Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución peruana invoca a «Dios Todopoderoso» (preámbulo) y establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público» (artículo 2.3).
Se reconoce «la igualdad ante la ley» y se hace referencia, en concreto, a la libertad de religión al decir que «nadie debe ser discriminado por motivo de su religión» (artículo 2.2). Además, toda persona tiene derecho a mantener reserva sobre sus convicciones religiosas (artículo 2.18).
El Estado «reconoce a la Iglesia católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración» (artículo 50).
Estas disposiciones repiten el acuerdo firmado entre Perú y la Santa Sede en julio de 1980 por el que la Iglesia católica goza de plena independencia, autonomía y reconocimiento legal. El concordato con la Santa Sede proporciona subvenciones a la Iglesia católica, así como exenciones de impuestos. El Estado peruano también «respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas» (artículo 50).
La educación religiosa «se imparte con respeto a la libertad de las conciencias» y la educación se proporciona generalmente «con sujeción a los principios constitucionales» (artículo 14).
La Ley n.º 29.635 de Libertad Religiosa reitera y profundiza en algunas de las garantías constitucionales. Hay un derecho fundamental a la libertad religiosa. Esto incluye el derecho de la persona a practicar su religión en público o en privado, siempre y cuando ello no interfiera en los derechos de los demás (artículo 1). Por otro lado, prohíbe la discriminación basada en motivos religiosos y reconoce la diversidad de las entidades religiosas (artículo 2).
La libertad religiosa incluye profesar libremente las propias creencias religiosas, cambiarlas o abandonarlas en cualquier momento, practicarlas individual o colectivamente, en público o en privado, realizar actos de culto, recibir asistencia religiosa, elegir la educación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones, expresarse públicamente con fines religiosos, celebrar festividades y respetar los días de descanso que se consideran sagrados en la propia religión (artículo 3).
Asimismo, la libertad religiosa incluye el derecho a prestar juramento de acuerdo con las propias convicciones o abstenerse de hacerlo, así como a ser enterrado según las tradiciones y ritos de la propia religión (ibid.).
Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia (artículo 4).
El artículo 6 concede reconocimiento legal civil a las entidades religiosas, así como el derecho a nombrar sus ministros religiosos, difundir y propagar su fe y crear fundaciones y asociaciones con fines religiosos, educativos y sociales.
Las instituciones educativas deben respetar el derecho de los alumnos a quedar exentos de las asignaturas de religión (artículo 8).
Los grupos religiosos registrados en el Ministerio de Justicia son personas jurídicas de derecho privado y tienen la condición de organizaciones sin fines de lucro (artículo 13). El registro de dichos grupos es voluntario. En julio de 2021 se modificó el reglamento de aplicación de la Ley n.º 29.635 de Libertad Religiosa, eliminando la obligación de contar con al menos 500 miembros para inscribirse en el registro de entidades religiosas.
En mayo de 2022 se promulgó la Ley n.º 31.498 que Impulsa la Calidad de los Materiales y Recursos Educativos en el Perú, que prevé la participación de los padres en la elaboración de materiales y recursos educativos (artículo 3). Uno de los principios de la nueva ley es el «pleno respeto a la libertad religiosa o convicciones morales de los educandos y de sus padres» (artículo 2).
Finalmente, en junio de 2022, se presentó al Congreso peruano un proyecto de ley para modificar la Ley de Libertad Religiosa con el fin de ampliar los beneficios para la Iglesia católica y demás confesiones religiosas reconocidas por el Estado.
Incidentes y acontecimientos
En agosto de 2021, el padre Omar Sánchez, miembro de Cáritas, denunció haber recibido amenazas de muerte en forma de cartas que contenían balas con su nombre escrito. El P. Omar, secretario general de Cáritas, ya había recibido amenazas de muerte el 25 de mayo por afirmar durante la misa —dos semanas antes de la segunda vuelta de las elecciones en Perú— que el comunismo era enemigo de la Iglesia.
En enero de 2022, el primer ministro, Aníbal Torres, manifestó su aprecio por las tradiciones religiosas del país, pero en abril insultó al cardenal Pedro Barreto. Tanto la Conferencia Episcopal de Perú como el Consejo Nacional Evangélico de Perú condenaron su declaración.
