Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
Indonesia, la nación de mayoría musulmana más grande del mundo, no es un Estado islámico. Su Constitución garantiza la libertad religiosa y el derecho de culto, pero establece una serie de restricciones para proteger los derechos de los demás. La ideología o filosofía oficial del Estado se denomina pancasila (cinco principios). El preámbulo de la Constitución la define como «la creencia en un único Dios, una humanidad justa y civilizada, la unidad de Indonesia y la vida democrática guiada por la sabiduría de ideas deliberadas entre los representantes del pueblo, y la consecución de la justicia social para todo el pueblo de Indonesia». La Carta Magna no impone, pues, ninguna religión concreta, sino que exige a los ciudadanos que crean en una deidad y protege los derechos de los practicantes de las seis religiones oficialmente reconocidas: islam, protestantismo, catolicismo, hinduismo, budismo y confucianismo. No están igualmente protegidos los derechos de los creyentes de otras religiones, ni siquiera de las creencias tradicionales locales, ni los derechos de los agnósticos y los ateos.
Indonesia no aplica la sharía (ley islámica) a nivel nacional, pero se estima que al menos 52 de los 470 distritos y municipios del país han introducido unas 78 normas inspiradas en ella. Varias fuentes sostienen que la cifra real es aún mayor, con al menos 151 ordenanzas locales inspiradas en la sharía en Java, las Célebes, Sumatra y las Islas menores de la Sonda Occidental.
La Constitución proclama que «toda persona será libre de escoger y practicar la religión de su preferencia» (artículo 28.E.1) y que «tendrá derecho a la libertad de creer en la fe de su preferencia (kepercayaan), y a expresar sus opiniones y pensamientos, de acuerdo con su conciencia» (artículo 28.E.2). El Estado garantiza «a todas las personas la libertad de culto, a cada una según su propia religión o creencia» (artículo 29.2).
En diciembre de 2022, Indonesia adoptó un nuevo Código Penal que sustituye al aprobado tras la independencia, el cual se basaba en la legislación neerlandesa. Los dos son similares en lo que respecta a los delitos relacionados con la religión. Ambas versiones castigan la blasfemia, la herejía y la difamación religiosa. En concreto, el artículo 156 impone hasta cuatro años de prisión a quien «exprese públicamente sentimientos de hostilidad, odio o desprecio contra uno o más grupos de la población de Indonesia», definiéndose los grupos por la «raza, país de origen, religión, procedencia, ascendencia, nacionalidad o condición constitucional». Se castiga con hasta cinco años de prisión «insultar o mancillar cualquier religión que se practique en Indonesia» (artículo 156.a).
En 1965, el entonces presidente Sukarno promulgó el Decreto Presidencial n.º 1/PNPS/1965 sobre la Prevención de la Blasfemia y las Ofensas a las Religiones, conocido informalmente como «ley de blasfemia». El artículo 1 de este decreto, que empezó a aplicar el sucesor de Sukarno, el presidente Suharto (en el poder entre 1967 y 1998), prohíbe cualquier interpretación que «se desvíe de las enseñanzas básicas de la religión» y exige al presidente que disuelva cualquier organización que practique este tipo de enseñanzas «desviadas».
En el marco de su política de represión de las desviaciones religiosas, el Órgano de Coordinación de la Vigilancia de las Creencias Indígenas (Bakor Pakem), departamento de la Fiscalía General de Indonesia, lanzó una aplicación para teléfonos móviles a finales de 2018, llamada «Smart Pakem», que permite a los usuarios denunciar a las autoridades prácticas religiosas «desviadas».
En 1969, el Ministerio de Asuntos Religiosos y el Ministerio del Interior publicaron un decreto ministerial conjunto en el que se detallaban los procedimientos necesarios para autorizar la construcción de lugares de culto. En 2004, el entonces presidente Susilo Bambang Yudhoyono dio instrucciones al Ministro de Asuntos Religiosos para que revisara el decreto de 1969; esto dio lugar a un decreto ministerial conjunto (n.º 8 y 9/2006) titulado «Directrices para los Presidentes y Vicepresidentes Regionales en la Gestión de la Armonía Religiosa».
