La Constitución de China de 1982 (rev. 2018) en el artículo 36 establece que «los ciudadanos de la República Popular China gozan de libertad para profesar creencias religiosas. Ningún organismo del Estado, organización pública o individuo puede obligar a un ciudadano a profesar, o no, una religión, ni tampoco puede discriminar a quienes creen, o no, en una religión». El mismo artículo señala que el Estado protege «las actividades religiosas normales» sin aportar una definición sobre lo que se considera «normal»; en cambio, prohíbe claramente el uso de la religión para actividades «que atenten contra el orden público, causen daño a la salud de los ciudadanos o perturben el sistema educativo del Estado». A su vez, las organizaciones y asuntos religiosos «deben mantenerse libres de toda dominación extranjera».
En la práctica, el artículo 36 de la Carta Magna protege solo las actividades de las cinco tradiciones religiosas oficialmente reconocidas (budismo, taoísmo, islam, protestantismo y catolicismo) y, dentro de estas, salvaguarda solo a las que están sometidas a las siete asociaciones «patrióticas» aprobadas por el Estado. La práctica o la expresión religiosa fuera del aparato controlado por el Estado son ilegales y en los últimos setenta años se vienen enfrentando a distintos grados de sanción, represión y persecución.
El 1 de febrero de 2018, China aprobó unas Normas sobre Asuntos Religiosos que actualizan las de 2005 haciéndolas más restrictivas. Las nuevas normas confinan a los creyentes en los sitios registrados y «refuerzan aún más el control sobre las actividades religiosas». Su objetivo es garantizar que «los grupos religiosos, los colegios religiosos, y los lugares donde se llevan a cabo las actividades y los asuntos religiosos no estén […] controlados por fuerzas extranjeras». También estipula que la religión no puede poner en peligro la seguridad nacional e impone más limitaciones a las comunicaciones de contenido religioso, los colegios religiosos y las obras de caridad.
Desde marzo de 2018, la religión se encuentra bajo la dirección del Departamento de Trabajo del Frente Unido, una agencia del Partido Comunista Chino (CCP), que tomó así el relevo de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos (SARA). El resultado es que el CCP tiene control directo sobre los asuntos religiosos.
En abril de 2018, el Gobierno chino publicó un nuevo documento técnico titulado «Políticas y Prácticas de China sobre la protección de la libertad de las creencias religiosas». El documento señala que es una «guía activa» que se proporcionará a las organizaciones religiosas para ayudarlas a «adaptarse a la sociedad socialista». En él se va más allá al exponer que los extranjeros solo podrán realizar actividades religiosas «autorizadas».
El artículo 27 de la Ley de Seguridad Nacional de China también se refiere a la libertad de religión o creencia. Esta ley ha sido criticada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Husein, por su «alcance extraordinariamente amplio» y su vaga terminología que, según él, deja «una vía abierta a nuevas restricciones de los derechos y libertades de los ciudadanos chinos, y a un control más estrecho de la sociedad civil».
Asimismo, hay otras normativas que pueden tener repercusiones sobre la libertad de religión o creencia; por ejemplo, el Documento 9, conocido oficialmente como Comunicado sobre el Estado Actual de la Esfera Ideológica (que es una notificación del Comité Central de la Oficina General del Partido Comunista fechada en abril de 2013), y una nueva ley sobre organizaciones no gubernamentales adoptada en 2016. El Documento 9 señala que los «valores occidentales», la «democracia constitucional occidental» y la «concepción occidental del periodismo» entran en conflicto con los valores del Partido Comunista Chino y defiende que las peticiones y cartas que reclaman protección de los derechos humanos son obra de las «fuerzas occidentales antichinas». Por su parte, la nueva ley sobre organizaciones no gubernamentales, que entró en vigor en enero de 2017, concede a la policía un poder sin precedentes para restringir el trabajo de los grupos extranjeros en el país y para limitar las posibilidades de que los grupos locales reciban financiación extranjera y colaboren con organizaciones foráneas. Las organizaciones no gubernamentales extranjeras están obligadas a tener una organización gubernamental china que las apadrine, a registrarse en la policía y a aceptar la vigilancia de la Oficina de Seguridad Pública. Los individuos y organizaciones extranjeros que se considere que realizan actividades dirigidas a «provocar una división en el Estado, poner en peligro la unidad nacional o subvertir el poder del Estado» pueden ser detenidos, así como se les pude prohibir abandonar el país o bien ser deportados.
