Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Tras el fin del régimen del apartheid en 1994, Sudáfrica aprobó en 1996 una Constitución que prohíbe toda forma de discriminación, incluida la discriminación por motivos religiosos (artículo 9.2-5).
Según ella, «toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, religión, pensamiento, creencia y opinión» (artículo 15.1) y «las celebraciones religiosas pueden tener lugar en instituciones estatales o subvencionadas por el Estado, siempre que dichas celebraciones sigan las normas establecidas por las autoridades públicas competentes, se lleven a cabo sobre una base equitativa y la asistencia a ellas sea libre y voluntaria» (artículo 15.2).
Se reconoce «todos los matrimonios celebrados bajo cualquier tradición, o sistema de derecho religioso, personal o de familia; o sistemas de derecho personal y de familia bajo cualquier tradición, o a los que se adhieran personas que profesen una religión determinada» (artículo 15.3). Esto ha llevado al Parlamento sudafricano a ampliar el ámbito de aplicación de la legislación matrimonial.
En 1998, el Parlamento aprobó la Ley de Reconocimiento de los Matrimonios Consuetudinarios, que permite la poligamia pero solo en aquellos «usos y costumbres tradicionalmente observados entre los pueblos indígenas africanos». En 2006 se aprobó la Ley de Uniones Civiles, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, modificada en 2020 para derogar el artículo 6 de la legislación original, que permitía a los funcionarios encargados de los matrimonios civiles optar por no celebrar el matrimonio entre personas del mismo sexo por motivos de conciencia, religión o creencias. En 2010 se propuso un proyecto de ley sobre el matrimonio musulmán que nunca llegó a aprobarse. Recurrido ante los tribunales, el caso sigue pendiente.
Actualmente, tanto la Comisión de Reforma Legislativa de Sudáfrica como el Ministerio del Interior están estudiando propuestas legislativas que abarcarían todas las formas de matrimonio. La razón es que el no reconocimiento del matrimonio religioso crea problemas a quienes se niegan a contraer matrimonio civil por motivos religiosos, por ejemplo, los musulmanes, que suelen considerar el matrimonio civil como no islámico.
Las personas que contraen matrimonio religioso pueden recibir del Estado una protección limitada en materia de necesidades básicas en caso de fallecimiento del cónyuge, sucesión intestada, comunidad de bienes y protección contra la violencia doméstica.
El artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad de expresión, pero no protege «la apología del odio basada en la raza, la etnia, el género o la religión, y que constituya incitación a causar daño».
Aunque la Constitución no menciona la cuestión de la religión en el ámbito de la educación, la enseñanza religiosa está permitida en la escuela pública pero no es obligatoria, si bien está prohibido promover una única religión.
«Con sujeción a la Constitución y a cualquier ley provincial aplicable», el artículo 7 de la Ley de Escuelas de Sudáfrica permite que se celebren ceremonias religiosas «en los colegios públicos con arreglo a normas dictadas por el órgano rector, si dichas ceremonias se llevan a cabo sobre una base equitativa y la asistencia a ellas por parte de los alumnos y los miembros del personal es libre y voluntaria».
La Constitución declara: «Toda persona tiene derecho a crear y mantener, a sus propias expensas, centros de enseñanza independientes que no discriminen por motivos de raza» (artículo 29.3). Dichos centros deben estar «registrados en el Estado y mantener un nivel de enseñanza que no sea inferior al de los centros públicos semejantes». El apartado 3 no excluye las subvenciones estatales para los centros educativos independientes». Esto ha permitido a grupos cristianos, islámicos y judíos crear sus propios colegios en todo el país.
Se concede a los miembros de las comunidades religiosas el derecho a practicar su religión y a constituir asociaciones religiosas o afiliarse a ellas (artículo 31.1.5). No se le puede negar a nadie el derecho a «disfrutar de su cultura, practicar su religión y utilizar su lengua» con «otros miembros de esa comunidad» (artículo 31.1 y 2). Para ello, pueden «formar, unirse y mantener asociaciones culturales, religiosas y lingüísticas y otros órganos de la sociedad civil» siempre que no se haga «de manera incompatible con cualquier disposición de la Carta de Derechos».
La Comisión Sudafricana de Derechos Humanos es el organismo que defiende los principios de la «democracia constitucional» y promueve «el respeto, la observancia y la protección de los derechos humanos de todos, sin temor ni favoritismo», incluida la libertad religiosa. Junto con los tribunales, es responsable de juzgar a los presuntos infractores.
La ley no obliga a las comunidades religiosas a registrarse ante las autoridades, pero las que lo hacen pueden beneficiarse de exenciones fiscales.
Sudáfrica cuenta con una Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas, entre cuyos miembros hay políticos, clérigos y académicos. Igual que la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos, su mandato incluye la protección de la «democracia constitucional», la defensa de «los derechos de las comunidades culturales, religiosas y lingüísticas», proporcionando «un espacio para [...] las comunidades culturales, religiosas y lingüísticas» y promoviendo «la unidad entre» ellas.
