La inmensa mayoría de la población de Argelia es musulmana suní. Quedan menos de 200 judíos nativos. En el país también hay comunidades católicas y protestantes. Oficialmente, casi todos los cristianos son extranjeros, muchos de ellos procedentes del África subsahariana. El número de musulmanes que se han convertido al cristianismo es pequeño, entre 50 000 y 100 000, y la mayor parte de ellos se ha unido a comunidades evangélicas, especialmente en la región de la Cabilia.
En noviembre de 2020 los argelinos adoptaron una nueva Constitución, pero solo votó menos de una persona de cada cuatro con derecho a ello. El preámbulo presenta al islam como elemento fundamental de la identidad del país. El artículo 2 estipula que «el islam será la religión del Estado». En la nueva Carta, se prohíbe a las instituciones del Estado «transgredir la moral islámica» (artículo 10) y se especifica que solo un musulmán puede ser presidente (artículo 91). La ley argelina no considera la apostasía como delito penal.
Las autoridades argelinas permiten que las organizaciones religiosas participen en labores humanitarias, pero el proselitismo realizado por no musulmanes conlleva una pena de multa y un máximo de cinco años de prisión. Conforme a la Ordenanza 06-03 (artículo 11, 1), estas penas se aplican a cualquiera que «incite, restrinja o utilice cualquier medio de seducción con intención de convertir a un musulmán a otra religión, o que utilice con este fin centros de enseñanza, educación, salud, sociales, culturales, de formación […] o cualesquiera recursos económicos».
El decreto no solo prohíbe la pretensión de convertir a un musulmán a otra religión, sino también «hacer flaquear la fe de un musulmán», aunque no prohíbe la conversión en sí misma. Conforme al artículo 11 (2) de la ordenanza, los argelinos pueden ser castigados con una multa que puede llegar a un millón de dinares y una pena de 5 años de prisión por imprimir, almacenar o distribuir cualquier material con la intención de convertir a los musulmanes. Esta ordenanza provoca escasez de libros y manuales cristianos en el país, así como que los cristianos no se sientan libres de llevar libros de índole cristiana.
Todos los grupos religiosos tienen que inscribirse en el Registro del Ministerio del Interior antes de realizar cualquier actividad y solo se pueden reunir en locales aprobados por el Estado. Los no musulmanes están obligados a solicitar un permiso especial para utilizar cualquier edificio con fines religiosos. Sin embargo, la comisión nacional encargada de asignar estos locales «nunca se ha reunido y, por lo tanto, nunca ha emitido una sola licencia». Por este motivo, no se ha concedido legalmente ningún edificio para que sea usado como iglesia. Las normas que impone el Gobierno a las iglesias son enormemente restrictivas; además, las autoridades utilizan procedimientos administrativos para cerrar iglesias así como para intimidar a los musulmanes no suníes, afirmando que estas acciones no suponen una persecución, sino que se limitan a penalizar la «no conformidad con la ley».
El artículo 144 (2) del Código Penal de Argelia regula los delitos relacionados con la religión, estableciendo que cualquier individuo que menosprecie al profeta Mahoma o denigre el credo o a los profetas del islam por escrito, dibujo, declaración o cualquier otro medio será condenado a una pena de entre tres y cinco años de prisión, y/o a una multa de entre 50 000 y 100 000 dinares argelinos (entre 450 y 950 dólares estadounidenses aproximadamente).
Las cuestiones relacionadas con la ley de familia están reguladas por la sharía. Según el código familiar de Argelia, un musulmán varón puede casarse con una mujer no musulmana siempre y cuando esta profese una religión monoteísta. Las mujeres musulmanas no pueden casarse con un hombre de otra religión salvo que se convierta al islam (artículo 30). Los hijos de padre musulmán se consideran musulmanes sin tener en cuenta la fe de la madre.
En febrero de 2019, el descontento social y político provocó el movimiento Hirak (Sonrisas). El presidente Abdelaziz Bouteflika acabó dimitiendo en abril del mismo año. Arrestaron a distintos miembros de su entorno, entre ellos a su hermano Saïd. En diciembre de 2019 se celebraron elecciones con una participación muy baja (40%), de las que salió elegido presidente Abdelmadjid Tebboune. Unas semanas después se formó el nuevo Gobierno, pero la mayor parte de los ministros procedían de la administración anterior.
Desde noviembre de 2017, se ha ordenado la clausura de entre 12 y 15 iglesias de las 46 afiliadas a la Iglesia protestante de Argelia (Église Protestante d’Algérie, EPA).