Según estas disposiciones, la construcción de lugares de culto requiere el apoyo de la población local, declarar los nombres con prueba de identidad de al menos 90 miembros del nuevo lugar de culto, ser aprobados por las autoridades locales, e ir acompañados por cartas de apoyo de al menos sesenta miembros de la comunidad local, refrendadas por el jefe del pueblo. Además, la solicitud debe recibir una recomendación por escrito de la oficina de distrito del Ministerio de Asuntos Religiosos y otra del Foro de Armonía Religiosa del distrito o ciudad en cuestión. Una vez reunida toda la documentación, la solicitud pasa al alcalde de la localidad, que dispone de 90 días para decidir si la acepta o no.
La normativa también obliga a las autoridades locales a crear un Foro de Armonía Religiosa, compuesto por líderes religiosos locales en proporción al tamaño de sus respectivas comunidades. Esto supone, en la práctica, que el organismo estará dominado por musulmanes o cristianos, dependiendo de quién tenga la superioridad numérica en cada zona.
Durante muchos años también han estado vigentes leyes dirigidas a grupos religiosos concretos. En junio de 2008, el Gobierno anunció un decreto conjunto del ministro de Asuntos Religiosos, el fiscal general y el ministro del Interior relativo a la «Amonestación e Instrucción a los Discípulos Miembros y/o Miembros de la Junta Organizadora de la Yemaat Ahmadiya (comunidad ahmadí) Indonesia y Miembros de la Sociedad».
El decreto no llega a una prohibición total, pero ordena a todos los «“ahmadíes” dejar de difundir las interpretaciones y actividades que se desvían de los principios de las enseñanzas del islam, es decir, de difundir creencias que reconocen a un profeta, con toda su enseñanza, posterior al profeta Mahoma».
En agosto de 2008, el secretario general del Ministerio de Asuntos Religiosos, el fiscal general adjunto de Inteligencia y el director general de Unidad Nacional y Asuntos Políticos del Ministerio del Interior publicaron una circular conjunta sobre «Directrices para la Aplicación del Decreto Conjunto». En ella se especifica que el Decreto Conjunto solo se aplica a los ahmadíes que «se declaran musulmanes», mientras que «aquellos que no se declaren musulmanes están exentos del fin de esta amonestación y orden».
Cualquier violación de estas disposiciones se considera delito penal, además de un ultraje a la religión y difamación religiosa según lo establecido en el artículo 1 (que prohíbe las interpretaciones «desviadas» de la religión y las enseñanzas «desviadas»), en el artículo 3 del Decreto Presidencial n.º 1/PNPS/1965 sobre la Prevención de la Blasfemia y las Ofensas a las Religiones, y en el artículo 156.a del Código Penal de Indonesia. Las infracciones conllevan penas de hasta cinco años de prisión.
Además de la ley sobre la blasfemia, la normativa sobre la construcción de lugares de culto y las directrices en contra de la ahmadiya, en las dos últimas décadas se han promulgado cientos de ordenanzas locales y leyes y reglamentos regionales que restringen la práctica religiosa.
En los últimos años, el Pew Forum ha clasificado sistemáticamente a Indonesia como uno de los países que presenta niveles más altos de restricción a la libertad religiosa entre las 25 naciones más pobladas del mundo; para esta clasificación se ha tenido en cuenta tanto la legislación gubernamental como la hostilidad social.
Musdah Mulia, presidenta de la Conferencia sobre Religiones y Paz de Indonesia, afirma que existen al menos 147 «leyes y políticas públicas discriminatorias en materia de religión», y cree que, «mientras se permita que se mantengan esas leyes, siempre habrá una alta probabilidad de que se produzca violencia en la sociedad. Son necesarias iniciativas dirigidas a reformar las leyes y también a elaborar otras nuevas que se adapten mejor a los principios de los derechos humanos, a los principios de la democracia, a la tolerancia y el pluralismo». Algunas de estas regulaciones simplemente refuerzan la legislación nacional, pero otras introducen nuevas restricciones.
Incidentes y acontecimientos
En los últimos años, la tradición de pluralismo y la reputación de tolerancia religiosa de Indonesia se han visto cada vez más amenazadas. En su último informe anual (2021), la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) señaló que «en 2021 las condiciones de la libertad religiosa en Indonesia seguían la misma tendencia que en 2020» y «que se había producido un progreso mínimo o nulo a la hora de abordar los aspectos del sistema legal que entran en conflicto con las normas internacionales de libertad de religión o creencia». La agencia estadounidense recomienda, a continuación, incluir a Indonesia en su Lista de Vigilancia Especial. El diario The Diplomat informó de que Indonesia «cada vez es más inhóspita para los miembros de minorías religiosas».