En abril de 2016 el presidente de China, Xi Jinping, dirigiéndose a los altos cargos del Partido Comunista en una reunión sobre religión, dijo: «Los grupos religiosos […] tienen que adherirse al liderazgo del Partido Comunista». Los miembros del partido han de ser «firmes ateos marxistas» que «resueltamente se guarden de las infiltraciones extranjeras que llegan por medios religiosos». Estas palabras llegaron después de que el director de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos diera un seminario sobre la «chinización» del cristianismo, donde afirmó que «la teología cristiana china debería ser compatible con la vía socialista del país».
En septiembre de 218, el Vaticano alcanzó un acuerdo provisional de dos años de duración con el Gobierno chino sobre el nombramiento de los obispos. Como era un acuerdo provisional y no un tratado formal, el texto del acuerdo sigue siendo secreto, pero se entiende que el Gobierno chino se reserva el derecho de proponer candidatos para ser nombrados obispos que, posteriormente, son confirmados por el Vaticano. El Vaticano y el Gobierno chino renovaron este acuerdo en septiembre de 2020.
Durante el período que se estudia en este informe, las autoridades chinas han intensificado de forma significativa su represión contra las minorías religiosas. El 10 de noviembre de 2020, el Pew Research Center publicó su informe anual en el que recopila los modelos globales de restricción de la religión. De los 198 países y territorios estudiados, China registró la puntuación más alta en el Índice de Restricciones Gubernamentales.
En China, la represión antirreligiosa adopta muchas formas y se dirige contra numerosos grupos. Las violaciones más graves de la libertad religiosa son las que se cometen contra los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, donde las atrocidades han alcanzado un grado tal que un número de expertos cada vez mayor lo califican de genocidio. Entre las medidas se cuenta la encarcelación de entre 900 000 y 1,8 millones de uigures, kazajos, kirguisos y miembros de otros grupos musulmanes en más de 1300 campos de concentración. Los civiles han sido arrestados y enviados a esos campos por exteriorizar expresiones de piedad como llevar la barba larga, negarse a beber alcohol o dedicarse a actividades que las autoridades consideran manifestaciones de «extremismo religioso». Se han conocido denuncias de torturas generalizadas y sistemáticas, pésimas condiciones de vida, violencia sexual y trabajos forzados, y se ha realizado una campaña de esterilización de mujeres uigures en algunas zonas de esta región autónoma. Las autoridades chinas también han destruido, dañado o cerrado miles de mezquitas, cementerios para musulmanes e instituciones educativas islámicas.
En 2019, The New York Times publicó unos documentos filtrados llamados los «Papeles de Sinkiang» que indicaban que «el propio Xi Jinping sentó las bases para utilizar tácticas agresivas en la región, dando a los funcionarios en una serie de discursos privados instrucciones para que no mostrasen “ni un atisbo de piedad”».
En el Tíbet, se sigue atacando y suprimiendo el budismo. Se han introducido leyes para controlar la siguiente reencarnación del dalái lama y de otros lamas tibetanos destacados. Han expulsado de sus monasterios, encarcelado y torturado tanto a los monjes como a las monjas que se niegan a denunciar al dalái lama. Mostrar imágenes del dalái lama sigue siendo un delito que cada vez se castiga con mayor severidad; se vigilan y restringen los festivales religiosos. En 2019, unos 6000 monjes y monjas tibetanos tuvieron que desplazarse porque las autoridades destruyeron sus residencias en el Centro Budista Tibetano Yachen Gar de la provincia de Sichuan. En abril de 2019, obligaron a la Academia Budista de Laring Gar a no matricular a nuevos alumnos.
