El preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina invoca «la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia». El artículo 2 declara: «El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano». El artículo 14 establece que todos los habitantes de la nación gozan del derecho a «profesar libremente su culto». «Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros de Congreso», tal y como apunta el artículo 73. El Congreso puede, conforme al artículo 75 (22), «aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede».
El artículo 93 de la Constitución de Argentina también establece que «al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento […] respetando sus creencias religiosas».
Un acuerdo suscrito entre Argentina y la Santa Sede declara que el Estado argentino reconoce a la Iglesia católica y sus actividades en el país. Los dos países firmaron además un acuerdo sobre jurisdicción militar y asistencia pastoral religiosa en las Fuerzas Armadas.
El Estado asigna fondos públicos a algunos miembros del clero católico.
Conforme al artículo 126 (b) de la ley de educación, debe respetarse la libertad de conciencia de los alumnos. El artículo 128 (c) garantiza a los padres el derecho a tener en cuenta sus creencias religiosas al elegir colegio y universidad para sus hijos.
El artículo 46 (c) del Código Civil y Comercial de la Nación especifica que la Iglesia católica es una entidad de derecho público. El artículo 147 apunta que la Iglesia está gobernada por sus propias estructuras legales. Otras Iglesias, confesiones o entidades religiosas son, de acuerdo con el artículo 148 (e), entidades de derecho privado gobernadas por sus propias normas además de por el Código Civil y Comercial y por sus propios estatutos.
Para obtener el reconocimiento legal, todas las organizaciones religiosas, salvo la Iglesia católica, deben inscribirse en el Registro Nacional de Cultos.
El artículo 17 de la ley del trabajo prohíbe cualquier discriminación entre los trabajadores, y el artículo 73 establece que ningún empleador tiene derecho a preguntar a sus empleados sus opiniones religiosas.
Algunas festividades católicas son días de vacaciones oficiales. Las personas que profesan otras religiones como el judaísmo o el islam también pueden solicitar no trabajar en sus festividades religiosas.
Los sacerdotes tienen derecho a no revelar información obtenida debido a su condición religiosa.
El artículo 80 del Código Penal argentino castiga el asesinato con cadena perpetua, sanción que también se aplica en caso de que el motivo sea religioso. Conforme al artículo 119 (b), en relación con los delitos de abusos sexuales, la sanción es más severa si el autor es miembro del clero.
En agosto de 2018, después de que el Senado rechazara la proposición de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la Coalición Argentina por un Estado Laico animó a los bautizados a renunciar a su fe como «acto de desafiliación».
En septiembre de 2018, un seminario celebrado en Salta sobre el proyecto de ley de libertad religiosa provocó el rechazo de las feministas. El tema trataba el alcance de la objeción de conciencia en la esfera pública. Las feministas denunciaban que esto podría llevar a situaciones de discriminación.
En septiembre de 2018, estudiantes de Mendoza celebraron una reunión en la que decidieron retirar los símbolos religiosos para apoyar la separación entre la Iglesia y el Estado. Por ello se llevaron la estatua de la Virgen María.
En octubre de 2018, el Gobierno de la provincia de Mendoza prohibió todas las actividades y celebraciones religiosas en los centros educativos públicos.
También en octubre de 2018 se presentó un proyecto de ley para incluir los delitos contra la libertad de religión y culto en el Código Penal.
Ese mismo mes, el Gobierno argentino y la Iglesia católica se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un plan por el que el Estado dejará de «sostener el culto católico»; se trata de una visión más moderna de las relaciones Iglesia–Estado dirigida a que los fieles de las distintas religiones sostengan a sus Iglesias.
En noviembre de 2018, el Concejo Municipal de la Ciudad de Rosario aprobó una solicitud de retirada de las imágenes religiosas de colegios y hospitales.
La Delegación de las Asociaciones Israelitas Argentinas registró 834 denuncias por antisemitismo en 2018, un incremento del 107% respecto a las 404 de 2017. Los incidentes más frecuentes fueron los insultos antisemitas expresados en páginas web.
El 25 de febrero de 2019, cinco individuos propinaron una paliza al gran rabino de Buenos Aires, Gabriel Davidovich, en su propia casa; precisó hospitalización.
Ese mismo mes, en la localidad de San Luis unas personas no identificadas profanaron un cementerio judío destruyendo estatuas de mármol, placas de bronce y otros objetos.
En abril de 2019, un tribunal respondió a un recurso de amparo solicitado por la exposición en un centro cultural público de una imagen llamada «la virgen abortera». Como medida de precaución, el juez ordenó que la imagen se exhibiese en una sala con las puertas cerradas y una advertencia de que la imagen podía herir los sentimientos religiosos. Finalmente, el juez ordenó la retirada de la imagen de dicha exposición.
En mayo de 2019, la Embajada Argentina ante la Santa Sede y la Pontificia Comisión para América Latina organizaron una mesa redonda bajo el título «Pluralismo religioso y cultural en América Latina: retos y oportunidades» en la que se debatieron maneras de fomentar el diálogo interreligioso.
