La libertad de religión en Bangladés es paradójica en sí misma. Por un lado, la Constitución establece que, «sujeto a la ley, el orden público y la moralidad, todo ciudadano tiene el derecho a profesar, practicar o difundir todas las religiones» (artículo 41, 1, a). Por otro lado, el mismo documento reconoce el laicismo como principio básico a la vez que consagra el islam como religión de Estado.
Concretamente, el preámbulo y el artículo 8 respectivamente describen el laicismo como un ideal elevado y uno de los «principios fundamentales de la política estatal». El artículo 12, suspendido hace años y restaurado en junio de 2011 a través de la 15.ª enmienda, establece: «El principio de laicismo se materializará mediante la eliminación de: (a) el comunismo en todas sus formas; (b) la concesión por parte del Estado de un estatuto político a cualquier religión; (c) el abuso de la religión con fines políticos; (d) cualquier discriminación o persecución contra personas que practiquen una religión determinada». Sin embargo, el artículo 2 A estipula que «la religión de Estado de la República es el islam», con la salvedad de que «el Estado garantizará el mismo estatus y los mismos derechos a la práctica a hindúes, budistas, cristianos y otras religiones».
Esta paradoja se mantiene. El 28 de marzo de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia de Bangladés defendió el estatus del islam como religión de Estado. Con el país desgarrado por las tensiones políticas y el islam creciendo, los jueces fallaron a favor del lugar preeminente del islam en el orden constitucional.
Bangladés proclamó su independencia en 1971 y desde entonces está tropezando continuamente con la cuestión de su identidad fundamental. Actualmente el país se encuentra en una posición ambivalente. Oficialmente, la Liga Awami en el poder fomenta e impone desde arriba el laicismo, pero a nivel social una fuerte corriente de islamismo extremista sigue generando una hostilidad significativa contra las minorías religiosas.
A la vez que el islam suní ocupa un importante lugar en el sentido de identidad del país, muchos bangladesíes también se sienten orgullosos de sus tradiciones tolerantes y moderadas. En 1972 Bangladés adoptó una Constitución basada en una identidad lingüística y laica. Sin embargo, en 1988 un régimen militar dirigido por el general Husain Muhamad Ershad modificó la Constitución para convertir al islam en religión de Estado. Desde entonces, un poderoso movimiento político y social está intentando reforzar el laicismo mientras un movimiento opuesto fomenta la islamización.
Este conflicto en torno a la identidad nacional ha cristalizado en dos facciones ideológicas enfrentadas: «laicistas» contra «islamistas». Para el historiador Samuel Berthet: «La relación entre la religión y el Estado es clave en la historia de la partición de la India y la separación de Pakistán en 1947, así como en la historia del proyecto de construcción nacional desde su creación en 1971».
Originalmente, Bangladés formaba parte de Pakistán Oriental, pero en 1971 se separó de él mediante una violenta guerra de liberación. Las estimaciones sobre el número de vidas perdidas en la guerra oscilan entre 300 000 y tres millones de personas. Las fuerzas del Pakistán Occidental se unieron a los islamistas de Pakistán Oriental para defender un concepto islámico de nación y se enfrentaron sin éxito a los secesionistas. «En la época de la creación de Bangladés, la referencia a la religión se asociaba con la tutela pakistaní, mientras el laicismo se relacionaba con el proyecto de la nación bangladesí», explica Berthet.
El conflicto entre laicistas e islamistas se ha mantenido sin cambios hasta la actualidad, con consecuencias ambivalentes para la libertad religiosa en el nivel político de las leyes y las políticas oficiales, además de en el nivel social de la cultura y las actividades de actores no estatales. Desde que accedieron a la dirección del Gobierno en 2009, los laicistas vinculados al partido político gobernante, la Liga Awami, dirigidos por la primera ministra Sheikh Hasina, se han enfrentado en numerosas ocasiones y de forma agresiva al islamismo extremista. Por ejemplo, el Gobierno dirigido por la Liga Awami procesó a los líderes de un partido islamista, la Jamaat e islami, por su implicación en las violaciones de los derechos humanos durante la guerra de 1971. «Entre diciembre de 2013 y septiembre de 2016, condenaron a la horca y ejecutaron a unos seis líderes islamistas de alto rango, uno de ellos Motiur Rahman Nizami, de 73 años, exdirigente de la Jamaat e islami».