En febrero de 2019, se confirmó la absolución de un converso al cristianismo acusado de proselitismo. En abril de 2019 también absolvieron a otros cinco cristianos acusados de animar a un musulmán a la conversión. La esposa musulmana de uno de ellos declaró que su marido, Ualid, y cuatro amigos «entonaban cantos cristianos y hablaban de Jesús durante la comida». En ambos casos, se trataba de esposas musulmanas presionadas por sus parientes musulmanes para que denunciaran y abandonaran a sus esposos. Conforme a la ley islámica y al Código de Familia de Argelia, una mujer musulmana no puede vivir ni estar casada con un varón no musulmán.
A mediados de octubre de 2019, las autoridades argelinas cerraron Iglesias protestantes, entre ellas la de Tizi Uzu, la más grande de Argelia. En algunos casos, la policía evacuó por la fuerza los lugares de culto para cerrarlos. Al menos 17 manifestantes fueron arrestados por participar en una sentada para exigir su reapertura.
Unos días más tarde, algunos musulmanes se manifestaron en apoyo de la comunidad cristiana. Además, un grupo de abogados acudió a la comisaría a pedir la puesta en libertad de los detenidos, que se produjo ese mismo día. Después de estas manifestaciones, las iglesias en cuestión volvieron a abrir.
Los cristianos no son el único grupo religioso sometido a discriminación y persecución. Los musulmanes ibadíes también han sufrido una campaña de represión.
En noviembre de 2019, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la «Situación de las libertades en Argelia» pidiendo que se pusiera «fin a las violaciones de la libertad de culto de cristianos, ahmadíes y otras minorías religiosas». La resolución recordada «al Gobierno de Argelia que la Ordenanza 06-03 garantiza el ejercicio de la libertad de culto» y pedía «a las autoridades argelinas reabrir los edificios eclesiásticos afectados».
A finales de 2019, el Tribunal Supremo de Argelia seguía teniendo pendientes 286 casos que afectaban a musulmanes ahmadíes. Las acusaciones respondían sobre todo a «gestión de asociaciones religiosas no registradas», recaudación de fondos no autorizada y realización de oraciones en lugares de culto no declarados. En algunos casos, se les confiscaron los pasaportes y certificados de estudios a los ahmadíes.
Al iniciarse la pandemia de la COVID-19, las autoridades adoptaron medidas para detener su propagación. Se cerraron las mezquitas durante cinco meses, entre mediados de marzo y de agosto. Se emitió una fetua que declaraba haram (prohibido por la religión) que los pacientes con COVID-19 acudieran a orar en las mezquitas. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Religiosos y Waqf decidió que en las mezquitas se entonase a diario la adan (llamada a la oración) por megafonía durante media hora.
Antes de que empezase el Ramadán, el político argelino Nuredin Bukruh escribió en su muro de Facebook que debido a la COVID-19 los musulmanes debían abstenerse de ayunar: «Tienen que valorar si dejan de hacer ayuno durante la pandemia, porque un cuerpo hambriento puede ser más vulnerable y podría acabar ocasionando la propagación del coronavirus, o si ayunan y se exponen al riesgo de un brote mayor del virus». Además se limitaron enormemente las reuniones de Ramadán con motivo de las fiestas del Aíd al Adha y la Aíd al Fitr.
En mayo de 2020, varios legisladores europeos de distintos grupos políticos elevaron una pregunta escrita sobre los «ataques a la libertad religiosa en Argelia», en la que preguntaban a la Comisión Europea si «esta cuestión se ha abordado en el marco de los diálogos políticos entre la Unión Europea y Argelia» y «si se ha implementado algún cambio en la Ordenanza 06-03 del Gobierno de Argelia».
En julio de 2020 algunos medios de información dieron a conocer que los servicios argelinos de inteligencia y seguridad estaban reuniendo información sobre la filiación religiosa de los profesores de la provincia de Tizi Uzu. Algunos de ellos consideraban que se trataba de una forma de intimidación dirigida contra los profesores cristianos y ateos.
La Ordenanza 06/03 sigue siendo una cuestión preocupante porque su aplicación estricta sirve para presionar aún más a las minorías religiosas y cerrar sus lugares de culto «no declarados».
Por primera vez la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), recomendó en su informe anual de 2020 que se añada a Argelia a la lista de «vigilancia especial». Según el Instituto de Libertad Religiosa, «el informe subrayó el cierre sistémico de las iglesias protestantes del país, el abuso de las leyes de blasfemia y las restricciones a otras minorías como las comunidades chií y ahmadí».
Las repercusiones económicas y sociales de la COVID-19 y de las medidas adoptadas para contenerla pueden multiplicar los problemas a los que se enfrenta Argelia, y podrían agravar el conflicto entre el movimiento Hirak y el Gobierno. Esto llevaría a nuevas presiones contra las minorías religiosas y a una mayor limitación de sus libertades.
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