivienda particular.
En 2019, la Universidad de Alejandría y la de Damanhur inauguraron sendos Institutos de Estudios Coptos propios, los primeros de esta naturaleza en Egipto.
En enero de 2020, tras dos años de restauración, volvió a abrir sus puertas la sinagoga Eliyahu Hanavi del siglo XIV, que en febrero de 2020 fue visitada por unos 180 judíos. El Gobierno egipcio financió en su totalidad el proyecto, que ascendió a 4 millones de dólares estadounidenses.
En 2020 también finalizó la restauración del cementerio judío Bassatine de El Cairo gracias al Centro Americano de Investigación en Egipto y a la asociación Gota de Leche, con financiación del Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural. Está considerado el segundo cementerio judío más antiguo del mundo. Los trabajos de restauración incluyeron la documentación y el trazado de mapas de las ruinas del lugar.
En enero de 2020, las Iglesias ortodoxa, evangélica y católica llegaron a un acuerdo para presentar una proposición de ley sobre un nuevo estatuto personal unificado para los no musulmanes.
En julio de 2020, la Iglesia copta avisó de que se estaban distribuyendo «evangelios falsos» que contradecían las enseñanzas cristianas.
En febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de El Cairo prohibió los sitios web y los canales de televisión chiíes, incluida la página web del famoso activista chií Ahmed Rasem al Nafis. La Fiscalía explicó que se había adoptado esta decisión para tratar de combatir los peligros que supone la ideología chií en la sociedad egipcia y evitar cualquier utilización de la ideología religiosa para alcanzar fines políticos.
En julio de 2020, tras la decisión de Turquía de convertir la basílica Hagia Sophia en mezquita, el gran muftí de Egipto, Shawky Allam, declaró que se trataba de una acción «inadmisible» y que los lugares de culto deben seguir siendo lo que son. También declaró que no hay objeción, conforme a la ley islámica, para utilizar dinero de los musulmanes para construir iglesias.
En agosto de 2020, el tribunal penal de Minia volvió a retrasar el juicio de Suad Zabet, una mujer cristiana a la que una turba de 300 hombres de su pueblo dio una paliza y desnudó cuando se difundieron rumores de que su hijo mantenía relaciones con una mujer musulmana divorciada. En el ataque también fueron incendiadas algunas casas de cristianos. Tras escuchar las alegaciones, el tribunal devolvió el caso al tribunal de apelaciones de Beni Suef. Zabet, que se negó a participar en el acto de conciliación previa, lleva más de cuatro años envuelta en esta batalla legal. En 2017 se desestimó la causa por «falta de pruebas». Más tarde, juzgaron en ausencia a tres de sus agresores y los condenaron a diez años de prisión. Zabet y su familia tuvieron que huir del pueblo, y los vecinos coptos que habían perdido sus casas se tuvieron que «reconciliar» con sus agresores. Su hijo, Ashraf Abdu Atta y la mujer musulmana con la que supuestamente mantenía relaciones fueron juzgados por adulterio y condenados a dos años de prisión y al pago de una multa de 1000 libras egipcias (65 dólares estadounidenses).
En septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo del Consejo de Estado egipcio decidió que no tenía competencia en el asunto presentado por el abogado Haizam Saad, quien había pedido al ministro de justicia que enmendara la ley sobre el estatuto personal para prohibir el divorcio verbal. Igual que el presidente Al Sisi, Saad quiere que el divorcio verbal del marido requiera un requisito formal para que sea válido. Las autoridades religiosas de Egipto, Al Azhar entre ellas, han rechazado categóricamente esta propuesta basándose en que el divorcio verbal por parte del marido es una norma de la sharía desde «tiempos del profeta [Mahoma]» y es así sin necesidad de testigos ni requisitos de forma.
En septiembre de 2020, Solidaridad Copta publicó un informe sobre el secuestro de niñas y mujeres coptas de las que se abusa sexualmente y a las que se obliga a convertirse al islam y a casarse con musulmanes. El informe presentaba 13 ejemplos y calculaba que «en la última década se han producido unos 500 casos».
En octubre de 2020, Lamia Lutfi, gestora de programas de la Fundación Mujer Nueva, organización defensora de los derechos humanos con sede en El Cairo que ayuda a las mujeres víctimas de violencia y discriminación, presentó una denuncia contra los profesores del colegio de su hija por intentar obligarla, a ella y a otras alumnas, a llevar hiyab. Este incidente reveló que muchos colegios por todo Egipto tienen prácticas similares.
En octubre de 2020 el número de iglesias y edificios eclesiásticos legalizados ya llegaba a 1738.
A principios de noviembre de 2020, fue secuestrado en el Sinaí Nabil Habashy Salama, cristiano copto. En el momento de redactar este informe ninguna organización ha reivindicado el secuestro.
En noviembre de 2020, el ministro de Awqaf (donaciones religiosas), Muhamad Mujtar Yuma, explicó que Egipto se estaba convirtiendo en «un modelo de convivencia religiosa» y está derrotando toda discriminación sectaria a la vez que garantiza la igualdad de los ciudadanos de las distintas comunidades de fe, añadiendo que «tenemos el deber de proteger tanto nuestras mezquitas como nuestras iglesias porque esta es la forma de proteger nuestra patria».
