Camboya es una monarquía constitucional situada en el corazón del sureste de Asia. Su Constitución, adoptada el 21 de septiembre de 1993, garantiza el derecho a la libertad religiosa. Conforme al artículo 43: «Los ciudadanos jemeres (camboyanos) de cualquier sexo tendrán derecho a la libertad de creencia. La libertad de creencia religiosa y culto estará garantizada por el Estado, y sujeta a la condición de que dicha libertad no afecte a las creencias religiosas de los demás o viole el orden y la seguridad públicos».
La población camboyana es fundamentalmente budista. La mayor parte practica el budismo theravada, religión que ocupa un lugar central y dominante en la vida de la nación. Este hecho está reconocido por la Constitución. El artículo 43 estipula que «el budismo será la religión del Estado». La ley fundamental del reino especifica, además, que el Estado apoyará la enseñanza del budismo (artículo 68). No obstante, también prohíbe la discriminación a causa de la filiación religiosa. El artículo 31 de la Constitución proclama el principio de igualdad: «Todo ciudadano jemer será igual ante la ley, disfrutando de los mismos derechos y libertades, y cumpliendo las mismas obligaciones con independencia de su raza, color, sexo, idioma, creencia religiosa, tendencia política, nacimiento, origen, estatus social, riqueza o cualquier otra condición».
No está permitido que los grupos religiosos desacrediten a otros grupos religiosos, aunque no se persigue. Los grupos religiosos no tienen permitido implicarse en actividades políticas de ningún tipo.
Las organizaciones religiosas tienen que registrarse ante el Ministerio de Cultos y Religiones y aportar información sobre su estructura, objetivos, creencias, financiación y dirección. Anualmente deben entregar una relación de sus actividades. No se penaliza que no se registren, pero, al no hacerlo, no pueden solicitar exenciones fiscales al Ministerio de Economía y Finanzas. Los lugares de culto y los colegios confesionales se tienen que registrar obligatoriamente, aunque no ha habido informes de que el Ministerio de Cultos lo hiciera cumplir.
Está prohibido que se imparta formación religiosa no budista en la escuela pública, pero se permite en los colegios privados. Los alumnos no budistas de la escuela pública pueden quedar exentos de la formación religiosa porque no forma parte del plan de estudios obligatorio.
Los grupos no budistas no pueden realizar proselitismo en público, aunque su literatura sí se puede distribuir en las instituciones religiosas.
A la luz de estas disposiciones constitucionales y legislativas, podría parecer que los camboyanos disfrutan de un grado de libertad religiosa entre moderado y alto. Esto contrasta con la situación de otras libertades y derechos fundamentales que el régimen autoritario del país ha estado limitando bajo el gobierno de Hun Sen, primer ministro desde 1985.
Como religión de Estado, el budismo representa un importante papel político en la cultura y la vida diaria de los camboyanos. Aunque el clero budista debe permanecer al margen de la política, las crecientes tensiones sociales les obligan de vez en cuando a implicarse más directamente en la vida política.
En 2019, un año después de que el Partido Popular Camboyano del primer ministro Hun Sen consolidara efectivamente un gobierno de partido único, Camboya aprobó «una serie de leyes represivas, así como enmiendas a leyes en vigor, entre ellas las enmiendas a la ley sobre partidos políticos, la ley sobre organizaciones no gubernamentales y la ley sobre sindicatos, e introdujo una cláusula de lesa majestad en el Código Penal» que «restringe gravemente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación». Aunque estas medidas probablemente están dirigidas a limitar la oposición política, podrían ser perjudiciales también para la libertad religiosa.
Camboya forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
En noviembre de 2018, la Cámara Extraordinaria en las Cortes de Camboya condenó a Nuon Chea y Khieu Samphan por genocidio. Ambos, que habían servido bajo el régimen comunista de los Jemeres Rojos de Pol Pot (1975-1979), ya cumplían condenas de cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. También fueron condenados por el genocidio de la minoría vietnamita de Camboya. Nuon Chea también fue condenado por el genocidio contra la minoría musulmana cham.
