La Constitución de Bután reconoce que «el budismo es el legado espiritual de Bután» (artículo 3, 1) y que todas las instituciones religiosas tienen la responsabilidad de «promover el legado espiritual del país garantizando al mismo tiempo que la religión permanezca separada de la política» (artículo 3, 3). Al mismo tiempo, establece que los ciudadanos butaneses «tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión», y prohíbe la «coerción o inducción» para la pertenencia a una fe religiosa (artículo 7, 4).
Es difícil conciliar ambos principios. De hecho, el principio constitucional de libertad religiosa es aún relativamente nuevo en Bután, después de siglos de monarquía absoluta y de gobierno clerical budista. La Comisión Electoral de Bután defiende el principio de separación entre el Estado y la religión conforme a la ley de organizaciones religiosas de 2007 «para garantizar que instituciones y personalidades religiosas permanezcan por encima de la política» (artículo 13, e).
Aunque el principio de libertad religiosa se encuentra en la Constitución, está prohibido hacer proselitismo. Organizaciones no gubernamentales como Alliance Defending Freedom (ADF), han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el lenguaje legal en contra de la «inducción» sea «equiparable a la legislación en contra de las conversiones». No se permite la entrada en el país de personal religioso que no sea budista y las religiones no budistas se tienen que practicar en privado. Los grupos religiosos no budistas no tienen permitido poseer propiedades ni cementerios.
La ley exige a los grupos religiosos obtener una licencia para celebrar reuniones religiosas públicas. Las Iglesias cristianas han solicitado el registro en la Comisión para las Organizaciones Religiosas, pero siguen esperando su aprobación. Sin embargo, sí se ha reconocido a un organismo hindú, la Hindu Dharma Samudaya de Bután, que ha podido construir templos.
El budismo vajrayana, variante del budismo tántrico tibetano, es la religión del Estado. El budismo y su inmenso clero (más de 12 000 monjes) representan un papel público central en la vida de Bután. Respecto a la libertad religiosa, tal y como reflejan los incidentes, las cuestiones religiosas no han cambiado mucho en los dos últimos años.
No hay información verificable sobre la opresión de los no budistas, pero algunos misioneros han contado experiencias negativas. Por ejemplo, Puertas Abiertas ha registrado ejemplos de presión social y discriminación laboral a cristianos conversos, aunque ya hemos dicho que ninguno de ellos se ha podido verificar a través de terceros. El pastor Tandin Wangyal, en prisión desde 2014 confirma que las autoridades locales discriminan y persiguen con frecuencia a los cristianos, pero esto varía según la región del país. Los cristianos butaneses salen al extranjero, por ejemplo, a la vecina India, para recibir formación religiosa. En el período estudiado en este informe, no se han producido incidentes violentos relacionados con la discriminación religiosa en Bután.
También los hindúes sufren los prejuicios, sobre todo los refugiados lhotshampas butaneses. Los lhotshampas son un grupo étnico nepalí mayoritariamente hindú que se establecieron en el sur de Bután a principios del siglo XX; sin embargo, en la década de 1990, el Gobierno emprendió una política de «butanización» de los lhotshampas. Expulsaron a más de cien mil, que se acabaron convirtiendo en apátridas que viven en campos de refugiados en Nepal. En 2003 fracasaron unas negociaciones con Bután por lo que Naciones Unidas colaboró en la reubicación de aproximadamente 112 800 refugiados lhotshampas en otros países, como Estados Unidos, Canadá y Australia (Nepal se negó a admitir refugiados). En 2019, Nepal reanudó las conversaciones con Bután para la repatriación de los 6500 refugiados restantes, pero, tal y como demuestra la manifestación realizada por los lhotshampas delante de la oficina de Naciones Unidas en Nepal, las iniciativas para la repatriación aún no han tenido éxito.
Bután ha afrontado relativamente bien la pandemia de COVID-19. Gran parte de su éxito se ha debido a su rápida respuesta, cerrando las fronteras durante dos semanas en cuanto se confirmó el primer caso, un turista estadounidense de 76 años, el 6 de marzo. En el momento de redactar este informe, Bután está volviendo a abrirse y regresando a la normalidad, aunque con menos visitantes y el turismo regulado de forma más estricta.
Aunque durante el período estudiado en este informe no se han cometido violaciones de la libertad religiosa en Bután, la aplicación de la nueva Constitución que excluye a las religiones no budistas no augura nada bueno para la libertad de religión. Lo más probable es que la discriminación aumente y se convierta en lo normal. No parece que los esfuerzos realizados para resolver la cuestión de los lhotshampas vayan a atraer la atención del Gobierno. La discriminación de facto en Bután contra los no budistas ha contribuido, sin duda, a esta situación que, probablemente, continuará igual.
Bhután