En julio de 2019 se cumplieron 25 años del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en el que murieron 85 personas. La comunidad judía y los familiares de las víctimas denunciaron que aún no se habían producido detenciones ni se había hecho justicia.
El 29 de septiembre, en vísperas del Rosh Hashaná, unos vándalos atacaron varias tumbas y destruyeron parte del muro de La Tablada, el cementerio judío más grande del país, cerca de Buenos Aires.
En octubre de 2019, llegó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley para la creación del Registro Provincial de Objetores de Conciencia en el ámbito de la salud. El proyecto de ley exigirá a quienes se quieran acoger a la objeción de conciencia que se identifiquen y presenten una declaración jurada ante las autoridades.
En ese mismo mes, manifestantes vinculadas con el 34 Encuentro Nacional de Mujeres se manifestaron en contra de la postura de la Iglesia católica ante el aborto, intentaron prender fuego a la catedral católica de la Plata y lanzaron piedras contra la policía y los fieles.
En noviembre de 2019, se hicieron públicos los resultados de la Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, que muestra que el 80% de la población cree en Dios y que ha crecido el número de personas «sin religión».
En noviembre de 2019, salió adelante el proyecto de ley para instituir el «Día de la Libertad Religiosa».
Igualmente en noviembre de 2019, se dio inicio en Buenos Aires de la «Noche de los Templos»; para la ocasión, los lugares de culto de varias religiones abrieron sus puertas de cara a presentar sus costumbres y tradiciones.
En noviembre se creó el Primer Consejo Argentino de Diálogo Interreligioso que reúne a la Iglesia católica, las comunidades judías, el Centro islámico y la Federación de Iglesias Evangélicas.
En diciembre de 2019 entró en vigor el protocolo de aborto no punible en caso de violación o peligro para la vida de la madre. El protocolo exige que los objetores de conciencia estén totalmente identificados como tales y, en caso de que no se pueda encontrar otro profesional para realizar el aborto, estarán obligados a practicarlo. El ministro de Salud declaró: «Somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley».
En enero de 2020 se informó de que el censo de 2020 iba a incluir una pregunta sobre la filiación religiosa, algo inédito en los últimos 60 años.
En noviembre de 2020, el Gobierno de Alberto Fernández presentó un nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto, cuyo debate se inició en diciembre. El proyecto de ley incluye la posibilidad de que el aborto se practique hasta las 14 semanas de embarazo sin alegar causa alguna, y más tarde en caso de que el embarazo suponga un riesgo para la salud «de la persona embarazada». El proyecto de ley conserva del protocolo anterior que se puede tener en cuenta la objeción de conciencia, pero adjudica al objetor la responsabilidad de encontrar sin dilación a alguien que practique el aborto.
En noviembre de 2020, la catedral católica de Nuestra Señora del Rosario, en Moreno, sufrió un ataque vandálico con pintura verde, el color utilizado por el movimiento proaborto, en la víspera de una manifestación de grupos provida.
Ante el inicio de la pandemia de la COVID-19, en marzo de 2020 el Gobierno impuso medidas preventivas y el aislamiento social obligatorio, prohibiendo los actos religiosos. Sin embargo, los miembros del clero podían viajar para proporcionar atención espiritual. En mayo de 2020 se autorizaron las actividades religiosas individuales en lugares de culto, pero no ceremonias que implicasen reunión de personas.
La Iglesia católica suspendió las misas y los viacrucis del Viernes Santo, así como la tradicional peregrinación a la Virgen de Luján. En junio de 2020, una iglesia evangélica de la provincia de Santa Fe protestó por la decisión de permitir los servicios solo con un máximo de 10 personas.
En septiembre de 2020, por decisión de las autoridades estatales y provinciales, se cerraron en todo el país la mayor parte de las oficinas de los registros civiles y se prohibieron las ceremonias de matrimonio religiosas. El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa manifestó su preocupación por la prohibición de las bodas afirmando que constituye una violación de la libertad religiosa.
Por lo general, la libertad de religión se reconoce y respeta. Por ejemplo, se ha presentado un proyecto de ley para incluir los delitos contra la libertad de religión y culto en el Código Penal. No obstante, en el período estudiado en este informe se ha observado un claro incremento de los delitos de odio, especialmente las agresiones físicas contra representantes religiosos y fieles, y de los actos de vandalismo contra edificios, objetos y símbolos religiosos, especialmente contra los cristianos y judíos.
Hay una demanda cada vez mayor de separación entre la Iglesia y el Estado. Los casos de prohibición de todas las actividades y celebraciones religiosas en centros educativos públicos por parte de las autoridades regionales, así como aquellos en los que se ha aprobado la retirada de imágenes religiosas de colegios y hospitales, indican un mayor menoscabo del espacio que debe ocupar la religión en la esfera pública.
La pandemia de la COVID-19 también ha demostrado el escaso respeto por parte de las autoridades al derecho fundamental a la libertad religiosa. Las perspectivas para el futuro de este derecho humano son negativas.
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