Por lo general, el Gobierno de la Liga Awami trata de reducir la influencia islamista en la sociedad y la política. Sin embargo, las políticas laicistas también han violado en muchas ocasiones la libertad religiosa y otras libertades civiles, y probablemente la propia intransigencia de estas políticas haya ayudado a alimentar la polarización social y política tanto como la reacción islamista.
El Gobierno de orientación laica de la Liga Awami ha «aprobado leyes formidables… restringiendo el discurso religioso, ejerciendo un férreo control sobre el islam, prohibiendo los partidos religiosos, reaccionando de forma desproporcionada a la violencia religiosa y reprimiendo a los adversarios políticos».
Incluso los juicios por crímenes de guerra contra los líderes islamistas han suscitado las críticas de los observadores internacionales por la falta de protección de los derechos de los acusados.
Para contraatacar estas iniciativas de la Liga Awami, los islamistas extremistas han iniciado una campaña masiva de ataques violentos contra blogueros laicos y activistas defensores de los derechos humanos, además de contra las minorías religiosas, especialmente contra los hindúes y los cristianos. «Entre enero de 2005 y diciembre de 2017, unas 746 personas han muerto en atentados terroristas islamistas, entre ellas 339 presuntos terroristas», apunta Christine Fair, experta en seguridad de Asia Meridional. «El 91% de estos atentados se ha producido después de 2013».
Sin embargo, el período que se inició en 2017 parece ser en cierto modo una «época de inactividad», en la que se ha producido una clara reducción de la violencia islamista. De hecho, como se apunta más tarde, los atentados islamistas contra las minorías religiosas han desparecido prácticamente, aunque podría deberse a que los extremistas se han ocultado temporalmente para dedicarse a la recaudación de fondos y al reclutamiento.
A diferencia de Pakistán, Bangladés no tiene ninguna ley anti-blasfemia. Sin embargo, el Código Penal de 1860, de época colonial, tipifica como delito ofender, herir, o «ultrajar los sentimientos religiosos» de otras personas (artículos 295 A y 298). Además, Bangladés aprobó en 2006 una ley de tecnología de la información y comunicación, posteriormente endurecida por el Gobierno de la primera ministra Shaykh Hasina en 2013, según la cual es ilegal publicar en internet contenido que pueda «perturbar el orden público o la ley» o que se base en la difamación contra las religiones. Esta ley se ha utilizado para meter en la cárcel a periodistas, estudiantes y profesores.
Por encima de la ley de tecnología de la información, el Gobierno bangladesí promulgó una ley de seguridad digital en octubre de 2018 que otorga a la policía la facultad de detener a cualquier persona, por ejemplo, a periodistas, sin previo mandato judicial. Los defensores de los derechos humanos defienden que la vaguedad de la ley concede al Gobierno «licencia para suprimir todo tipo de voces críticas». Entre octubre de 2018 y mayo de 2019 se presentaron más de mil denuncias basadas en esta ley de seguridad digital y fueron arrestados numerosos periodistas, sobre todo por criticar a los políticos del partido gobernante, pero también por cuestiones que restringen el discurso y la expresión religiosa.
Uno de estos casos es el del cantante tradicional Shariat Boyati, arrestado por la ley de seguridad digital en enero de 2020 acusado de «herir los sentimientos religiosos». Según la organización Christian Solidarity Worldwide, Boyati «utilizaba las letras de sus canciones para criticar a un sector de los clérigos musulmanes fundamentalistas por tergiversar las enseñanzas filosóficas islámicas». En marzo de 2020, un político de la Liga Awami presentó una denuncia contra un activista que utilizó Facebook para criticar la decisión del Gobierno de invitar al primer ministro indio Narendra Modi a realizar una visita de Estado.
Además, al menos en un caso se invocaron las leyes que restringen la libertad de expresión para proteger a la comunidad católica de un aparente discurso difamatorio. En mayo de 2019, invocando la ley de seguridad digital, la policía arrestó al poeta católico Henry Sawpon por «ofender los sentimientos religiosos de los católicos» en numerosas publicaciones en redes sociales en las que criticaba al clero católico. Después del arresto, el padre Lawrence Gomes, sacerdote de Barishal, ciudad del sur de Bangladés, presentó una denuncia. Finalmente, Sawpon fue puesto en libertad bajo fianza al día siguiente de su arresto; UCA News informó posteriormente de que «el padre Gomes, el denunciante, dijo que la Iglesia había decidido no oponerse a la petición de fianza de Henry porque este se había comprometido a disculparse por lo que había hecho».
