Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Desde 1899, año en el que Filipinas se convirtió en la primera república democrática de Asia, la libertad de religión ha sido uno de los pilares de las distintas Constituciones promulgadas en el país, incluso cuando ha estado en guerra o bajo el gobierno de un dictador. La Constitución actual , que entró en vigor en 1987, no es una excepción, y la libertad religiosa está consagrada en el artículo 3 («Declaración de Derechos»), sección 5, en los siguientes términos: «No podrá dictarse ley alguna que establezca una religión o que prohíba el libre ejercicio de esta. Se reconoce para siempre el libre ejercicio y disfrute de toda profesión y culto religiosos, sin discriminación ni preferencia. No se exigirá prueba alguna de carácter religioso para el ejercicio de derechos civiles y políticos».Más aún, Filipinas no tiene religión de Estado. El preámbulo de su Constitución especifica que esta ha sido promulgada por «el pueblo filipino soberano» que «impetra la ayuda de Dios todopoderoso». Aunque la Iglesia católica tiene un lugar reconocido en la vida política nacional (los católicos constituyen el 80 % de la población), esto no se ve reflejado en modo alguno en la Constitución, que establece el principio «inviolable» de la separación entre la Iglesia y el Estado (véase el artículo 2 «Declaración de Principios y Principios de la Política del Estado», sección 6).Sin embargo, la Constitución no ignora o desatiende las religiones. Por ejemplo, en el artículo 6, sección 28, párrafo 3, después de tratar el papel del Congreso, garantiza una exención de impuestos para las instituciones que tengan «fines religiosos, caritativos o educacionales»; especifica que dichas instituciones pueden ser «instituciones benéficas, las iglesias y las casas parroquiales o los conventos pertenecientes a aquellas, las mezquitas y los cementerios sin ánimo de lucro». No obstante, en el mismo artículo 6, sección 29, párrafo 2, insiste en el estricto régimen legal de separación entre la Iglesia y el Estado, al afirmar que «no se […] aplicará [….] directa o indirectamente dinero ni propiedades del Estado para […] beneficio […] de sectas, Iglesias, confesiones, instituciones partidistas o sistemas religiosos», ni para beneficio de «sacerdotes, predicadores, ministros y otros religiosos o dignatarios»; sin embargo, el mismo artículo 6, sección 29, párrafo 2, establece la financiación de las capellanías de recintos cerrados (en las Fuerzas Armadas, las prisiones o los orfelinatos del Estado).Este sistema de estricta separación entre la Iglesia y el Estado no vulnera la libertad de educación de los padres. El artículo 14, sección 3, párrafo 3 de la Constitución (disposiciones legales centradas específicamente en la educación) establece el derecho de los padres que matriculan a sus hijos en escuelas estatales a recibir enseñanza religiosa conforme a su adscripción religiosa «dentro de las horas normales de clase». Estipula, además, que «sin coste adicional para el Estado».Filipinas, país predominantemente cristiano, cuenta con una pequeña minoría musulmana, parcialmente concentrada en la gran isla meridional de Mindanao. La integración de esta minoría religiosa, que además tiene una filiación étnica y cultural concreta, ha constituido, y sigue constituyendo, un importante problema político nacional. La Constitución refleja esta cuestión en el artículo 10, secciones 15 y 19, sobre el Régimen Local; en la sección 1 de este artículo 10 se lee que «el Mindanao musulmán» tendrá derecho a constituir una «región autónoma», proyecto que se reitera en las secciones 15 y 19 del mismo artículo. También se especifica que «en un plazo de dieciocho meses» desde el momento de la organización de las instituciones previstas por esta Constitución promulgada en 1987, se aplicará la autonomía del Mindanao musulmán, promesa incumplida hasta ahora.Además, el Código Penal impone fuertes sanciones a cualquier ataque intencionado contra lugares de culto o edificios religiosos, ataques sujetos a la misma pena que los crímenes de guerra o contra la humanidad. El sistema judicial filipino defiende la libertad religiosa de toda persona: en enero de 2018, se hizo público el fallo emitido en 2017 por el Tribunal Supremo a favor de Denmark Valmores. Miembro de la Iglesia adventista del séptimo día, Valmores se sintió discriminado por tener que asistir a clase y realizar exámenes en sábado, día en el que los adventistas del séptimo día celebran el sabbat. Conforme a la «Declaración de Derechos» (artículo 3, sección 5) consagrada en la Constitución de 1987, el Tribunal Supremo falló a su favor.En la práctica, las diversas religiones y el Estado no están tan separados en Filipinas como estipula la Constitución; durante el período estudiado se han producido varios enfrentamientos.Incidentes
