La libertad de religión es un derecho protegido en Austria mediante una combinación de leyes, tratados y convenios, junto a la Ley Constitucional Federal y la Ley básica sobre los derechos generales de los ciudadanos. La libertad de religión incluye los derechos a unirse, o no, a cualquier iglesia o comunidad religiosa, y a abandonarla. Se garantiza a todos los individuos el derecho a practicar una religión individual o colectivamente, mediante el culto, la enseñanza, la oración y la observancia de las costumbres religiosas.
El artículo 7 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley básica sobre los derechos de los ciudadanos establecen que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que se prohíben los privilegios basados en la religión. Están protegidas las libertades de expresión, creencia y conciencia. La ley permite realizar un servicio alternativo a los objetores de conciencia.
La ley penal prohíbe «perturbar la práctica de la religión» (artículo 189). Las penas por causar daños o robar en lugares dedicados al culto o contra objetos sagrados son más severas (artículos 126 y 128).
La ley austriaca «de facto» sobre blasfemia establece que «cualquier individuo que menosprecie o se burle de una persona o cosa que sea objeto de culto de una iglesia doméstica o sociedad religiosa, o de una doctrina, o [cualquier otro] comportamiento» es penalmente responsable (artículo 188). En octubre de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó sobre la compatibilidad de esta ley con el derecho a la libertad de expresión garantizada en el artículo 10 del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el caso de E. S. contra Austria, el demandante había sido condenado conforme al artículo 188 del código austriaco por plantear que Mahoma, el profeta del islam, tenía «tendencias pedófilas» al «referirse al matrimonio que contrajo Mahoma con Aisha cuando esta tenía seis años y consumó cuando ella cumplió nueve». El Tribunal europeo defendió que los tribunales austriacos «no habían excedido su (amplio) margen de valoración» y estaban en «una posición mejor para evaluar qué afirmaciones podrían perturbar la paz religiosa en su país».
La sección 283 del Código Penal prohíbe el discurso de odio: la incitación al odio contra una persona o grupo (entre ellos las Iglesias y sociedades religiosas), o el insulto contra una persona o grupo «con intención de menoscabar [su] dignidad humana». En diciembre de 2020, el Consejo Federal aprobó por escaso margen un paquete legislativo en el que se encontraba una ley para combatir el discurso de odio en línea que obliga a las plataformas (cuando cumplen una serie de criterios) a bloquear el contenido ilegal durante un período determinado. La ley entró en vigor el 1 de enero de 2021.
Austria es un Estado laico y el sistema legal es neutral desde el punto de vista religioso. Por razones históricas, Austria mantiene una relación especial con la Iglesia católica romana, reguladas por el Concordato con la Santa Sede de 1933 y por otras leyes, entre ellas unos acuerdos especiales sobre cuestiones educativas y económicas.
Conforme a la ley, los grupos religiosos se dividen en tres categorías (de mayor a menor estatus): iglesias y sociedades religiosas oficialmente reconocidas, comunidades confesionales religiosas y asociaciones . Las sociedades religiosas oficialmente reconocidas tienen derecho a celebrar actos de culto públicos, a la administración autónoma de sus asuntos internos, a fundar colegios privados (subvencionados por el Estado) y a impartir formación religiosa con financiación pública en la escuela, tanto pública como privada. El reconocimiento legal confiere a la Iglesia o comunidad religiosa el estatuto de persona jurídica y capacidad legal privada.
Para que un grupo reciba el reconocimiento como sociedad religiosa debe estar reconocido como tal desde antes de 1998 o contar con un número de miembros igual o superior al 0,2% de la población, y existir desde hace veinte años (diez de ellos como grupo organizado y cinco como «comunidad confesional»).
Los grupos religiosos no reconocidos como sociedades pueden conseguir el reconocimiento como «comunidades confesionales», lo que les confiere personalidad jurídica, pero sin los beneficios económicos, de inmigración y educativos de los que disponen las sociedades religiosas. Estos grupos tienen que contar con un mínimo de 300 miembros y presentar sus estatutos de gobierno y una explicación por escrito de su doctrina religiosa. La Oficina de Asuntos Religiosos (de la Cancillería Federal) determina si un grupo se puede clasificar como comunidad confesional o no.
