Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Mozambique es un Estado laico que consagra la separación entre el Estado y las confesiones religiosas (Constitución de 2004, artículo 12.1 y 2), principio que no puede modificarse (artículo 292.c). Se reconoce la libertad de las confesiones religiosas para organizarse, ejercer sus funciones y practicar su culto, conforme a la legislación estatal (artículo 12.3), así como su «derecho a perseguir libremente sus fines religiosos y a poseer y adquirir bienes para alcanzar sus objetivos» (artículo 54.3). El Estado «reconocerá y valorará las actividades de las confesiones religiosas con el fin de fomentar un clima de comprensión, tolerancia y paz, el fortalecimiento de la unidad nacional, el bienestar material y espiritual de los ciudadanos y el desarrollo económico y social» (artículo 12.4).
La Constitución reconoce que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos, sin discriminación por motivos religiosos (artículo 35); a su vez, prohíbe toda discriminación, persecución, prejuicio o privación de derechos, beneficios, o exenciones de deberes «por razón de su fe, convicciones o prácticas religiosas» (artículo 54.2). Todos los ciudadanos son libres de «practicar o no una religión» (artículo 54.1) y su derecho a la libertad religiosa es inderogable incluso en caso de asedio o emergencia nacional (artículo 286).
La ley garantiza el derecho a la objeción de conciencia (artículo 54.5). No se puede impedir el acceso a la función pública por motivos de religión (artículo 251.1). Los datos personales relativos a las convicciones filosóficas o ideológicas o a la fe religiosa están protegidos, y se prohíbe la utilización de medios informáticos para su registro y tratamiento individual (artículo 71.1). Los partidos políticos no pueden utilizar nombres «que contengan expresiones directamente relacionadas con alguna confesión religiosa o Iglesia, ni emblemas que puedan confundirse con símbolos nacionales o religiosos» (artículo 76). Por su parte, las asociaciones profesionales y los sindicatos deben ser independientes de las Iglesias o confesiones religiosas (artículo 86.3).
El artículo 39 prevé que la ley castigue «cualquier acto destinado a atentar contra la unidad nacional, perturbar la armonía social o crear divisiones o situaciones de privilegio o discriminación» basados en la religión, entre otros motivos. El Estado garantizará la protección de los lugares de culto (artículo 54.3). La enseñanza pública no puede ser confesional (artículo 113.3) y el Estado no puede seguir directrices religiosas o ideológicas particulares (artículo 113.5). La ley establece los efectos civiles del matrimonio religioso y los requisitos para su inscripción (artículo 119.4). Las ONG, incluidas las religiosas, tienen que registrarse en el Ministerio de Justicia.
Las relaciones entre la República de Mozambique y la Santa Sede, basadas en los principios de cooperación, independencia y autonomía, se rigen por un acuerdo firmado en 2011 que reconoce a la Iglesia católica de Mozambique «personalidad jurídica y el derecho a llevar a cabo su misión apostólica, garantizando el ejercicio público de sus actividades, realizadas directamente o a través de sus instituciones, de conformidad con el ordenamiento jurídico mozambiqueño y sus principios éticos» (artículo 5.1), incluido su «derecho a ejercer actividades pastorales, espirituales, formativas y educativas en todas sus instituciones de formación, educativas, sanitarias y de servicios sociales» (artículo 12). Los matrimonios católicos tienen efectos civiles a través de su inscripción (artículo 14.3). El secreto de confesión, que incluye el derecho a negarse a declarar ante los órganos del Estado, es inviolable, al igual que los archivos eclesiásticos (artículo 10). Se reconoce la educación católica, incluido el derecho a la enseñanza religiosa en instituciones católicas (artículo 15).
Demografía religiosa
Mozambique es un país predominantemente cristiano (congrega 5,7 millones de católicos y 2,5 millones de protestantes) con una gran comunidad musulmana (3,6 millones de fieles, en su mayoría suníes) que se concentra sobre todo en las provincias septentrionales de Niassa (61%), Cabo Delgado (54%), y en las zonas costeras. El sur de Mozambique y sus principales ciudades son predominantemente cristianos. La Iglesia brasileña neopentecostal universal del Reino de Dios ha experimentado una rápida expansión en el país y 3,1 millones de mozambiqueños practican la religión sionista.