Rodrigo Duterte, el iconoclasta presidente de Filipinas, ya era un adversario de la Iglesia católica antes de salir elegido el 9 de mayo de 2016. A principios de mayo de ese mismo año, había afirmado que la Iglesia católica «es la más hipócrita de las instituciones». En el mes de octubre, cuando la campaña contra las drogas estaba adquiriendo impulso y ya habían muerto cientos de personas a causa de esta iniciativa, el presidente llamó «hijos de puta» a los sacerdotes católicos romanos por criticar su actuación en este ámbito . En diciembre, declaró que la Iglesia «solo es buena para recaudar dinero y mendigar», pero que no aporta nada a cambio .En este contexto, no sorprende que distintas organizaciones relacionadas con la Iglesia católica se hayan convertido en el blanco del Gobierno de Filipinas. En febrero de 2018, Reporteros Sin Fronteras denunció que «Catholic Media Network, la principal emisora de radio del país, lleva más de un año esperando la renovación de su licencia, bloqueada en el Congreso. Presentada a la comisión parlamentaria pertinente el 24 de enero de 2018, la solicitud aún no ha sido incluida en la agenda. Como la licencia de la famosa emisora de radio, con 25 años de antigüedad, espiró el 4 de agosto, la Conferencia Episcopal de Filipinas, que lleva la dirección de la cadena, teme que acaben obligando a cerrar las 54 emisoras».También se ha presionado a individuos concretos. El 16 de abril de 2018, la Oficina de Inmigración arrestó y detuvo a la hermana Patricia Fox, monja australiana de 71 años, superiora provincial de las Hermanas de Nuestra Señora de Sion. La razón esgrimida para el arresto fue su implicación en «actividades políticas ilegales», incompatibles con el estatuto de su visado de residente en Filipinas. Puesta en libertad al día siguiente, le comunicaron la orden de abandonar el territorio nacional en el plazo de treinta días. El sacerdote redentorista Oliver Castor, miembro de la asociación Misioneros Rurales de Filipinas, cree que, mediante la expulsión de la hermana Fox, el Gobierno intenta «detener la labor de la Iglesia con los pobres» .A pesar de todo, la Iglesia católica y el presidente han conseguido hallar un punto de encuentro. Filipinas es el único país del mundo (además del Vaticano) que no ha legalizado el divorcio. Periódicamente, se presentan en la Cámara de Representantes de Filipinas proyectos de ley para despenalizar el divorcio. En cada una de las ocasiones, los obispos católicos recuerdan al país que ellos se oponen. El 19 de marzo de 2018 la Cámara de Representantes votó (con 134 votos a favor y 57 en contra) una ley «para instituir en Filipinas el divorcio y la disolución absolutos del matrimonio» (en Filipinas, solo los musulmanes pueden divorciarse, y el matrimonio canónico tiene fuerza de ley). Antes de que el presidente la promulgue, el Senado, la Cámara Alta del Congreso, tiene que aprobarla. Sin embargo, el presidente Duterte, cuyo primer matrimonio fue declarado nulo e inválido, reafirmó que estaba en contra del divorcio «por el bienestar de los hijos». Ahora bien, en lo que respecta al matrimonio, hay diferencias entre el presidente y la Iglesia católica: el 17 de diciembre de 2017, en Dávao, la ciudad de la que fue alcalde durante 22 años, el presidente Duterte declaró estar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo «porque es acorde con los tiempos». Esto contrasta con declaraciones anteriores en las que había manifestado su oposición al matrimonio homosexual.A pesar de la inclusión en la Constitución de la necesidad de hallar una solución política para las reivindicaciones de autonomía de la isla de Mindanao, y de su minoría musulmana, ninguna de las Administraciones que han ocupado el poder de Manila ha encontrado una solución duradera. La última crisis grave fue el