Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución de 2019, promulgada bajo el Gobierno de transición (2019-2021), reconoce la no discriminación por motivos religiosos (artículo 4.1) y establece la obligación del Estado de proteger este derecho (artículo 43). El artículo 56 se centra en la «libertad de religión y de culto», declarando que todo individuo tiene derecho a expresar libremente su religión y que no se puede obligar a nadie a convertirse o practicar ritos que «no acepte de forma voluntaria». Todos los grupos étnicos y culturales tienen derecho a disfrutar de su propia cultura privada y a desarrollarla libremente. Los miembros de dichos grupos tienen derecho a ejercer sus creencias, utilizar sus lenguas, observar sus religiones o costumbres y criar a sus hijos en el marco de dichas culturas y costumbres (artículo 66).
Antes de la Constitución de 2019, la intensa persecución de las minorías religiosas en Sudán llevó a emigrar a miles de cristianos, judíos y otros no musulmanes, y en 2011 dio lugar a la creación de un nuevo país de mayoría cristiana, Sudán del Sur.
En 2019, el Gobierno de transición encabezado por el primer ministro Abdalla Hamdock, derogó la ley de orden público utilizada por el antiguo régimen para oprimir a quienes discrepaban de su interpretación del islam suní. En julio de 2020, el Gobierno aprobó la Ley de Derechos y Libertades Fundamentales de 2020. Por ella, se derogaba la ley de apostasía y se ponía fin a la flagelación como castigo por blasfemia y se permitía a los no musulmanes beber alcohol; esta ley prohibía la mutilación genital femenina, y abolía la ley de tutela que obligaba a las mujeres a obtener el permiso de un tutor masculino para viajar al extranjero con sus hijos.
Una serie de nuevas normativas y de contactos con grupos armados por parte del Gobierno de transición parecieron consolidar las esperanzas de estabilidad. En octubre de 2020 se firmó un acuerdo de paz con varios de ellos. Durante 2021, las autoridades siguieron ampliando la representación en el Gobierno de comunidades históricamente marginadas. En marzo de 2021, se firmó otro acuerdo de paz con más grupos armados, aunque el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán del Norte se negó a adherirse, ya que exigía el laicismo como condición previa para poner fin al conflicto armado.
En abril de 2021, el Gobierno de transición aprobó leyes que permiten a la banca no islámica atraer inversiones internacionales y reintegrarse en la economía mundial. En agosto de 2021, Jartum recibió al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para debatir medidas de justicia transicional relacionadas con el genocidio de Darfur; en concreto, se pedía que el expresidente Al Bashir y sus colaboradores comparecieran ante la justicia por crímenes contra las minorías religiosas, víctimas del antiguo régimen.
A finales de 2020, para fomentar el regreso de las minorías religiosas, el Gobierno intentó cambiar el plan de estudios escolar relativo a la religión, haciéndolo menos discriminatorio para los no musulmanes. Omar al Garrai, director del Centro Nacional de Planes de Estudios e Investigación Educativa de Sudán, recibió amenazas de muerte cuando algunos imanes le tildaron públicamente de «infiel». Al Garrai dimitió, la iniciativa se vino abajo y el currículo educativo sigue como antes.
Incidentes y acontecimientos
Tras un levantamiento en diciembre de 2018 que se prolongó varios meses, el cambio de Gobierno de septiembre de 2019 supuso un antes y un después para los derechos humanos en Sudán, entre ellos el de libertad religiosa: se restableció el día de Navidad como festivo, una mujer cristiana fue nombrada miembro del Consejo Soberano que gobierna provisionalmente el país, y el ministro musulmán de Asuntos Religiosos de Sudán, Nasr al Din Mufreh, se disculpó por la persecución histórica de los cristianos en Sudán durante una rueda de prensa celebrada el día de Navidad.
En septiembre de 2020, Sudán se convirtió constitucionalmente en un Estado laico, poniendo fin a 30 años de gobierno islámico. El gobierno civil recibió elogios internacionales por la promoción de la libertad religiosa, la eliminación del islam como religión del Estado y la abolición de la pena de muerte por apostasía. Animaron enormemente a los cristianos sudaneses los cambios que alejaban a su Gobierno de las prácticas discriminatorias del régimen de Al Bashir, que en 2011 había expresado su intención de aprobar una Constitución «cien por cien» islámica tras la secesión de Sudán del Sur, de mayoría cristiana.
El proceso de liberalización terminó abruptamente cuando el general Abdel Fattah al Burhan tomó el control del Gobierno de Sudán el 25 de octubre de 2021 mediante un golpe militar. A pesar de las protestas generalizadas y de la condena internacional, los militares llevaron a cabo detenciones arbitrarias y, con ánimo de revertir los avances logrados bajo el anterior Gobierno democrático, nombraron a altos funcionarios cercanos al antiguo régimen de Al Bashir.
