Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Según el artículo 36 de la Constitución de China: «Los ciudadanos de la República Popular China gozan de libertad para profesar creencias religiosas. Ningún organismo del Estado […] o individuo puede obligar a un ciudadano a profesar o dejar de practicar cualquier religión, ni tampoco puede discriminar» por motivos de religión. «El Estado protege las actividades religiosas regulares» y prohíbe el uso de la religión para actividades «que atenten contra el orden público, causen daño a la salud de los ciudadanos o perturben el sistema educativo del Estado. Las organizaciones y asuntos religiosos deben mantenerse libres de toda dominación extranjera».En la práctica, el artículo 36 de la carta magna protege solo las actividades de las cinco tradiciones religiosas oficialmente reconocidas (budismo, taoísmo, islam, protestantismo y catolicismo) y, dentro de estas, solo las que están sometidas a las siete asociaciones «patrióticas» aprobadas por el Estado. La práctica o la expresión religiosa fuera del aparato controlado por el Estado son ilegales y, durante los últimos setenta años, se vienen enfrentando a distintos grados de sanción, represión y persecución.El 1 de febrero de 2018 entró en vigor una nueva Normativa sobre Asuntos Religiosos que añade nuevas leyes a las más restrictivas sobre la práctica religiosa de los últimos trece años. Actualiza la Normativa sobre Asuntos Religiosos de 2005 y confina numerosas actividades religiosas a emplazamientos registrados. La licencia de los lugares registrados solo se concede cuando el solicitante consigue demostrar que su comunidad religiosa necesita realizar actividades religiosas colectivas de forma regular. La normativa introduce nuevas restricciones a la expresión religiosa y al proselitismo en Internet, y contiene disposiciones específicas relacionadas con la religión, la seguridad nacional y los contactos extranjeros.Además, el 21 de marzo de 2018, los medios de comunicación estatales de China anunciaron que a partir de ahora será el Departamento de Trabajo del Frente Unido, organismo del Partido Comunista chino, el responsable de la supervisión de los asuntos étnicos y religiosos, sustituyendo así a la Administración Estatal de Asuntos Religiosos. El Departamento de Trabajo del Frente Unido absorberá a la mencionada Administración Estatal, lo que otorga al Partido Comunista la gestión directa de los asuntos religiosos.En abril de 2018, el Gobierno chino publicó un nuevo documento técnico titulado Políticas y prácticas de China sobre protección de la libertad de creencia religiosa. Conforme a este documento, las organizaciones religiosas recibirán una «guía activa» que las ayude a «adaptarse a la sociedad socialista» y los extranjeros solo podrán implicarse en actividades religiosas «autorizadas». La religión, según el documento, tiene que estar al servicio del Partido Comunista.El artículo 27 de la Ley de Seguridad Nacional de China también abarca la libertad de religión o creencia. Esta ley ha sido criticada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su «extraordinariamente amplio alcance» y por su terminología vaga, que deja «una vía abierta a nuevas restricciones de los derechos y libertades de los ciudadanos chinos, e incluso a un control más estrecho de la sociedad civil».Asimismo, hay otras normas que pueden tener repercusiones sobre la libertad de religión o creencia; por ejemplo, el Documento 9, notificación del Comité Central de la Oficina General del Partido Comunista fechada en abril de 2013, y la nueva ley sobre organizaciones no gubernamentales adoptada en 2016. El Documento 9 señala que los «valores occidentales», la «democracia constitucional occidental» y la «concepción occidental del periodismo» entran en conflicto con los valores del Partido Comunista chino y defiende que las peticiones y cartas pidiendo protección a los derechos humanos son obra de las «fuerzas occidentales antichinas». Por su parte, la nueva ley sobre organizaciones no gubernamentales, que entró en vigor en enero de 2017, concede a la Policía un poder sin precedentes para restringir el trabajo de los grupos extranjeros en el país y para limitar las posibilidades de que los grupos locales reciban financiación de fuera y colaboren con organizaciones foráneas. Las organizaciones no gubernamentales extranjeras están obligadas a tener una organización gubernamental china que las apadrine, a registrase en la Policía y a aceptar la vigilancia de la Oficina de Seguridad Pública. La Policía tiene nuevas competencias que le permiten citar de forma arbitraria a los representantes de las organizaciones extranjeras en China, confiscarles documentación, examinar cuentas bancarias y revocar la inscripción en el registro; también puede detener a los individuos y organizaciones extranjeros que considere que realizan actividades dirigidas a «provocar una división en el Estado, poner en peligro la unidad nacional o subvertir el poder del Estado», así como prohibirles abandonar