Andorra es una diarquía democrática parlamentaria (artículo 43, 2). Los copríncipes son el presidente de Francia y el obispo de la Seo de Urgel, cuya diócesis se ubica en España.
La Constitución del Principado garantiza la libertad de religión y establece que «la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias está sometida únicamente a las limitaciones establecidas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral públicas, o los derechos y las libertades fundamentales de las demás personas» (artículo 11, 2).
La Constitución reconoce una relación especial entre el Estado andorrano y la Iglesia católica «de acuerdo con la tradición andorrana» y «reconoce a las entidades de la Iglesia católica romana que tienen personalidad jurídica de acuerdo con sus propias normas la plena capacidad jurídica» (artículo 11, 3). El Concordato de 2008 regula las relaciones con la Santa Sede.
La Constitución también establece que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe la discriminación «por razón de nacimiento, raza, sexo, origen, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social» (artículo 6, 1).
En febrero de 2019, el Consejo General de Andorra (el Parlamento) aprobó la ley para la igualdad de trato y no discriminación que prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad o ausencia de ella, origen racial o étnico, sexo o género, religión, creencias religiosas o filosóficas, opinión política o sindical, idioma, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (artículo 4, 2). La ley también creó la Oficina del Defensor del Pueblo (artículo 28) y del Observatorio de la Igualdad (artículo 29) y establece las sanciones para las infracciones (artículo 40).
No se otorga personalidad jurídica como grupo religioso a ningún otro credo que no sea el catolicismo romano, pero las comunidades religiosas se pueden registrar como organizaciones culturales conforme a la ley de asociaciones. Este registro es necesario para construir lugares de culto o recibir ayuda económica del Estado.
Debido a su estatus legal, la Iglesia católica cuenta con una serie de privilegios que no se aplican a otros grupos religiosos. Por ejemplo, el Gobierno paga los salarios de los sacerdotes católicos que prestan su servicio en las parroquias locales. Los extranjeros que desempeñan tareas religiosas para grupos no católicos no pueden obtener permisos como trabajadores religiosos, pero normalmente se les permite residir y llevar a cabo sus funciones religiosas con otras condiciones de inmigración.
En Andorra no hay mezquitas, si bien la comunidad islámica cuenta con dos salas de oración. La comunidad judía tiene una pequeña sinagoga y un centro comunitario.
El Gobierno no ha accedido a las repetidas solicitudes de los grupos islámico y judío de tener un cementerio propio.
En un informe de 2012, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés) del Consejo de Europa recomendó que Andorra atendiera la carencia de cementerios judíos y musulmanes, que creara un estatuto especial para las religiones minoritarias y que autorizara la construcción de una mezquita.
En los informes de seguimiento de 2015 y 2016, el ECRI no revisó ninguna de estas recomendaciones. El informe de 2016 hacía una serie de recomendaciones provisionales relacionadas con la legislación de igualdad de trato y no discriminación que el Gobierno promulgó en 2019.
Durante el período estudiado en este informe no se han registrado violaciones de la libertad religiosa en Andorra.
Aunque a las comunidades judía e islámica se les permite utilizar los cementerios existentes, no cuentan con una zona separada propia. Por eso, la mayoría decide enterrar a sus muertos fuera del país.
Algunos miembros de la comunidad islámica han planteado su preocupación por tener que quitarse el tocado religioso para las fotografías de los documentos oficiales.
Andorra cumplimenta habitualmente el cuestionario anual sobre delitos de odio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. En 2018 ni el Gobierno ni las organizaciones de la sociedad civil informaron de ningún delito de odio motivado por prejuicios religiosos.
Las restricciones a las reuniones religiosas debido a la pandemia de coronavirus de 2020 obligaron a suspender los servicios, pero los lugares de culto se mantuvieron abiertos para la oración privada.
La libertad religiosa está garantizada y las perspectivas para la libertad religiosa se mantienen estables. La aprobación en 2019 de las leyes sobre igualdad de trato y no discriminación protegerá aún más, probablemente, a las minorías religiosas de Andorra; sin embargo, también podría tener efectos negativos para algunas organizaciones religiosas e individuos si sus creencias entrasen en conflicto con la propia ley.
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