conflicto de Marawi. El 23 de mayo de 2017, mientras se celebraba misa, hombres armados profanaron y prendieron fuego a la catedral después de secuestrar al padre Teresito «Chito» Suganob, vicario general de la prelatura de Santa María de Marawi y rector de la catedral, así como a quince feligreses. El mismo día, guerrilleros del grupo Maute, fundado por dos hermanos de la radicalizada zona de Oriente Medio, intentaron tomar la ciudad musulmana más grande del archipiélago. Se siguieron cinco meses de lucha que acabaron con la derrota de los rebeldes.La cifra de víctimas ha sido muy elevada: han muerto más de mil personas, y cerca de 400 000 fueron desplazadas. Aunque se haya liberado al padre Suganob y los combates hayan acabado el 23 de octubre de 2017, la crisis pesa sobre el proceso de paz de Mindanao. En mayo de 2017 se declaró la ley marcial en toda esta isla. La zona donde se desarrolló la lucha siguió cerrada a los civiles durante varios meses, y en mayo de 2018 los trabajos de reconstrucción apenas habían comenzado. No fue hasta el 1 de abril de 2018, Domingo de Resurrección, cuando se permitió a 7000 habitantes de la zona volver por unas horas a sus hogares. Durante este largo conflicto en el sur de Filipinas, en el que los elementos étnicos, económicos y políticos están estrechamente unidos, la dimensión religiosa estuvo obviamente presente en la voluntad de los yihadistas de destruir y profanar la catedral de una ciudad en la que los cristianos son minoría. Tensiones recurrentes siguen sacudiendo la zona: el domingo 29 de abril de 2018 una iglesia católica de Koronadal, ciudad situada a 300 km al sur de Marawi, sufrió la explosión de una bomba (atentado en el que se utilizaron explosivos). La bomba estalló a la hora de la salida de la misa del domingo, cuando se seguían celebrando unos bautizos en el interior del templo; la explosión no se cobró ninguna víctima mortal .Los miembros del clero católico no se libran de la violencia presente en la sociedad filipina. El 4 de diciembre de 2017 el padre Marcelito Páez de la diócesis de San José, Nueva Écija, fue asesinado por unos agresores no identificados en la ciudad de Aliaga, al norte de Nueva Écija (en el norte del país). A la edad de 72 años, el sacerdote católico había conseguido recientemente la liberación de un preso político. El 29 de abril de 2018 otro sacerdote católico, el padre Mark Anthony Yuaga Ventura, de 37 años de edad, recibió dos disparos de un francotirador al salir de celebrar misa. Pertenecía a la archidiócesis de Tuguegarao (al norte del país) y era conocido por su compromiso con los pueblos tribales de la región y por su denuncia de los delitos cometidos por las compañías mineras que trabajan en la zona. El presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, el arzobispo Romulo Valles, pidió a las autoridades «que actúen rápidamente para llevar a los culpables [de estos asesinatos] ante la justicia». Según el grupo ecuménico Promoción de la Respuesta Popular de la Iglesia, el padre Ventura ha sido el trigésimo segundo trabajador pastoral asesinado desde el año 2000; según otras estadísticas, es el decimoquinto sacerdote católico asesinado en Filipinas desde la década de 1970.Futuro de la libertad religiosa
A nivel internacional, se ha criticado enormemente a Rodrigo Duterte. En febrero de 2018 un informe de la comunidad americana de inteligencia («Evaluación de la amenaza mundial, de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos», publicado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional), subrayó «sus tendencias autocráticas». A nivel nacional, el debate gira en torno a la revisión de la Constitución del país prevista por el presidente Duterte. Los obispos afirman que el proyecto de reforma constitucional, introducido con el pretexto de la descentralización y la introducción de una forma de federalismo en el archipiélago, tendrá resultados antidemocráticos cuyas consecuencias serán poco favorables para los pobres . Dado que la Constitución de 1987 simboliza la unión de los filipinos con la democracia tras dos décadas de dictadura bajo el gobierno de Marcos, hay mucho en juego y existen razones para temer un endurecimiento de la confrontación, de momento tenue, entre la Iglesia católica y el presidente. 
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