Sudáfrica tiene 12 días festivos, dos de los cuales, Navidad y Viernes Santo, son de carácter cristiano. Otros dos días festivos, el Día de la Familia y el Día de la Buena Voluntad, caen respectivamente en Lunes de Pascua y el día siguiente a Navidad (Boxing Day). No hay más celebraciones religiosas que sean festivos. La Comisión de Reforma Legislativa del país ha denunciado esta situación como trato de favor y ha pedido un cambio, a la vez que algunos grupos minoritarios exigen que sus principales días sagrados se reconozcan también como días festivos.
Incidentes y acontecimientos
Durante el período estudiado en este informe, se ha producido un acusado deterioro de las condiciones socioeconómicas de Sudáfrica que ha repercutido sobre los derechos humanos, lo que lleva a los líderes religiosos a manifestar su preocupación.
La pobreza sigue siendo generalizada, el desempleo elevado y la desigualdad está profundamente arraigada. En los últimos años, el excesivo gasto público y la mala gestión de las empresas estatales han aumentado significativamente la deuda nacional. La corrupción ha debilitado aún más las instituciones democráticas del país y la credibilidad del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano. Según el Foro Económico Mundial, Sudáfrica se encamina hacia el colapso del Estado. Las difíciles condiciones socioeconómicas han provocado un aumento de las tensiones sociales, protestas y violencia. En julio de 2022, Naciones Unidas criticó la explosión de violencia xenófoba y la amenaza al orden social en Sudáfrica.
En julio de 2021, los obispos católicos sudafricanos emitieron una declaración en la que condenaban la violencia, pero al mismo tiempo pedían a las autoridades que abordaran las desigualdades e instaban a los sudafricanos a cambiar de mentalidad, señalando que la violencia y la destrucción «nunca pueden ser una respuesta justa a las actuales dificultades económicas y a la injusticia económica».
A pesar de la agitación que devino en actos de vandalismo durante las protestas, el arzobispo de Ciudad del Cabo, Stephen Brislin, observó algunos signos positivos en la «efusión de bondad de la gente que se volcó en la limpieza, la vigilancia de zonas sensibles y la búsqueda de respuestas y comprensión de lo ocurrido». Tales semillas de esperanza deben alimentarse junto «con personas que pidan identificar y abordar las causas profundas de la violencia» y exijan que «se reconozcan las injusticias de desigualdad y pobreza de nuestro país».
El 5 de agosto de 2021, en su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal del África Austral, el obispo de Mthatha, Sithembele Sipuka, también pidió responsabilidades por la violencia y los saqueos.
Uno de los efectos de la crisis ha sido el aumento de la xenofobia, la discriminación y la violencia contra los extranjeros. Con un desempleo que ronda el 40% y un paro juvenil del 65%, los extranjeros se han convertido en el chivo expiatorio. Los inmigrantes económicos que entran en Sudáfrica proceden principalmente de otros países africanos o de Asia, y muchos de ellos de países de mayoría musulmana, como Somalia, Bangladés y Pakistán.
El 6 de mayo de 2022, la Conferencia Episcopal del África Austral presentó sus Directrices para la atención pastoral de los migrantes y refugiados, emanadas «de la reflexión sobre cómo la Iglesia puede dirigirse a las necesidades de los migrantes y refugiados que viven en nuestras diócesis».
En junio de 2022, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Matrimonio de 1961 y de la Ley de Divorcio de 1979, señalando que el hecho de que el Parlamento no reconociera los matrimonios musulmanes en la legislación sudafricana violaba el derecho constitucional de las mujeres y los niños musulmanes a la igualdad, la dignidad y la justicia.
El 8 de agosto de 2022, la Conferencia Episcopal del África Austral emitió una declaración en la que expresaba su preocupación por «los altos niveles de desempleo y el coste de la vida, que están empujando a un número cada vez mayor de personas a niveles más altos de endeudamiento familiar y a una profunda pobreza». Los obispos católicos solicitaban que el Gobierno «tome medidas más enérgicas para hacer frente a la subida de los precios del combustible y los alimentos», así como a las disparidades económicas «que imponen un gran riesgo al crecimiento económico y la seguridad nacional del país, creando condiciones que podrían alimentar disturbios violentos e inestabilidad social».
Futuro de la libertad religiosa
La Constitución sudafricana defiende la libertad de religión y creencias y prohíbe la discriminación por motivos religiosos. Pero la protección de la libertad religiosa en el país está siendo puesta a prueba por la evolución económica y judicial de la sociedad sudafricana.
La cuestión del matrimonio musulmán sigue sin resolverse, aunque parece que se está gestando una solución. Más preocupante es la legislación propuesta para tipificar como delito la incitación al odio (el proyecto de ley de prevención y lucha contra los delitos motivados por el odio y la incitación al odio), que, aunque incluye una cláusula de exención religiosa, podría tener implicaciones tanto para la libertad religiosa como para la libertad de expresión. En general, las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo positivas.
Sudáfrica