El destino de los montagnards sigue siendo una cuestión actual. El Gobierno camboyano se ha mostrado enormemente hostil hacia esta minoría fundamentalmente cristiana originaria de las montañas centrales de Vietnam, de donde huyeron por motivos religiosos y políticos. En los últimos años, las autoridades no han dudado en devolver a los montagnards a Vietnam en contra de su voluntad. Muy pocos han conseguido que la oficina local de ACNUR les conceda el estatus de refugiados. De los 200 que huyeron de Vietnam en 2017, 29 seguían en Camboya en 2018 y el Gobierno ha accedido a permitirles viajar a un tercer país.
En Camboya sigue habiendo algunos grupos o prácticas relacionados con la superstición. Entre 2012 y 2018 se cometieron numerosos actos de violencia vinculados a la brujería. Se dice que los miembros de la comunidad budista siguen creyendo que los cham, mayoritariamente musulmanes, y otros grupos minoritarios practican la brujería.
Las comunidades cham también se han tenido que enfrentar a otros problemas. En un incidente de 2019, se ordenó la reubicación de los cham que vivían en los aledaños del río Mekong cerca de la capital, Nom Pen, porque el Gobierno quería «embellecer» la ciudad para la Cumbre Asia-Europa (ASEM) de noviembre de 2020 que posteriormente se pospuso a mediados del 2021.
La minoría étnica phnong, mayoritariamente animista, es otro grupo que sufre discriminación. En enero de 2018, las autoridades de Mondal Kuri, provincia situada al este de Camboya, presionaron a los phnong para que votasen al partido en el Gobierno, predominantemente budista, si querían recibir servicios públicos u obtener documentos legales, como certificados de nacimiento.
En febrero, los phnong de dicha provincia presentaron una demanda ante la Asamblea Nacional acusando a un funcionario local de impedirles celebrar una ceremonia religiosa; un año después, la Asamblea aún no ha intervenido.
Igual que muchos países vecinos, Camboya parece haber manejado bastante bien el virus de la COVID-19. El 28 de septiembre se informó de que había 276 casos y ningún fallecido, y el país ha realizado más de 134 000 pruebas. La inmensa mayoría de los casos fueron importados. Desgraciadamente, el Gobierno ha responsabilizado de la pandemia a los grupos vulnerables. El 17 de marzo, el Ministerio de Salud, en su página oficial de Facebook, mencionaba a determinados grupos de personas que habían contraído el virus, por ejemplo, el «islam jemer». Esto alimentó el discurso de odio contra los musulmanes y las minorías étnicas en las redes sociales. Ese mismo día, el primer ministro Hun Sen anunciaba la prohibición temporal de reuniones religiosas, prohibición que se levantó el 7 de septiembre.
A pesar del reciente éxito de la economía camboyana, la frustración está creciendo, especialmente entre los jóvenes. El pueblo está cansado de la corrupción, del autoritarismo que caracteriza al partido en el gobierno y de la concentración de la riqueza del país en manos de una élite cercana al primer ministro Hun Sen, reelegido en 2018 tras una brutal represión contra los líderes de la oposición. Está claro que, comparado con sus vecinos vietnamitas o chinos, los camboyanos viven en un régimen mucho más tolerante y respetuoso con la libertad de religión, a pesar de la violación de otros derechos humanos y políticos. En actos celebrados con grupos musulmanes y cristianos, Hun Sen manifestó el aprecio por su apoyo y subrayaba la importancia de la armonía religiosa y étnica, si bien es cierto que en el pasado había advertido de que las amenazas a su régimen podían suponer la pérdida de este nivel de libertad religiosa. Sin embargo, la falta de respeto a otros derechos humanos básicos por parte de un partido que lleva tanto tiempo en el gobierno es un motivo de preocupación para el futuro de la libertad religiosa de Camboya. La combinación de frustraciones latentes que se dilatan en el tiempo y el monopolio de poder que actualmente ejerce el régimen de Hun Sen no augura un futuro de estabilidad social y política en el país.
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