Los cristianos, tanto católicos como protestantes, también se enfrentan a importantes violaciones de la libertad religiosa. Se han derribado miles de cruces, se han destruido muchas iglesias, o las han cerrado, y han encarcelado al clero cristiano. En noviembre de 2019, 500 líderes de Iglesias en casas firmaron una declaración en la que aseveraban que «las autoridades han retirado cruces de los edificios, han obligado a los cristianos a colgar banderas chinas y a cantar canciones patrióticas e impiden a los menores de edad acudir a los templos».
En las iglesias controladas por el Estado, las autoridades han obligado a los cristianos a exhibir banderas del Partido Comunista junto a los símbolos religiosos (y en ocasiones en su lugar) o a colgar retratos de Xi Jinping al lado de las imágenes de Cristo y de la Virgen María (a veces en solitario). En el exterior y en el interior de las iglesias han instalado cámaras de videovigilancia para grabar a los fieles.
En diciembre de 2018, las autoridades arrestaron a un centenar de miembros de la Iglesia Lluvia Temprana de Chengdu, y acusaron al pastor Wang Yi y a su esposa Jiang Rong de «incitar a la subversión». El 26 de diciembre de 2019, juzgaron al pastor Wang en secreto y fue condenado a nueve años de prisión; había calificado la campaña del régimen de «guerra contra el alma».
Tal y como afirmó Ying Fuk Tsang, director del Centro de Estudios Cristianos sobre Religión y Cultura Chinas de la Universidad de Hong Kong, «el objetivo de esta represión no es erradicar las religiones. […] El presidente Xi Jinping está intentando establecer un nuevo orden sobre la religión, suprimiendo su vertiginoso desarrollo. [El Gobierno] pretende regular el “mercado religioso” en su conjunto».
En noviembre de 2019, las autoridades chinas también anunciaron que planeaban realizar «una evaluación integral de los textos clásicos religiosos dirigida a los contenidos que no se corresponden con el progreso de los tiempos»». Esto supone volver a traducir la Biblia y el Corán para «reflejar los valores socialistas». Se trata de una decisión adoptada en una reunión de la Comisión de Asuntos Étnicos y Religiosos del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, bajo la autoridad de su presidente, Wang Yang.
En un artículo de Eva Pils, profesora de Derecho en el King’s College de Londres, publicado en The Guardian en enero de 2019, la autora afirma: «Uno de los objetivos de un plan de trabajo del Gobierno para “promover el cristianismo chino” entre 2018 y 2022 es “la reforma del pensamiento”. El plan exige “volver a traducir y comentar” la Biblia, encontrar coincidencias con el socialismo y establecer una “correcta comprensión” del texto. Hace diez años se podía decir que el partido no estaba demasiado interesado en lo que creían los individuos a nivel personal. La respuesta de Xi Jinping es mucho más invasiva y de alguna manera vuelve a lo que se intentaba en la era de Mao: controlar mentes y corazones».
El 22 de septiembre de 2018, el Vaticano firmó el Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República Popular de China, ampliado por dos años más en octubre de 2020. El esfuerzo diplomático, entendido fundamentalmente como un esfuerzo pastoral que trata la necesidad de regularizar las relaciones con Pekín respecto al nombramiento de obispos, dejaba claras sus limitaciones. Según el primer comunicado, el acuerdo «no cubre las relaciones diplomáticas directas entre la Santa Sede y China, el estatuto jurídico de la Iglesia católica china ni las relaciones entre el clero y las autoridades del país. El Acuerdo Provisional trata exclusivamente el proceso de nombramiento de los obispos».
Según el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, dentro de este marco, el acuerdo ha dado algunos frutos. «El hecho de que, por primera vez desde la década de 1950, hayamos conseguido que todos los obispos de China estén en comunión con el Santo Padre y de que las autoridades chinas concedan al Papa una modesta participación en el nombramiento de obispos, que en definitiva es quien tiene la última palabra, es bastante extraordinario».