el país o bien deportarlos.A pesar de las continuas conversaciones entre el Vaticano y el Gobierno de la República Popular China, la situación de la Iglesia católica del país sigue siendo compleja. Oficialmente, la Asociación Católica Patriótica China no está en comunión con Roma; por su parte, la Iglesia católica no registrada, «clandestina», sigue estando reconocida por el Papa y en comunión con él. Sin embargo, la situación se complica aún más, ya que algunos obispos y sacerdotes reconocidos por el Estado también lo están por el Vaticano, y en muchas zonas de China los laicos católicos asisten a misa tanto en iglesias católicas oficiales como clandestinas.En abril de 2016 el presidente de China, Xi Jinping, se dirigió a los altos cargos del Partido Comunista en una reunión sobre religión y les dijo: «Los grupos religiosos […] tienen que adherirse al liderazgo del Partido Comunista». Los miembros del partido han de ser «firmes ateos marxistas» que «resueltamente se guarden de las infiltraciones extranjeras que llegan por medios religiosos». Estas palabras llegaron después de que el director de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos impartiera un seminario sobre la «chinización» del cristianismo, donde afirmó que «la teología cristiana china debería ser compatible con la vía socialista del país». El marco legal introducido por su Gobierno está diseñado claramente para que se cumpla este objetivo.Incidentes
La represión de las actividades religiosas se ha intensificado a lo largo de los últimos cinco años en todo el país. Entre 2014 y 2016, las autoridades de la provincia de Zhejiang retiraron por la fuerza miles de cruces de las iglesias y destruyeron muchos de sus edificios parcialmente o en su totalidad. Las estimaciones más conservadoras denuncian que entre 1500 y 1700 iglesias resultaron afectadas; otras fuentes calculan que llegaron a 2000.Cada vez es mayor el número de miembros del clero arrestados y condenados a penas de prisión. En el año 2015, la Iglesia Piedra Viva de la provincia de Guizhou fue una de las que más sufrieron. En diciembre de 2015 detuvieron a Yang Hua, uno de los pastores de esta Iglesia, acusado de posesión ilegal de secretos de Estado. El 22 de enero de 2016 lo arrestaron oficialmente y un año después lo condenaron a dos años y medio de prisión. Se cree que le han negado el tratamiento médico que necesitaba porque, en marzo de 2017 y tras visitarlo en la cárcel, sus abogados informaron de que el pastor Yang Hua se hallaba «al borde de la parálisis». Su colega Su Tianfu fue condenado a un año de prisión en mayo de 2018, pena suspendida durante dos años y prolongada con seis meses más de arresto domiciliario. Estos dos pastores también han sido sancionados con una multa de un millón de dólares estadounidenses por recaudar donativos «ilegales» de su congregación.En la provincia de Sichuan, en mayo de 2018, las autoridades detuvieron a unos 200 miembros de la Iglesia Lluvia Temprana de Chengdu para impedir que celebraran una vigilia de oración por las víctimas del terremoto de Wenchuan (Sichuan) de 2008. El 11 de mayo de 2018, la policía detuvo al pastor Wang Yi bajo la acusación de «provocar peleas y causar problemas».En abril de 2018, las autoridades de la provincia de Henan demolieron cruces e iglesias, destruyeron objetos religiosos y prohibieron la entrada de menores de 18 años a las iglesias protestantes y católicas. El 17 de abril de 2018 derruyeron una iglesia católica de Luoyang, además de la vivienda del sacerdote. Se dice que también se ha derribado la lápida del obispo Li Hongye, designado por el Vaticano pero no reconocido por el Gobierno, y que dos sacerdotes de la misma diócesis fueron expulsados de sus parroquias. El 4 de abril, el Comité Vecinal de Pingyuan emitió una nota que exigía a los cristianos, budistas, taoístas y musulmanes registrarse ante las autoridades. Se había dado la orden de que en las iglesias ondeara la bandera china y se cantara el himno nacional.En abril de 2018 se prohibió en China la venta de Biblias en Internet, y los dos organismos protestantes controlados por el Estado anunciaron que iban a elaborar una versión «secularizada» de la Biblia compatible con la «chinización» y el socialismo.En marzo de 2018, durante la Semana Santa, el obispo católico clandestino Vincent Guo Xijing pasó unos días detenido en la provincia de Fujian. Durante los últimos años ha sido frecuente la detención de sacerdotes católicos. Por ejemplo, en Wenzhou (Zhejiang), la policía arrestó al obispo Peter Shao Zhumin el 18 de mayo de 2017 y lo puso en libertad en enero de 2018. En la provincia de Hebei, el padre Yang Jianwei se halla en paradero desconocido desde abril de 2017; también en Hebei, el 8 de octubre de 1997 detuvieron al obispo James Su Zhimin.En la provincia de Yunnan, el 18 de enero de 2018 condenaron a penas de un máximo de trece años a seis miembros de un grupo no registrado por utilizar «un culto indeseable con el fin de organizar la erosión del imperio de la ley». Unos