Las comunidades religiosas tradicionales africanas también cuentan con una gran representación, sobre todo en las regiones rurales. Los católicos son muy numerosos (en torno al 36%) en la provincia de Cabo Delgado (donde se han producido la mayor parte de los atentados yihadistas), aunque también hay comunidades más pequeñas de otras confesiones religiosas (protestantes y sionistas).
Contexto político
Tras la independencia de Portugal en 1975, en el país estalló una guerra civil en la que se enfrentaron el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) y la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO). La guerra, que causó más de un millón de muertos, terminó con los Acuerdos Generales de Paz firmados en Roma el 4 de octubre de 1992 entre el partido gobernante de Mozambique, el FRELIMO, y la RENAMO, gracias a la mediación de la comunidad católica de San Egidio, el arzobispo de Beira, Jaime Pedro Gonçalves, y el Gobierno italiano. Desde entonces, se han firmado otros dos acuerdos de paz (5 de septiembre de 2014 y 6 de agosto de 2019). En Mozambique, las Iglesias, y en particular la Iglesia católica, gozan de cierta credibilidad y reputación como promotoras de la reconciliación, especialmente desde la visita al país del papa Juan Pablo II en 1988, en la que hizo un llamamiento a la paz.
Al principio, el régimen marxista-leninista del FRELIMO prohibió la enseñanza religiosa, nacionalizó las instituciones religiosas y persiguió a los líderes religiosos, aunque hay investigadores que indican que la política religiosa del FRELIMO no era tan agresiva. Después de 1981, la situación mejoró y las relaciones con la Iglesia católica adquirieron un carácter más positivo. Se crearon dos organizaciones musulmanas: el Consejo Islámico de Mozambique (CISLAMO) y el Congreso Islámico Suní de Mozambique. El FRELIMO apoyó al CISLAMO (que potenció a los salafistas del sur a costa de los sufíes del norte) y se le encomendó la gestión de las instituciones musulmanas. En consecuencia, una generación joven de musulmanes del norte de Mozambique se educó en el extranjero en los postulados salafistas, y al regresar, se sintieron marginados. Su frustración llevó a que en 1989 creasen, al margen del CISLAMO, Ahl al Sunna, a menudo denominada al Shabab, «La Juventud», que se convirtió en un movimiento popular de base que construía madrasas y mezquitas y dirigía programas de solidaridad. Los jóvenes también recibieron formación en universidades islámicas internacionales o se les ofrecieron préstamos para pequeños negocios.
Aunque Mozambique no tiene antecedentes de militancia islamista, y las relaciones entre musulmanes y cristianos siempre habían sido pacíficas y respetuosas incluso en las regiones septentrionales, se desarrolló una cierta rivalidad política por el hecho de que los cristianos, en su mayoría de etnia makondé, apoyaban al partido gobernante, el FRELIMO, y los musulmanes, de etnia mwani, al principal partido de la oposición, RENAMO.
El FRELIMO domina el espacio político desde la independencia del país en 1975. Tras la introducción de las elecciones multipartidistas en 1994, se generalizaron las acusaciones de fraude electoral, ya que el FRELIMO siguió obteniendo mayorías. En las últimas elecciones de 2019, el presidente Nyusi, del partido gobernante FRELIMO, obtuvo el 73% de los votos y, por haber recibido el mayor número de votos provinciales, tuvo derecho a elegir a los gobernadores de las 10 provincias del país. El sentimiento de frustración y exclusión de las políticas y prestaciones estatales de las etnias musulmanas macua y mwani de Cabo Delgado, unido al explosivo discurso salafista de los predicadores locales mwani (y de algunos predicadores kenianos relacionados con los líderes religiosos mwani), han creado un caldo de cultivo que permite a los yihadistas explotar las quejas locales contra el Gobierno.
Contexto social y económico
Mozambique ocupa el puesto 147 de los 180 países del mundo que figuran en el Índice de Percepción de la Corrupción. El país es el 7º menos desarrollado del mundo en el Índice de Desarrollo Humano y está en constante descenso en el Índice de Fragilidad Global desde 2014. En la provincia de Cabo Delgado, las estadísticas revelan una situación extremadamente precaria: el 76,4% de los hogares no tiene acceso a saneamientos; el 56,1% carece de acceso a fuentes de agua potable y el 21,9% a instalaciones sanitarias; el 86,6% de los niños vive en viviendas sin electricidad; el 45% de los niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica; y el 55,7% de la población en edad escolar no ha asistido nunca a la escuela. La tasa de analfabetismo en Cabo Delgado es elevada, un 12,5% por encima de la media nacional (en personas de 15 años o más, la tasa es del 66,8% mujeres y del 36,7% hombres) y solo el 30% de la población entiende el portugués, lengua oficial del país. Los líderes religiosos, tanto los cristianos como los musulmanes, han advertido de la «profunda crisis humanitaria», agravada por la violencia terrorista y las restricciones de la COVID-19.