Además de que el alcance y los frutos pastorales del acuerdo son en sí limitados, persisten serias preocupaciones respecto a la aplicación del tratado, así como respecto a la sombra que se proyecta sobre él por la situación general de deterioro de la libertad religiosa en China.
En los dos años posteriores a la firma del Acuerdo Provisional, se animó al clero clandestino a unirse a la Asociación Patriótica Católica China. Sin embargo, muchos se negaron «alegando conflictos doctrinales entre la enseñanza de la Iglesia y las normas de la Asociación Patriótica Católica China», y sufrieron consecuencias. Por ejemplo, el 1 de septiembre de 2020 los sacerdotes que se negaron a unirse a dicha asociación en la provincia de Jiangxi fueron condenados a arresto domiciliario y se les prohibió «realizar cualquier actividad en calidad de clérigos». Reconociendo el problema, el Vaticano aceptó que algunos sacerdotes decidieran no unirse a la Asociación por motivos de conciencia.
La jerarquía católica también sigue sufriendo hostigamiento y arrestos, como atestiguan los siguientes ejemplos. El obispo James Su Zhimin de Baoding ha pasado un total de 40 años en prisión, y lleva desaparecido desde 2003. Actualmente sigue en paradero desconocido. En julio de 2020, el congresista Chris Smith mantuvo una audiencia en el Congreso de Estados Unidos titulada «¿Dónde está el obispo?»
El 9 de noviembre de 2018, fue arrestado al obispo Peter Shao Zhumin de Wenzhou por quinta vez en dos años. Le pusieron en libertad el 23 de noviembre, pero sigue sometido a hostigamiento. A finales de 2018 detuvieron a los padres Zhang Guilin y Wang Zhong de la diócesis de Chongli-Xiwanzi y aún siguen en paradero desconocido.
En enero de 2020, las autoridades obligaron a dejar su residencia, que cerraron, al obispo Vincent Guo Xijin de Mindong, en la provincia de Fujian, al que ya habían apartado de su cargo de obispo auxiliar para que lo ocupara un obispo nombrado por Pekín. El prelado, de 61 años, acabó durmiendo en la puerta del despacho parroquial y solo la indignación internacional hizo que le permitieran regresar a su apartamento, pero le cortaron los servicios básicos. El 4 de octubre de 2020 el obispo Guo anunció su dimisión.
En junio de 2020, volvieron a arrestar a Agustine Cui Tai, de 70 años, obispo auxiliar de la Iglesia clandestina de Xuanhua, que ya había pasado 13 años detenido.
Actualmente, la libertad religiosa está en peligro incluso en Hong Kong, donde hasta hace poco se respetaba. El 30 de junio de 2020, el Congreso Nacional del Pueblo de China promulgó una nueva ley de seguridad nacional draconiana para la ciudad, «votada por unanimidad por los 162 miembros del comité en solo 15 minutos». Los parámetros de la nueva ley de seguridad son muy amplios. Según AsiaNews, «la ley impide y penaliza actos y actividades de secesión, subversión, terrorismo y colaboración con fuerzas extranjeras que pongan en peligro la seguridad nacional». Amnistía Internacional afirmó que la ley es «la mayor traición a los derechos humanos de la historia reciente de la ciudad».
La ley de seguridad, que en la práctica suprime las libertades básicas en Hong Kong, ya ha tenido repercusiones sobre la libertad religiosa. El cardenal John Tong, administrador apostólico de la diócesis de Hong Kong, dio instrucciones a todos los sacerdotes para que «cuiden su lenguaje» en las homilías y eviten hacer comentarios políticamente provocadores.
En diciembre de 2020, hubo una redada en la Iglesia (protestante) del Buen Vecino del Distrito Norte y congelaron la cuenta bancaria de la Iglesia, además de las del pastor, el reverendo Roy Chan, y su esposa. La Iglesia había proporcionado ayuda humanitaria a los manifestantes durante las manifestaciones de 2019 contra una propuesta de ley de extradición.