En marzo de 2021, terroristas suicidas hirieron a 20 personas en un atentado perpetrado el Domingo de Ramos contra la catedral católica de Macasar.
En junio de 2021, un danés de 55 años que había infringido las leyes de blasfemia al dar una patada un templo sagrado hindú de Bali fue condenado a dos años de prisión. En agosto de ese mismo año se produjo un caso poco frecuente: fue detenido a un clérigo musulmán que calificó la Biblia de ficticia; a pesar de ello, muchos cristianos y miembros de otras religiones se quejan de que esta ley no los trata en pie de igualdad con los musulmanes.
Otras comunidades religiosas, especialmente chiíes y ahmadíes, también sufren discriminación y presiones constantes. En septiembre de 2021, 10 personas fueron detenidas por atacar una mezquita ahmadí en la provincia de Borneo Occidental (Kalimantan en indonesio).
En diciembre de 2021, tras una protesta del Foro de Musulmanes Unidos, las autoridades religiosas de la provincia de Célebes Meridional revocaron su decisión de permitir que las felicitaciones navideñas se pudieran expresar de forma pública.
Aunque en muchas partes del país existen normas inspiradas en la sharía, Aceh es la única provincia que ha aplicado plenamente la ley islámica, respaldada por una policía religiosa que hace cumplir las normas, que incluyen castigos corporales. En enero de 2022, una mujer casada fue azotada 100 veces tras confesar su adulterio, mientras que su pareja masculina solo recibió 15 latigazos tras negar las acusaciones.
En abril de 2022, condenaron a 10 años de prisión a un youtuber cristiano por subir cientos de vídeos contra el islam. Mohamad Kace, converso al cristianismo, recibió una condena mucho más dura que las impuestas en casos de blasfemia anteriores. En octubre de 2022, acusaron de blasfemia a la cadena de bares y restaurantes Holywings por haber lanzado una campaña promocional en la que ofrecía bebidas alcohólicas gratuitas a varones que se llamaran Muhammad y a mujeres que se llamaran María. La cadena de restauración fue clausurada por esa campaña comercial que provocó indignación al considerarse un insulto al profeta Mahoma.
En diciembre de 2022, Indonesia aprobó un nuevo código penal basado en los principios de la sharía, que prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio, así como las relaciones de convivencia. Los detalles de la ley sitúan en desventaja a las mujeres, así como a las minorías étnicas cuyas costumbres no implican el matrimonio formal. El delito se castigará con una pena mínima de un año de cárcel.
En el lado positivo, se han dado algunos avances significativos en materia de libertad religiosa durante el período estudiado en este informe.
El 8 de junio de 2022, el ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, se reunió con el papa Francisco en el Vaticano y le invitó oficialmente a visitar el país.
El día de Navidad de 2022, el presidente Joko Widodo asistió a una celebración religiosa en la catedral de la Santísima Virgen María de Bogor, en Java Occidental. Ha sido el primer jefe de Estado indonesio que ha hecho algo así.
En enero de 2023, durante una reunión con dirigentes de provincias y distritos, el presidente Widodo defendió a las minorías religiosas y declaró que «quienes son cristianos, católicos, hindúes y confucianos... tienen los mismos derechos en cuanto a libertad religiosa y de culto».
Futuro de la libertad religiosa
En la actualidad, Indonesia se encuentra en una encrucijada. A pesar de los alentadores esfuerzos de algunos grupos de la sociedad civil, líderes religiosos y funcionarios públicos para contrarrestar el aumento de la intolerancia, las presiones sociales que discriminan a los grupos confesionales minoritarios, los indicios de extremismo y la incapacidad para reforzar la legislación en favor de la libertad religiosa (con la proliferación del número de normas inspiradas en la sharía) pueden provocar una mayor erosión de la larga tradición de pluralismo y armonía religiosa de Indonesia.
A la vista de la situación, las perspectivas para la libertad religiosa en esta nación asiática parecen inciertas y deben mantenerse en observación.
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