En contraste con toda esta miseria humana, a raíz del descubrimiento en 2010 de una enorme cantidad de gas natural frente a la costa norte de Mozambique, Cabo Delgado se ha convertido en la región que tiene los proyectos de inversión para la explotación de gas natural licuado más importantes de África. Los analistas prevén que las empresas energéticas transnacionales invertirán hasta 100 000 millones de dólares. Sin embargo, los habitantes de la zona afirman que no se han visto aún beneficiados, ya que los puestos de trabajo creados van a parar a expatriados altamente cualificados y no a ellos. Además, el desarrollo de los proyectos ha supuesto el reasentamiento forzoso de miles de agricultores y pescadores, lo que los ha hundido aún más en la pobreza. La opinión predominante entre la población local es que se trata de una estrategia deliberada y bien organizada para expulsarlos de sus tierras con el fin de aprovecharse de sus ricos recursos, entre ellos el gas y el grafito, componente esencial de las baterías de los coches eléctricos. A principios de 2017, el Gobierno provocó un descontento aún mayor al expulsar, a veces violentamente, a miles de mineros artesanales que disfrutaban de concesiones cerca de Montepuez.
Este contexto social, económico y político de pobreza extrema, corrupción y frustración entre los jóvenes ha permitido a los predicadores islámicos radicalizados, a menudo formados en el extranjero, difundir en Mozambique sus mensajes de odio y reclutar a jóvenes. El primer atentado cometido en Cabo Delgado por grupos yihadistas extranjeros y locales fue el de octubre de 2017, cuando 30 terroristas de Ahl al Sunna wal Yamaa (ASWJ), también conocido como Ansar al Sunna o al Shabab (sin relación con el grupo terrorista somalí del mismo nombre), asaltaron una comisaría de policía en la estratégica ciudad de Mocimboa da Praia matando a dos agentes. Según los informes, Ahl al Sunna wal Yamaa había prometido lealtad a ISIS ya en abril de 2018, y en agosto de 2019 fue reconocido por ISIS como afiliado bajo el nombre de Estado Islámico-Provincia de África Central, grupo compuesto por Ahl al Sunna wal Yamaa de Mozambique y las Fuerzas Democráticas Aliadas de la República Democrática del Congo. El Estado Islámico comenzó a referirse a IS-Mozambique (IS-Moz o ISM) como algo distinto del Estado Islámico-Provincia de África Central (SCAP-RDC) en mayo de 2022.
Incidentes y acontecimientos
Desde mayo de 2018, los ataques de Ahl al Sunna wal Yamaa se han ido volviendo menos selectivos y más violentos, incluyendo decapitaciones y secuestros de mujeres y niñas. Desde mediados de 2019 han ido aumentando la sofisticación y la estrategia de los ataques, así como su frecuencia, ya que los terroristas parecen estar mejor armados, mejor financiados (cada vez más apoyados a través del comercio ilegal) y con mayor número de reclutas, ya que cuentan con desertores de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Mozambique, la influencia de instructores extranjeros y un mayor número de jóvenes atraídos por las ofertas salariales. Algunos terroristas han intentado legitimarse buscando el apoyo de la comunidad local y justificando sus acciones con la recuperación del control sobre zonas históricamente controladas por sultanatos musulmanes a lo largo de la costa suajili.
A partir de julio de 2021, el ejército mozambiqueño, con el apoyo de Ruanda y los soldados de la Comunidad de Desarrollo de África Central (SADC), de la que Sudáfrica es el principal contribuyente, liberó los yacimientos de gas natural permitiendo la reanudación de la explotación que se había interrumpido en abril de 2021. IS-Mozambique sigue teniendo como objetivo los proyectos mineros (grafito y minerales preciosos) impulsando su «yihad marítima» para controlar las zonas costeras.