Durante el período de Al Bashir, las violaciones de la libertad de religión o de creencias eran cometidas principalmente por el Gobierno y sus organismos. Sin embargo, durante el período previo al golpe de Estado de octubre de 2021, se produjo un aumento de las violaciones perpetradas por agentes no estatales, que no se investigaron adecuadamente y cuyos autores rara vez comparecieron ante la justicia. Esto podría deberse a que «se había prohibido a los miembros del antiguo régimen de Al Bashir, y el antiguo partido gobernante, el Partido del Congreso Nacional, participar en la administración de transición y se dedicaban mientras tanto a avivar las tensiones entre comunidades». Algunos incidentes destacados son los siguientes:
En agosto de 2020, en la ciudad de Omdurmán fue incendiado un edificio propiedad de la Iglesia Sudanesa de Cristo. Cuando en mayo de 2021 el edificio estaba en proceso de reconstrucción, un fiscal local ordenó a los líderes de la Iglesia que detuvieran la construcción. Los dirigentes eclesiásticos argumentaron que la iglesia estaba en terrenos públicos y por tanto no estaba bajo su jurisdicción. En la mañana del 27 de mayo, demolieron el edificio.
El 2 de julio de 2021, en Jartum, unos hombres armados agredieron a Butros Badawi, activista cristiano y asesor del ministro de Asuntos Religiosos de Sudán; le golpearon y amenazaron. Un portavoz de Christian Solidarity Worldwide declaró que «un asaltante apuntó con una pistola a la cabeza del Sr. Badawi y amenazó con matarlo si seguía hablando sobre las propiedades confiscadas pertenecientes a iglesias, o sobre las cuestiones relativas a los comités de la Iglesia evangélica presbiteriana de Sudán».
El 21 de febrero de 2022, miembros de la Iglesia Sudanesa de Cristo llegaron a un templo local, utilizado por varias comunidades cristianas, y se encontraron en la puerta con una orden firmada por la Asociación Juvenil del barrio que prohibía toda actividad religiosa, advirtiendo de acciones legales en caso de incumplimiento. Según fuentes de Christian Solidarity Worldwide, «la orden había sido emitida por los extremistas y no por el comité vecinal, cuyos miembros viven en paz con los cristianos y no están de acuerdo con los extremistas». El 27 de febrero, los miembros de la Iglesia encontraron el edificio cerrado con un candado, pero entraron y comenzaron un breve servicio de oración. La policía interrumpió el servicio, les permitió terminar las oraciones y detuvo a los líderes de la Iglesia: «Los llevaron a comisaría donde los interrogaron durante varias horas antes de ponerles en libertad sin cargos. Tras su puesta en libertad, los líderes de la Iglesia se reunieron con el director de zona (...) y le instaron a que interviniera; sin embargo, el funcionario dijo que no podía actuar en esta situación».
El 10 de abril, un individuo entró en una celebración litúrgica de la Iglesia Sudanesa de Cristo en el estado de Gezira y atacó a un dirigente y a varios de los miembros, algunos de los cuales resultaron heridos. Otros dos hombres se unieron al asalto destruyendo mobiliario y rompiendo biblias. El líder de la Iglesia y el resto de las víctimas intentaron presentar una denuncia penal, pero la policía los disuadió, diciéndoles que eso solo empeoraría la situación. El domingo de Pascua, 17 de abril, el agresor y el pastor comparecieron ante el tribunal, acusados ambos de alteración del orden público.
En 2019 se abolió la ley de Sudán contra la apostasía. Sin embargo, esta reforma, como muchas otras, están amenazadas desde el golpe militar de octubre de 2021. Los días 22 y 28 de junio de 2022, fueron detenidos cuatro cristianos en la iglesia baptista de Sudán, al oeste del país, por presunta infracción de las leyes contra la apostasía. En el primer caso, fueron puestos en libertad el mismo día, pero en la detención del 28 de junio los mantuvieron detenidos hasta el 5 de julio.
Todavía se siguen juzgando algunos casos de apostasía. Cabe destacar el caso de Nada y Hamuda. Ambos esposos eran musulmanes cuando se casaron en 2016. En 2018, Hamuda se convirtió al cristianismo y la familia de Nada recurrió con éxito para que un tribunal de la sharía disolviera su matrimonio. En 2020 se despenalizó la apostasía. Nada se convirtió al cristianismo en 2021 y volvió con su marido. El hermano de Nada llevó entonces el caso a un fiscal penal declarando que el matrimonio era adúltero. El caso está pendiente de juicio, pero si son declarados culpables, Nada y Hamuda podrían recibir 100 latigazos cada uno, y a Hamuda podrían imponerle además un año de exilio.
Futuro de la libertad religiosa
En septiembre de 2020, Sudán, tras 30 años de gobierno islámico, se convirtió en un Estado constitucionalmente laico. El P. Peter Suleiman, Secretario General de la Conferencia Episcopal Sudanesa, acogió con satisfacción el cambio, afirmando que los sudaneses pueden ahora «celebrar el culto y practicar sus diversas creencias religiosas sin miedo».
Un año después, el régimen autoritario y el miedo estaban de vuelta. En 2022, las manifestaciones organizadas por los Comités de Resistencia contra el régimen militar se han intensificado en el gran Jartum. Se estima que las fuerzas de seguridad, que responden con violencia, han matado a 50 manifestantes.
En enero de 2022, en un mensaje de Navidad y Año Nuevo, el obispo Yunan Tombe Trille, presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán y Sudán del Sur, declaró lo siguiente: «El nuevo Sudán que todos desean será “mejor con la cooperación de cada sudanés orgulloso de serlo, ya sea militar o civil, sin odiosos tribalismos ni racismo”». A continuación, Mons. Trille hizo un llamamiento a todos los creyentes cristianos para que recen por todos, así como por las autoridades, «para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda devoción y dignidad». Las perspectivas para la libertad religiosa son negativas.
Sudán