A mediados de noviembre de 2020, dos cristianos, Aymada Rida Hana y Munir Masad Hana, arrestados en junio de 2019 por aparecer en un vídeo haciendo comentarios sobre la oración en el islam, fueron llevados a juicio por burlarse y ofender al islam. Uno de sus abogados, Amr al Qadi, afirmó que «habían estado en prisión preventiva hasta que el fiscal presentó la denuncia a pesar de las repetidas peticiones para que se les pusiera en libertad».
También en noviembre arrestaron a un joven profesor cristiano, Yusef Hany, por ofender al islam al publicar en Facebook unos comentarios. Junto a él fue acusada una mujer musulmana, Sandosa, según su perfil de Facebook, conforme al artículo 98 (f) del Código Penal egipcio, que prohíbe ofender a cualquier «religión celestial», es decir, el islam, el cristianismo y el judaísmo. El abogado, Macarios Lahzy, explicó que los cargos eran inconstitucionales ya que el artículo «no define clara y expresamente qué es desprecio o difamación y deja la noción poco precisa y variable». Además, Coptos Unidos, un grupo de defensa de esta religión, se preguntaban cómo era posible que hubieran arrestado a Hany supuestamente por ofender al islam cuando a los que después ofendieron al cristianismo y pidieron la muerte de Hany y de todos los coptos no fueron detenidos.
Ese mismo mes, Mohamed Ashraf, un joven cómico, fue arrestado cuando se hizo viral el vídeo de una de sus representaciones (que se había emitido en enero de 2020), la cual provocó una fuerte reacción. En su actuación, se burlaba de algunos locutores de la emisora de radio estatal Al Quran Al Karim. Ashraf —que se enfrenta a múltiples cargos, como desprecio de la religión, amenazar los valores de las familias egipcias e insultar y difamar a los presentadores de la emisora de radio— fue puesto en libertad unos días después tras haberse disculpado ante uno de los presentadores de la radio.
A finales de noviembre de 2020, las turbas atacaron con piedras y cócteles molotov una iglesia copta, viviendas y tiendas de los coptos de Barsha, un pueblo de la gobernación de Minia. Se dice que un artículo ofensivo hacia el islam y el profeta Mahoma publicado en la cuenta de Facebook de un joven copto fue el detonante de los ataques. Una anciana copta tuvo que ser hospitalizada por las quemaduras sufridas cuando, en el trascurso del incidente, prendieron fuego a su casa. Arrestaron a 100 personas, entre ellas 35 coptos.
En noviembre de 2020, el gran muftí de Egipto, el jeque Shawki Ibrahim Abdel Karim Alam, declaró en una entrevista semanal de la televisión que el fenómeno histórico del islam político se ha convertido en un «auténtico desastre, una pesadilla que no solo afecta a la umma islámica, sino al mundo entero».
Con la pandemia de la COVID-19, entre mediados de marzo y finales de agosto de 2020 se cerraron los lugares de culto. Las autoridades prohibieron las reuniones religiosas públicas durante Semana Santa y Ramadán. Algunos grupos religiosos criticaron estas restricciones.
En mayo de 2020, el pope Tawadros emitió nuevas normas para la celebración de bodas, limitando la participación a un máximo de cuatro personas, además de los novios, el sacerdote y el diácono. No estaban permitidos los banquetes. Además de recomendar la realización de pruebas médicas antes de la boda, se aconsejaba que los novios vistiesen con sobriedad.
Durante los últimos años, la situación de la libertad religiosa ha mejorado en algunos aspectos. Distintos mensajes fomentando una mayor unidad nacional entre musulmanes y cristianos e iniciativas dirigidas a la promoción de la tolerancia interreligiosa, la protección del patrimonio religioso y la legalización de cientos de iglesias constituyen, claramente, avances muy positivos. Pero la intolerancia social profundamente arraigada y la discriminación contra los no musulmanes siguen siendo graves problemas sociales, especialmente en el Alto Egipto.
Mientras que el discurso gubernamental oficial habla reiteradamente de la fraternidad y de la igualdad entre los ciudadanos egipcios, la realidad y los hechos sobre el terreno manifiestan todo lo contrario. Discriminados por la ley, pues no disfrutan de los mismos derechos que sus compatriotas musulmanes, los cristianos son víctimas de delitos como la extorsión, las agresiones violentas y el secuestro. Las víctimas denuncian que, en la mayor parte de los casos, las fuerzas policiales no intervienen en los ataques contra los coptos; por su parte, los agresores gozan de impunidad legal. En muchas ocasiones, son los coptos los que acaban en la cárcel.
Además, quienes están fuera de las religiones monoteístas, o en religiones no reconocidas oficialmente, como los ateos, bahaíes, chiíes, y testigos de Jehová, se enfrentan a dificultades abrumadoras, como una actitud social negativa y unas políticas gubernamentales contradictorias.
En el otoño de 2020, a consecuencia de las medidas tomadas contra algunos defensores de los derechos humanos y contra cualquier forma de oposición, el Gobierno egipcio silenció eficazmente a los actores que defienden a las minorías religiosas y la libertad religiosa en Egipto. El avance hacia el pleno disfrute de la libertad religiosa es, en el mejor de los casos, vacilante y la situación actual no muestra signos de mejoría.
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