días antes, también en enero, en la provincia de Shanxi, las autoridades chinas demolieron con dinamita el templo de la Iglesia Jindengtai (‘Candelabro Dorado’). La Iglesia contaba con 50 000 miembros.En diciembre de 2017, en la provincia de Shanxi derribaron una iglesia construida hace 25 años, a pesar de que contaba con todas las licencias necesarias concedidas por la Oficina de Asuntos Religiosos. Esto ocurrió después de la difusión de una noticia según la cual, a finales de 2017, se había ofrecido dinero a algunos cristianos para que retirasen las cruces e imágenes de Jesucristo y las sustituyeran por retratos del presidente de China, Xi Jinping.Las vulneraciones de la libertad religiosa también están afectando cada vez más a los musulmanes, especialmente a los de la población uigur de la provincia de Xinjiang, también a los budistas de la comunidad tibetana y a los miembros del movimiento espiritual Falun Gong.En enero de 2018, más de 100 000 musulmanes uigures fueron confinados en campos de «reeducación» en la provincia de Xinjiang. Durante los últimos años, las autoridades han prohibido a los musulmanes uigures observar el Ramadán, hasta el punto de que han enviado a empleados del Partido Comunista a vivir en sus hogares para evitar que ayunasen o rezasen. La nueva normativa prohíbe los velos que cubren el rostro y las barbas; las autoridades han prohibido a los padres poner nombres musulmanes a sus hijos, y les han confiscado los pasaportes y los Coranes. En 2014, condenaron a muerte a Ilham Tohti, conocido académico uigur que ha sido una voz moderada en defensa de la libertad de religión o creencia de su pueblo y que aboga por el diálogo pacífico. Lo acusaban de apoyar el separatismo, a pesar de que en numerosas ocasiones se había manifestado en contra y había defendido el diálogo.La represión también continúa para los budistas tibetanos, con la expulsión de los budistas de las instituciones y la demolición de algunos centros budistas como parte de una campaña de «renovación». En 2016, se derruyeron cientos de viviendas del instituto budista Larung Gar (uno de los centros de enseñanza budista más grandes del mundo) en Sertar, en la provincia de Sichuan, y se obligó a unas 1000 monjas budistas a abandonar otro centro, Yachen (Yarchen) Gar, y volver a sus lugares de procedencia.Falun Gong, descrito como «una antigua disciplina de la escuela de Buda», lleva enfrentándose a una gran persecución desde 1999, debido a la orden emitida por el entonces presidente de China, Jiang Zemin, de erradicar esta disciplina, orden que, según una agencia de noticias de Falun Gong (The Epoch Times) conminaba a «destruir su reputación, ahogarla económicamente y erradicarla físicamente». En 2016, un importante informe nuevo, «Bloody Harvest / The Slaughter: An Update» (‘Extracción sangrienta / La matanza: Actualización’), escrito por el exparlamentario canadiense David Kilgour, el abogado especializado en derechos humanos David Matas y el periodista Ethan Gutmann, revela que la práctica de la extracción de órganos por la fuerza (la extracción involuntaria de los órganos internos de los presos para venderlos para trasplantes) continúa a una escala mucho mayor de lo que se suponía. Se afirma que los practicantes de Falun gong constituyen la víctima principal de esta práctica.Además de los arrestos, detenciones, encarcelamientos y hostigamiento contra los practicantes de cualquier religión llevados a cabo en China, durante los últimos años también se ha visto una aplicación sin precedentes de medidas enérgicas contra los abogados y activistas defensores de los derechos humanos, muchos de los cuales se han encargado de casos de libertad religiosa. En julio de 2015, arrestaron, interrogaron y hasta encarcelaron o hicieron desaparecer a unos 300 abogados y activistas defensores de los derechos humanos, así como a otros colegas y parientes. Wang Quanzhang lleva incomunicado desde julio de 2015.Futuro de la libertad religiosa
En opinión de la mayoría, el presidente de China, Xi Jinping, ha desatado la represión más violenta contra los derechos humanos que se haya llevado a cabo en China desde la masacre de Tiananmen de 1989. En general, se han restringido enormemente la libertad de expresión y el espacio para la sociedad civil y la disidencia, a la vez que la represión es creciente en Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong. Este es el contexto en el que hay que entender las violaciones de la libertad de religión o creencia. Con la introducción de la nueva normativa, aún más restrictiva, sobre la práctica religiosa, la destrucción de iglesias y cruces, la profunda y brutal represión de los musulmanes uigures y las propias manifestaciones de Xi Jinping sobre el papel de la religión, las perspectivas de que la libertad de religión o creencia pueda mejorar en China bajo el actual Gobierno son extremadamente bajas. Lo más probable es que la represión continúe, y que aumente y se intensifique todavía más. 
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