La formación religiosa es obligatoria hasta los 14 años y recibe financiación pública en proporción al número de niños que pertenecen a cada una de las sociedades religiosas reconocidas. Algunos colegios ofrecen asignaturas de ética para los niños que optan por no asistir a la formación religiosa, pero tanto la formación ética como la religiosa presentan los principios de distintos grupos religiosos.
En diciembre de 2020, el Tribunal Constitucional revocó la prohibición absoluta del suicidio asistido, defendiendo que tal prohibición viola el «derecho a la autodeterminación». Los obispos católicos austriacos reaccionaron a la sentencia, que no permite la eutanasia pero sí algunas formas de «muerte asistida», y pidieron al Parlamento que trabajara en una legislación alternativa y que aumentara «la disponibilidad de centros de cuidados paliativos» para los ancianos.
En diciembre de 2020, el Tribunal Constitucional también revocó una ley que prohibía que los niños de Primaria llevasen «indumentaria religiosa relacionada con prendas que cubren la cabeza». Quedaban excluidos de esa ley los tocados de los niños sijes y las kipás de los judíos por lo que el tribunal dictaminó que «la prohibición selectiva… se aplica exclusivamente a las alumnas musulmanas por lo que las diferencia de forma discriminatoria de otros alumnos».
El Gobierno austriaco lleva años amenazando con cerrar el Centro Internacional para el Diálogo Intercultural e Interreligioso Rey Abdulá bin Abdulaziz, financiado por Arabia Saudí, a causa de las violaciones de los derechos humanos que comete ese país. En junio de 2020 circularon rumores de que el centro se trasladaba a Ginebra. Sin embargo, en octubre de 2020 la organización seguía operando en Austria.
Después del atentado terrorista perpetrado por un extremista musulmán en noviembre de 2020, el Gabinete «acordó la adopción de una amplia serie de medidas dirigidas a solventar las deficiencias en la seguridad identificadas» tras el atentado. «Crearemos un tipo penal llamado “islam político” para poder adoptar medidas contra quienes no son terroristas pero crean el caldo de cultivo adecuado para ellos», tuiteó el canciller Sebastian Kurz después de la reunión del Gabinete. Sin embargo, ese concepto se cambió por el de «asociación extremista de motivación religiosa». Entre las medidas introducidas también se cuentan el registro de todos los imanes del país y la prohibición de símbolos relacionados con las organizaciones extremistas (incluidas las de extrema derecha e islamistas). Además, las autoridades ordenaron que se registrasen una serie de lugares vinculados con los Hermanos Musulmanes y Hamas. Sobre esta acción, el ministro del Interior dijo que no estaba «dirigida contra los musulmanes o el islam como comunidad religiosa. Al contrario, estas medidas también pretenden proteger a los musulmanes cuya religión se utiliza para los fines de una ideología hostil a la Constitución».
El Estado Islámico reivindicó el atentado terrorista de noviembre de 2020, cometido cerca de una sinagoga de Viena. Según los medios de comunicación austriacos, el atacante, que ya había sido condenado por terrorismo con anterioridad y había «engañado» a las autoridades al convencerles de que había terminado con éxito un «programa de desradicalización», también fue a atacar a un grupo de jóvenes católicos en una iglesia cercana. No consiguió entrar en el edificio y fue abatido por la policía. A raíz del atentado, los funcionarios ordenaron que se incrementasen las medidas de seguridad alrededor de las iglesias y sinagogas en todos los estados federales.
Durante el período estudiado en este informe, el Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos registró 28 incidentes anticristianos en Austria, entre los que se cuentan asaltos, robos e incendios provocados y actos de vandalismo en iglesias y contra imágenes cristianas ubicadas en lugares públicos. Entre estos hechos se pueden citar las pintadas realizadas en un edificio de apartamentos en las que se leía «Muerte a los cristianos» y alabanzas al terrorista que cometió el atentado de noviembre de 2020; en octubre de 2020 se produjo una serie de episodios anticatólicos, como el del joven afgano de 19 años que agredió a una monja católica en Graz, el grupo que irrumpió en una iglesia de Viena gritando Allahu akbar y el afgano que gritó «lemas islámicos» en la catedral de San Esteban. En 2019 hubo dos llamadas telefónicas con amenazas de bomba contra la catedral de Viena.