En marzo de 2022, el padre Andrés Cantos denunció haber sido víctima de extorsión por parte de las mafias de la construcción debido a la edificación de un colegio para niños pobres.
En julio de 2022, un cristiano evangélico rompió la imagen de la santa Rosa de Lima en la parroquia católica de Santa Rosa del Callao.
Durante el período examinado, líderes gubernamentales y eclesiásticos se han reunido en diversas ocasiones. El Consejo Interreligioso de Perú, por ejemplo, celebró una oración por la paz, mientras que las asociaciones evangélicas organizaron una ceremonia de acción de gracias.
Por su parte, el Gobierno condecoró al arzobispo Héctor Cabrejo, presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, y al cardenal Pedro Barreto. En junio de 2022, el presidente peruano Pedro Castillo pidió a la Iglesia católica que mediara en un conflicto minero.
Las autoridades gubernamentales también promovieron la libertad religiosa. Con motivo del décimo aniversario de la Ley n.º 29.635, el Ministerio de Justicia organizó una conferencia y publicó un informe y un libro sobre la libertad religiosa en Perú y en otros países.
Respecto a los esfuerzos conjuntos para hacer frente a la pandemia, en marzo de 2022 la región de San Martín firmó un acuerdo con Cáritas para vacunar a las comunidades nativas. En abril, el Ministerio de Sanidad pidió a las Iglesias su colaboración para promover la vacunación.
La Iglesia católica se ha pronunciado públicamente sobre varias cuestiones. En mayo de 2021, los obispos pidieron a los votantes que actuaran con responsabilidad en las próximas elecciones presidenciales. En enero de 2022, la Conferencia Episcopal organizó una convención sobre la contribución de la Iglesia con motivo del Bicentenario del Perú. En marzo de 2022, los obispos se pronunciaron contra la despenalización del aborto en caso de violación. Finalmente, en agosto, el episcopado expresó su desaprobación a un proyecto de ley para establecer el «Día Nacional de las Personas Desaparecidas durante el período de Violencia 1980-2000» el mismo día de la fiesta de santa Rosa de Lima, ya que afectaría a la celebración de la festividad religiosa.
Perú lleva varios años sufriendo gran agitación política, situación que ha continuado durante el período analizado. En abril de 2022 estallaron disturbios y se convocó una huelga general debido a la galopante inflación. Los obispos pidieron responsabilidad y estabilidad. También rechazaron la medida del toque de queda impuesta por el Gobierno. En agosto de 2022, se ofrecieron como mediadores para resolver la crisis política.
En septiembre de 2021, tras la muerte de Abimael Guzmán, líder del movimiento maoísta Sendero Luminoso, la Corte Superior del Distrito Judicial del Callao rechazó una solicitud para que fuera enterrado de acuerdo con sus creencias religiosas.
En mayo de 2021, a raíz de una demanda presentada en 2012, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una norma que obligaba a las entidades religiosas a tener un número determinado de miembros para poder inscribirse en el Registro. Esta sentencia precedía a una modificación del Reglamento de la Ley n.º 29.635 de Libertad Religiosa.
En junio de 2021, el Ministerio de Educación publicó los «Lineamientos de Educación Sexual Integral para la Educación Básica», directrices que cuestionan las clasificaciones tradicionales de género. Se organizó una campaña de firmas en contra alegando que viola el derecho de los padres a educar a sus hijos. En agosto de 2022, el Gobierno ordenó la formación obligatoria en materia de género para todos los funcionarios públicos.
Futuro de la libertad religiosa
En el período estudiado en este informe la situación de la libertad religiosa ha permanecido prácticamente sin cambios. No hay indicios que sugieran que las amenazas contra algunos clérigos obedezcan a motivos religiosos. En un país que experimenta una profunda crisis política, las autoridades han recurrido a la Iglesia católica para mediar en los conflictos. Sin embargo, esto no ha frenado los debates sobre principios y valores. Teniendo en cuenta la situación actual, las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo positivas.
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