En cumplimiento de la nueva ley, «han arrestado a periodistas, activistas políticos y hombres de negocios católicos acusados de sedición». Algunos de los defensores de la democracia más destacados encarcelados eran cristianos, entre ellos el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai y la antigua líder estudiantil Agnes Chow, ambos católicos, y Joshua Wong, activista estudiantil protestante. Un miembro de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Johnnie Moore, anunció que incorporaba a Jimmy Lai entre los Prisioneros de Conciencia por motivos religiosos.
Tal vez el grupo espiritual de China que afronta la persecución más grave sea Falun Gong, movimiento basado en la tradición budista. Considerado xie jiao (enseñanza heterodoxa o culto malicioso), Falun Gong está prohibido. En 2019, arrestaron a miles de sus seguidores por practicar sus ejercicios de meditación.
En 2019, una investigación independiente sobre las acusaciones de extracción forzosa de órganos de los prisioneros de conciencia, presidida por el abogado británico Sir Geoffrey Nice, concluyó «fuera de toda duda razonable» que «en toda China se ha estado realizando una extracción forzosa de órganos a una escala importante… y que los practicantes de Falun Gong han sido una de las fuentes (probablemente la principal) de suministro de órganos».
Un efecto colateral de la represión del Gobierno chino de los derechos humanos, derechos religiosos incluidos, es la represión de los defensores de los derechos humanos, sobre todo de abogados, muchos de ellos cristianos o contratados para defender a personas arrestadas en casos relacionados con la libertad religiosa. En 2015, las autoridades lanzaron una importante campaña a raíz de la cual «interrogaron, detuvieron y, en algunos casos, encarcelaron o hicieron desaparecer […] a unos 300 abogados y defensores de los derechos humanos, además de a sus colegas y a los miembros de sus familias». Aún hoy, la mayor parte de ellos siguen bajo algún tipo de detención, o han sido inhabilitados para el ejercicio de su profesión.
Quizás uno de los ámbitos más significativos de preocupación para la libertad religiosa en China sea la instalación generalizada de cámaras de seguridad enormemente sofisticadas equipadas con tecnología de reconocimiento facial para vigilar a la población. Aunque se empezaron a utilizar en la inestable provincia de Sinkiang como forma de controlar a la población uigur, mayoritariamente musulmana, en la actualidad se están introduciendo rápidamente elementos de vigilancia estatal en toda la nación, que tiene 1,4 miles de millones de habitantes.
La pandemia de la COVID-19 que se inició a principios de 2020 no ha facilitado las cosas; ha tenido una repercusión significativa sobre los derechos humanos en China, entre ellos, la libertad de religión y creencia, sobre todo en lo que al uso de la tecnología se refiere. De hecho, «gran parte de la tecnología de reconocimiento facial que se utilizó en la lucha contra el coronavirus ya se utiliza para controlar la asistencia a iglesias y mezquitas, y las nuevas aplicaciones recogen aún más datos sobre la vida diaria de los ciudadanos de China». Preocupa especialmente que el «sistema de semáforo», que asigna a los individuos un color dependiendo de su riesgo potencial en la propagación de la COVID-19 y que indica si pueden viajar libremente o no, se podría usar para restringir la libertad de movimientos de los individuos que el Gobierno considera «sensibles», como los fieles religiosos o los defensores de los derechos humanos».
Actualmente, la libertad de religión en China está sometida a la represión más dura que haya vivido el país desde la Revolución Cultural. La toma de decisiones está más centralizada, la represión es más intensa y generalizada, y se está perfeccionando la tecnología para crear un Estado de vigilancia. Bajo el actual liderazgo de Xi Jinping, el panorama de la libertad religiosa, y de los derechos humanos en general, se está volviendo cada vez más sombrío. Sin perspectivas de una liberalización política significativa, la represión y la persecución continuarán y, con las herramientas que proporciona la tecnología moderna, se irá haciendo aún más invasiva y generalizada.
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