Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La situación de la libertad religiosa no ha cambiado durante los dos últimos años. En este país en el que la religión del Estado es el budismo vajrayana (variante del budismo tántrico tibetano), una de las cuestiones que se debaten es el lugar que debe ocupar el budismo y su elevado número de clero (unos 3 500 monjes para una población total de 784 000 habitantes) en la sociedad. La Constitución de 2008 presenta una contradicción entre el deseo de modernizar el país y la preocupación por la influencia extranjera. Así, entre las numerosas paradojas de la Constitución butanesa, la más importante es que, a la vez que se apoya en la cultura y la religión budistas y se considera «destinada a defender su herencia», establece las bases de la separación entre la religión y el Estado, rompiendo de este modo con siglos de gobierno civil y religioso. Durante las elecciones, la Comisión Electoral defendió la idea de que «la religión debe quedar al margen del debate político» y los monjes no han de tener derecho a voto, opinión está muy lejos de ser compartida por la totalidad del clero budista. Entre los monjes, muchos están convencidos de que las bases laicas de la Constitución de Bután son contrarias a la influencia predominante que, en su opinión, debería continuar ejerciendo el budismo sobre el país y el Estado.En la realidad, aunque la libertad religiosa está consagrada en la Constitución, en el país está prohibido todo proselitismo que «venga de una religión extranjera». No se permite la entrada a personal de instituciones religiosas no budistas, y cualquier confesión que no sea el budismo debe practicarse en privado. El caso concreto del cristianismo, considerado como «la vanguardia de Occidente», inspira una enorme desconfianza. Opinan que los cristianos constituyen una amenaza para la «identidad nacional butanesa», que, para ellos, es inseparable del budismo. A pesar de que la cifra de cristianos es tan solo de unos pocos miles de fieles (entre ellos, unos cuantos centenares de católicos), están prohibidos el proselitismo, la difusión de Biblias y la construcción de iglesias, colegios y otras instituciones cristianas.Todas las prohibiciones que recaen sobre los no budistas nacen del deseo de preservar «la herencia nacional». Por ejemplo, como los budistas consideran que las montañas son territorios sagrados, el Gobierno prohíbe a los cristianos enterrar en ellas a sus difuntos. Quienes infringen esta prohibición se arriesgan a que sus tumbas sean profanadas, situación que ha venido suscitando numerosos problemas.Incidentes
La voluntad de proteger la herencia de la nación no se manifiesta solo contra las religiones minoritarias. También parece ser el motivo de que recientemente se prohibiese la proyección de una película en el país. El filme en cuestión es Hema Hema: cántame una canción mientras espero, dirigido por Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche. Este lama budista tibetano, de nacionalidad butanesa, fue criticado por haber presentado personajes con máscaras. Según el Departamento de Cultura del Ministerio del Interior y Asuntos Culturales de Bután, el uso de máscaras religiosas «no es acorde con nuestra tradición y cultura». Para algunos, semejante prohibición surge del deseo de evitar que la herencia y las tradiciones culturales propias se corrompan a causa de un desarrollo cultural y económico excesivamente rápido.Por otro lado, la crisis iniciada en la década de 1990 con la expulsión en masa de los lhotshampas, grupo étnico de origen nepalí y religión hindú establecido en el sur del reino de Bután a principios del siglo xx, aún no ha concluido. Los lhotshampas pagaron un precio muy elevado durante dicha década por la política gubernamental de «butanización». Más de 100 000 quedaron en situación de apátridas tras su expulsión y acabaron en campos de refugiados en Nepal, donde permanecieron hasta 2007, cuando las Naciones Unidas empezaron a reubicarlos en terceros países. La negativa de Bután a aceptar como parte integrante de su nación a esta comunidad ha llevado a algunos observadores internacionales a hablar de una «democracia condicional», que excluye a ciertos grupos por motivos de etnia o religión.Futuro de la libertad religiosa
Desde hace tiempo, las Naciones Unidas y una serie de economistas defienden que el producto interior bruto no es un índice que refleje de forma precisa y justa la riqueza de una nación, especialmente en lo que al progreso social se refiere; consideran que, en su lugar, hay que medir la «felicidad global» de la nación. Este concepto se recoge en el índice de la «felicidad nacional bruta», adoptado por el Gobierno de Bután y al que se le dio gran publicidad entre la población. Sin embargo, en este pequeño país interior del Himalaya no parece que se haya logrado plenamente la felicidad nacional bruta: en 2017, el Informe Mundial sobre la Felicidad de las Naciones Unidas situó a Bután en el puesto 97 de los 155 países evaluados.El relativamente pobre resultado de Bután, país con algo menos de 800 000 habitantes, en la escala de la «felicidad» no le impide adoptar alguna forma de modernidad política. El Gobierno butanés pretende desarrollar la economía del país y crear empleo para su numerosa población joven (la media de edad ronda los 28 años), al tiempo que desea proteger a la sociedad de las consecuencias de la apertura y un desarrollo económico demasiado rápido. Respecto a la religión, esta actitud se traduce en un cauteloso acercamiento a la apertura. Con la adopción de una ley sobre organizaciones religiosas en 2007, se creó una agencia especial, la Chhoedey Lhentshog (‘Comisión de Organizaciones Religiosas’), para tratar con los grupos religiosos. Se han reconocido 94 organizaciones en total, todas ellas budistas e hindúes. La minoría hindú está representada por la Hindu Dharma Samudaya de Bután (‘la Comunidad Religiosa Hindú de Bután’). En cuanto a los cristianos, aunque las propias autoridades del país afirman no tener objeciones a que vivan su fe en Bután, también les han dejado claro que no les agradan las conversiones. Por eso, las pequeñas comunidades cristianas locales se han adaptado a las circunstancias y no han solicitado el reconocimiento oficial para sus instituciones.