La respuesta del Gobierno al yihadismo terrorista es principalmente militar. Aunque ha tenido cierto éxito, los costes en derechos humanos han sido elevados. Apoyándose en un ejército nacional corrupto y mal entrenado, en mercenarios privados y en el ejército ruandés, las fuerzas de seguridad han atacado a periodistas y han perseguido a la comunidad musulmana con detenciones y procesamientos arbitrarios, lo que ha hecho que aumente su temor y animadversión hacia las autoridades estatales.
En mayo de 2021, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una resolución en la que exigía al Gobierno que «cesen los asesinatos masivos y las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, conceda protección a los civiles e investigue y procese a los autores de las violaciones». Los observadores internacionales critican la «ineficaz y brutal contrainsurgencia dirigida por un Gobierno corrupto» que no ha resuelto las causas profundas del problema terrorista ni aliviado sus dramáticas consecuencias, pues no ha propiciado la reconstrucción de las infraestructuras básicas, casas y lugares de culto. También las organizaciones católicas locales cuestionan la solución militar, ya que la asignación de recursos para las contraofensivas es tres veces superior a la que se destina al abastecimiento de agua, a la sanidad y a la asistencia social. Juliasse Ferreira Sandramo, obispo católico de Pemba, destacó la necesidad de «dar esperanza a los jóvenes que, de otro modo, se sentirán tentados a incorporarse a las filas yihadistas».
Los líderes religiosos han colaborado diligentemente en la búsqueda de la paz. El 3 de enero de 2022, líderes cristianos y musulmanes publicaron la «Declaración Interreligiosa de Pemba», comprometiéndose a colaborar en la predicación «del auténtico significado de la religión para que la sociedad no vea en ella la causa de ningún conflicto, en particular en la religión islámica, la más afectada por los prejuicios». En un intento de reforzar la lucha antiterrorista, el Parlamento de Mozambique aprobó en mayo de 2022 una ley antiterrorista más estricta y en diciembre de 2022, un proyecto de ley que legaliza las milicias locales para combatir a los yihadistas en Cabo Delgado. El ejército tanzano también está asegurando su territorio fronterizo con Cabo Delgado para evitar la infiltración terrorista.
Incidentes violentos
Según datos de ACLED, más de 4000 personas han muerto asesinadas desde el inicio del conflicto del norte de Mozambique en octubre de 2017. Solo en 2021, 384 atentados causaron la muerte de 1127 civiles. ACNUR informa de que hay 1 028 743 de desplazados internos en el norte de Mozambique a causa de la violencia yihadista (935 130 de ellos en Cabo Delgado).
Las víctimas son tanto cristianos como musulmanes que no aceptan el programa radical yihadista. El portavoz de la diócesis católica de Pemba, en el norte del país, el padre Kwiriwi Fonseca, confirmó que en zonas predominantemente musulmanas los yihadistas obligan a los cristianos a elegir entre convertirse al islam o la muerte: «A los jóvenes que aceptan convertirse los entrenan para combatir en sus filas, y a las niñas las violan y obligan a convertirse en sus “novias”».
En marzo de 2021, los yihadistas del Ahl al Sunna wal Yamaa (ASWJ) atacaron la ciudad costera de Palma, en el norte del país, matando a decenas de civiles y destruyendo gran parte de las infraestructuras de la ciudad, como bancos, una comisaría de policía y almacenes de ayuda alimentaria. Como consecuencia del atentado, la empresa energética francesa Total cerró su proyecto Afungi, «uno de los mayores proyectos energéticos del sur de África». El 4 de agosto, los terroristas incendiaron una iglesia y una escuela de enseñanza primaria en Niassa, con todo el material escolar. El 15 de diciembre de 2021, los yihadistas decapitaron a una persona, incendiaron varias chozas y saquearon cinco aldeas de Macomia (Cabo Delgado) durante una incursión.
El 15 de enero de 2022, los yihadistas atacaron, por tercera vez en el mismo mes, la localidad de Nova Zambezia, en Macomia (Cabo Delgado), y decapitaron a tres hombres. A mediados de febrero, los terroristas atacaron varias aldeas del distrito de Nangade, fronterizo con Tanzania, confinando a sus habitantes durante algunos días. El grupo decapitó a tres personas y saqueó diversos objetos de las casas de la población. Agentes del ISIS atacaron la isla de Matemo (Cabo Delgado), matando a siete soldados e hiriendo a varios más. Al-Naba, el semanario del ISIS, señaló el 17 de marzo que su intención con este atentado era destruir la industria turística de Mozambique.