Según los informes de 2018 y 2019 de la OIDDH / OSCE (Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) sobre delitos de odio, la policía austriaca aún no ha registrado o informado de los delitos de odio o incidentes anticristianos. Sin embargo, en noviembre de 2020 se actualizó la base de datos en línea de la policía para que los agentes pudieran registrar los motivos de prejuicio, el religioso entre ellos. Por las aportaciones de la sociedad civil, así como de la Santa Sede, se sabe que en 2018 se produjeron seis ataques contra la propiedad, cuatro agresiones físicas contra personas y tres delitos de amenazas. En 2019 se cometieron 9 ataques contra la propiedad, dos agresiones físicas y un delito de amenazas denunciados por organizaciones de la sociedad civil.
La policía austriaca denunció a la OSCE 28 delitos antimusulmanes para que los incluyese en el informe de delitos de odio de 2018. Estos episodios no estaban clasificados por tipo de delito. Los datos aportados por la sociedad civil sobre el mismo año fueron de 56 delitos contra la propiedad, la mayoría de ellos pintadas en contra de los musulmanes en muros de las calles, casas, colegios y universidades, en el transporte público y en paredes de tiendas. Se registraron cinco agresiones físicas, todas ellas contra mujeres musulmanas, y un delito de amenazas contra una familia a la que amenazaron y hostigaron hasta obligarles a mudarse.
Respecto a 2019, los funcionarios informaron de seis delitos de odio contra musulmanes sin especificar. Los grupos de la sociedad civil denunciaron 113 incidentes, de los cuales 82 estaban relacionados con la propiedad, 21 fueron agresiones físicas y 10 de amenazas. Igual que el año anterior, la mayor parte de las agresiones físicas las sufrieron mujeres musulmanas ataviadas con pañuelos de cabeza. La documentación de la asociación ZARA, que combate el racismo y la islamofobia, registró un fuerte incremento del número de incidentes antimusulmanes (incluidos los cometidos en internet) después del atentado terrorista de noviembre de 2020 en Viena. Un portavoz declaró que las mujeres que llevan pañuelo son las más afectadas. Como muestra comentó el episodio de un hombre que gritó a una mujer «¡Terrorista!, ¡terrorista!» en una estación de tren.
Según el informe sobre delitos de odio de la OSCE, la policía registró 49 delitos antisemitas en 2018. No dividió los incidentes según el tipo de delito. En 2019 la cifra oficial asciende a 30 delitos de odio antisemita. La Comunidad Judía de Viena y el Foro contra el Antisemitismo informaron de que el número de incidentes antisemitas ha aumentado un 9,5% entre 2017 y 2019 alcanzando los 550 (entre ellos 6 agresiones físicas, 18 delitos de amenazas y 78 incidentes relacionados con la propiedad).
Entre los casos registrados a lo largo del período estudiado en este informe, se incluye el atentado terrorista de noviembre de 2020 cerca de la sinagoga de Graz y una serie de delitos antisemitas cometidos en esta misma ciudad en agosto de 2020, entre los que figuran la agresión física contra el presidente de la comunidad judía de la ciudad y una pintada en la que se leía «Palestina Libre» en la sinagoga. En el transcurso de una conferencia de prensa, se describió al autor como «un ciudadano sirio con una motivación islámica». El ministro de Cultura e Integración afirmó que «el antisemitismo, en cualquiera de sus formas, es un ataque contra nuestra comunidad de valores y tenemos la responsabilidad histórica de combatirlo».
Las normas para las reuniones religiosas durante la pandemia de la COVID-19 de 2020 y 2021 han sido en gran medida producto de los acuerdos alcanzados entre las comunidades religiosas y el Gobierno, y se centran en la distancia física y las medidas de higiene, la prohibición de cantar y el aplazamiento de ritos religiosos como las bodas.
En el período estudiado en este informe se han actualizado varias normativas que afectan de forma tangencial a la libertad religiosa en Austria, entre ellas el registro de los imanes y la tipificación como delito del «extremismo de motivación religiosa». La regulación del delito de odio en internet, unida a la ley «de facto» contra la blasfemia de Austria, puede detener las críticas a las ideologías religiosas además de a las ideologías progresistas relacionadas con el género, la sexualidad y el matrimonio. Parece que se está produciendo un mayor riesgo de intolerancia social tanto contra las religiones mayoritarias como contra las minoritarias. El creciente antisemitismo y el aumento de los ataques contra lugares cristianos es una tendencia preocupante que el Gobierno parece estar dispuesto a abordar.
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