La violencia islamista contra las minorías parece haberse reducido en los últimos cuatro años. Según el Consejo de Unidad Hindú, Budista y Cristiana de Bangladés, una acreditada organización imparcial no gubernamental defensora de los derechos humanos establecida en el país en 1975, el pico en el número de incidentes violentos contra las minorías religiosas se registró en el año 2016, con 1471 casos, frente a los 262 de 2015. Esta misma organización en 2017 registró 959 casos de violaciones de los derechos de las minorías basándose en las informaciones aparecidas en los medios de comunicación entre enero y octubre. En 2018, documentó 806 casos de persecución religiosa contra las minorías. La organización no publicó cifras ni aportó documentación sobre 2019, pero en su Brief Yearly Report on the Minority Situation (Breve informe anual de la situación de las minorías) apunta que los ataques contra las minorías han seguido disminuyendo.
Informes de otra acreditada organización defensora de los derechos humanos, AIN o Salish Kendra (ASK), corroboraron este dispar panorama de descenso general en la violencia contra las minorías a pesar de las graves violaciones actuales. De enero a noviembre de 2019, la ASK registró 101 personas heridas en actos de violencia contra minorías religiosas; al menos 71 lugares de culto, monasterios o estatuas fueron atacados, y 53 viviendas de minorías religiosas fueron asaltadas. En los dos primeros meses de 2020, sin embargo, la ASK apuntó que la violencia contra las minorías religiosas había descendido a un solo herido, y hubo un ataque a una vivienda y a 11 lugares de culto, estatuas o monasterios.
A pesar de esta aparente reducción de la violencia contra las minorías, varias comunidades de Bangladés siguen enfrentándose a una persecución continua, Entre los más vulnerables se encuentran los hindúes, los budistas, los ahmadíes y los cristianos. Los datos recogidos por ASK indican que en 2019, hindúes y ahmadíes fueron, con mucha diferencia, las víctimas más frecuentes de la persecución. Por ejemplo, en septiembre de 2019, fue atacada una mezquita ahmadí en construcción en el norte de Bangladés. Al parecer unos 400 alumnos de las madrasas cercanas «arrasaron el edificio con armas caseras»; según la comunidad ahmadí de la zona, los agentes de policía que presenciaban los hechos no hicieron nada. En enero de 2020, otra mezquita ahmadí sufrió el ataque de los alumnos de una madrasa en la división de Chittagong. «Los testigos denunciaron que también atacaron las casas de los ahmadíes del vecindario». Después del incidente, los estudiantes organizaron una manifestación en la que pedían una ley que declare que los ahmadíes no son musulmanes.
En septiembre de 2019, el Daily Star (Dacca), el diario más importante de Bangladés, informó de que unos desconocidos habían asesinado a cuatro miembros de una familia budista que vivía en un pueblo de mayoría budista en Bazar de Cox, al sudeste de Bangladés. Entre las víctimas había dos niños menores de diez años.
En abril y mayo de 2020, la Asociación Cristiana de Bangladés, importante grupo cristiano defensor de los derechos humanos, denunció tres casos de violencia contra la comunidad cristiana. «Dos cristianos recibieron una paliza en una disputa por unas tierras en el distrito de Sherpur; otros cristianos recibieron amenazas y palizas por negarse a pagar a los prestamistas del distrito de Barisal, y apalearon a un joven cristiano al que habían acusado en falso de ser traficante de drogas, según Nirmol Rozario, presidente de la Asociación Cristiana de Bangladés».
Solo en mayo de 2020, según la Federación Hindú Mundial, unos 30 ataques islamistas tuvieron como objetivo a la minoría hindú del país. Entre estos incidentes se cuentan ataques contra templos hindúes, conversiones forzadas, violaciones y secuestros de niñas hindúes, robo de tierras a los hindúes, desplazamiento de más de 40 familias hindúes, y el asesinato de cuatro miembros de esta comunidad.