El 2 de junio, Al Naba publicó la noticia de tres atentados reivindicados por el ISIS los días 29 y 30 de mayo contra tres aldeas cristianas de la zona de Meluco, en Cabo Delgado; durante los ataques incendiaron las casas de los habitantes y todo lo que poseían. El 19 de junio, el ISIS atacó la aldea cristiana de Makaya (distrito de Ancuabe, Cabo Delgado) decapitando a dos cristianos e incendiando dos iglesias. El 22 de junio, el ISIS atacó la aldea cristiana de Capani (distrito de Ancuabe) quemando viviendas y propiedades. El 23 de junio, Al Naba informó de que IS-Mozambique afirmaba haber matado al menos a treinta y tres personas, diez miembros de las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique y veintitrés habitantes cristianos. Incendiaron nueve iglesias y más de 250 viviendas, dejando a más de 11 000 personas sin hogar. El 24 de junio, IS-Mozambique atacó las aldeas cristianas de Nambini y Nakoy (región de Macomia) quemando varias viviendas y una iglesia. El 26 de junio, IS-Mozambique atacó la aldea cristiana de Tandako (Macomia, Cabo Delgado), matando a un cristiano e hiriendo a otro; prendieron además fuego a varias casas y a una iglesia. El 27 de junio, IS-Mozambique atacó la aldea cristiana de Mahican (Ancuabe, Cabo Delgado) y ejecutaron a un cristiano.
El 6 de septiembre, en Chipene (provincia de Nampula), asesinaron brutalmente a una misionera comboniana católica de 84 años, la hermana Maria De Coppi, junto con otras tres personas porque, según alegaron los asesinos, estaba «demasiado comprometida con la difusión del cristianismo». Los atacantes destruyeron las instalaciones de la misión: la iglesia, el hospital y las escuelas de enseñanza primaria y secundaria.
En octubre, el Estado Islámico reivindicó ataques contra cuatro aldeas de mayoría cristiana en los distritos de Macomia (aldeas de Nguida y Litandacua), Muidumbe (aldea de Mandava) y Nangade (aldea de Ntoli), en el norte de Cabo Delgado.
El 10 de noviembre de 2022, IS-Mozambique difundió en las redes sociales un mensaje en el que reiteraba su intención de establecer un califato y exigía a cristianos y judíos que se convirtieran al islam o pagaran impuestos si querían evitar la muerte.
El 30 de diciembre de 2022, los yihadistas atacaron dos aldeas cristianas del norte de Mozambique, causando dos muertos y cuatro heridos y provocando la huida de muchas personas de sus hogares. ISIS-Mozambique afirmó haber atacado la «aldea habitada por cristianos» y haberse enfrentado a «milicias cristianas».
Ante la ineficacia de las fuerzas de seguridad para controlar a los insurgentes, muchas poblaciones locales (musulmanas y cristianas) han formado sus propios grupos civiles de defensa.
Futuro de la libertad religiosa
Pese a la menor capacidad de IS-Mozambique para llevar a cabo atentados de gran envergadura, siguen operativos y continúan sus mortíferos asaltos con el objetivo de establecer un califato. La libertad religiosa está gravemente amenazada por la inseguridad permanente, y tanto cristianos como musulmanes son blanco de los ataques. El Gobierno, apoyado por la ayuda militar de 24 países y de tropas mercenarias extranjeras, tiene enormes dificultades para eliminar a los grupos terroristas yihadistas y proporcionar seguridad a sus habitantes, sobre todo en la provincia de Cabo Delgado. También preocupa el riesgo de que el IS-Mozambique se extienda a los países vecinos, especialmente a Tanzania.
Aunque los líderes cristianos y musulmanes siguen denunciando la violencia y promoviendo el diálogo interreligioso en un esfuerzo por deslegitimar el yihadismo, esto será insuficiente si no se abordan las desigualdades sociales y económicas subyacentes que asolan a los jóvenes, especialmente en las regiones más pobres. Esto se aplica sobre todo a las provincias septentrionales, donde las empresas internacionales extraen enormes riquezas de los recursos con un beneficio mínimo para la economía y la población locales, fomentando un círculo vicioso de pobreza, frustración y violencia. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo nefastas.
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