En septiembre de 2020, varias fuentes denunciaron unos 50 ataques contra las comunidades minoritarias hindú, budista y cristiana. Según el Consejo de Unidad Hindú, Budista y Cristiana de Bangladés, así como otras organizaciones que representan a los grupos religiosos minoritarios, la mayor parte de estos ataques se produjeron en Chittagong Hill Tracts (los pueblos de las colinas de Chittagong), una serie de distritos de la división de Chittagong en el sudeste de Bangladés, en la frontera con la India y Myanmar.
Los miembros cristianos de los grupos tribales indígenas como los garos y los jasis siguen sufriendo la persecución. Simone Marak, comerciante y defensor de los cristianos que vive en Pegamari, en el distrito de Tangail del centro de Bangladés, declaró: «Nos enfrentamos a mucha persecución. Aparte de las agresiones físicas y de las conversiones forzosas, con frecuencia cargan contra nuestro medio de vida: destruyen nuestras granjas, tiendas y establecimientos, profanan nuestras iglesias y también nos enfrentamos a una gran discriminación social y económica».
En los Chittagong Hill Tracts, parte de la violencia contra las minorías religiosas proviene de las permanentes tensiones entre las comunidades indígenas (fundamentalmente budistas, hindúes y cristianas) y los colonos bengalíes, que son mayoritariamente musulmanes. Muchas de estas tensiones giran en torno a la propiedad de las tierras. Por poner un ejemplo, en una zona de mayoría budista cerca de los Chittagong Hill Tracts, un monje budista se sirvió de las divisiones religiosas para quedarse con tierras de católicos, musulmanes y correligionarios budistas.
Durante los años 2019 y 2020 el Gobierno central siguió aplicando una disposición legal emanada del acuerdo de paz de Chittagong Hill Tracts de 1997 para intentar reducir las tensiones. Al mismo tiempo, muchas organizaciones no gubernamentales y activistas afirman que el Gobierno ha recurrido con demasiada rapidez a la militarización y la represión para resolver los conflictos de la región.
En un país densamente poblado en el que la propiedad de la tierra es enormemente apreciada, muchas organizaciones no gubernamentales denuncian que las minorías étnicas y religiosas son altamente vulnerables a que ser desposeídos de ella. Por ejemplo, en la zona de Ghoraghat del distrito de Dinajpur al norte de Bangladés, miembros católicos del grupo étnico indígena santal, con la ayuda de la Iglesia católica y de organizaciones no gubernamentales como Cáritas, han luchado durante el período estudiado en este informe para recuperar las tierras de labranza de sus antepasados que han pasado a manos de propietarios musulmanes. Por el momento han tenido escaso éxito.
Aunque el islamismo ha sido la mayor fuente de persecución religiosa violenta en el país durante más de veinte años, la violencia islamista contra las minorías parece estar disminuyendo, al menos de momento. Bajo un Gobierno que ha tomado enérgicas medidas contra la militancia islamista, las minorías religiosas parecen haber disfrutado en 2020 de una seguridad mayor que en ningún otro momento desde 2015.
Las autoridades bangladesíes también merecen reconocimiento por proporcionar un refugio seguro a los más de 700 000 rohinyás mayoritariamente musulmanes que han huido de la vecina Myanmar desde agosto de 2017, aunque parece que encontrar una solución a largo plazo para su difícil situación está tan lejos como antes.
Sin embargo, la disfuncional vida política del país proyecta una sombra negativa sobre las perspectivas de la libertad religiosa y le impide tener fundamentos sólidos y permanentes. Los observadores internacionales criticaron las elecciones generales celebradas a finales de 2018 porque, antes de las votaciones, el Gobierno encarceló a la líder de la oposición Khaleda Zia, del Partido Nacionalista de Bangladés. El resultado hizo que aumentase la desconfianza entre los laicistas del país y quienes apoyan un mayor papel político para el islam. Esta tendencia ha debilitado el Estado de derecho, alimentando la movilización islamista. De hecho, la segunda mitad de 2020 ha sido testigo de un repunte de la violencia islamista contra las minorías religiosas. Parece urgente acometer iniciativas dirigidas a reconciliar a la nación si se pretende que Bangladés cumpla el mandato constitucional de respetar la libertad religiosa de todos los ciudadanos.
Bangladesh