Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución actual de Filipinas, promulgada en 1987, garantiza el libre ejercicio de la religión y establece la separación entre la Iglesia y el Estado. El artículo 3.5 («Declaración de derechos») dispone: «No se promulgará ley alguna que establezca una religión o que prohíba su libre ejercicio. Se reconoce para siempre el libre ejercicio y disfrute de toda profesión y culto religiosos, sin discriminación ni preferencia. No se exigirá prueba religiosa alguna para el ejercicio de los derechos civiles o políticos». El preámbulo de la Constitución especifica que esta ha sido promulgada por el «pueblo filipino soberano», que de este modo «impetra la ayuda de Dios todopoderoso».
Después de que España cediera Filipinas a Estados Unidos en 1898, se adoptaron muchas ideas y prácticas culturales estadounidenses, incluido el sistema de separación entre la Iglesia y Estado. Según el artículo 2.6 («Declaración de principios y principios de las políticas de Estado»), «la separación entre la Iglesia y el Estado será inviolable».
Conforme a la Constitución filipina, los grupos religiosos tienen que registrarse para que se les garanticen las exenciones fiscales. Las instituciones dedicadas a actividades «religiosas, benéficas o educativas» están exentas de impuestos (artículo 6.28). Más concretamente, puede tratarse de «instituciones benéficas, iglesias y casas parroquiales o conventos anexos a las mismas, mezquitas, cementerios sin ánimo de lucro y todos los terrenos» utilizados exclusivamente por dichos grupos.
El cristianismo ha ejercido una fuerte influencia en la cultura de Filipinas desde el siglo XVI, cuando los españoles comenzaron la colonización del archipiélago. A pesar de la separación constitucional entre Iglesia y Estado, la Iglesia católica romana conserva una posición de influencia en la política nacional y configura, por ejemplo, el sistema educativo del país. Uno de los aspectos de la influencia de la Iglesia es que el Gobierno permite la enseñanza religiosa en la escuela pública, con el consentimiento por escrito de los padres o tutores del alumno: «Conforme a la elección expresada por escrito de los padres o tutores, se permitirá enseñar religión a sus hijos o tutelados en los colegios públicos de enseñanza primaria y secundaria dentro de las horas lectivas normales» (artículo 14.3).
Filipinas, país predominantemente cristiano, cuenta con una pequeña pero significativa minoría musulmana (5-6%), concentrada especialmente en la gran isla meridional de Mindanao (93%). La mayor parte de los musulmanes de Mindanao son suníes, mientras que una minoría más pequeña de musulmanes chiíes vive en las provincias de Lanao del Sur, en el centro de Mindanao, y Zamboanga del Sur, en el extremo occidental de la isla.
La integración de la minoría musulmana sigue constituyendo un importante problema político nacional sin resolver. En Mindanao, los seguidores del islam, a los que los españoles llamaban moros, constituyen una cuarta parte de la población local, pero son mayoría en algunas de las provincias más occidentales. A pesar de que la Constitución (artículo 10.1) prometía el establecimiento del «Mindanao musulmán» como «región autónoma», desde 1969 no ha cesado el violento conflicto entre el Gobierno filipino y los rebeldes musulmanes.
Después de los acuerdos de paz firmados en 2018 entre el Gobierno de Filipinas y el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), el entonces presidente Rodrigo Duterte firmó la Ley Orgánica del Bangsamoro (BOL). Ratificada en 2019, esta última abolió oficialmente la región autónoma en el Mindanao Musulmán. La nueva ley otorgó más autonomía a la población mayoritariamente musulmana de la zona y un territorio algo mayor.
Según el expresidente Duterte, «el éxito de la ratificación de esta ley orgánica nos permitirá crear un ambiente que conducirá a una convivencia pacífica entre musulmanes, cristianos (...) y todas las tribus (...) que consideran que Mindanao es su hogar». Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de paz, la violencia ha continuado en todo Mindanao porque los grupos terroristas a los que se ha excluido de las negociaciones gubernamentales se han dedicado a perpetrar atentados generalizados, sometiendo a las comunidades religiosas no musulmanas a una terrible violencia y al desplazamiento.
El Gobierno filipino reconoce y autoriza que en Mindanao funcionen tribunales de sharía. Según el Decreto Presidencial 1083, Código de Leyes Personales Musulmanas de Filipinas, se puede nombrar juez de un tribunal de circuito de la sharía a un miembro del Colegio de Abogados de la Sharía filipina a partir de una preselección de candidatos presentada al presidente por el Consejo del Colegio Judicial.
Los musulmanes residentes en otras zonas del país que pretenden emprender acciones legales ante un tribunal de sharía tienen que desplazarse a los distritos de Mindanao con tribunales de sharía reconocidos, tribunales que solo tienen autoridad en cuestiones de derecho consuetudinario y personal islámicos. Su jurisdicción se limita a los musulmanes, y no tienen autoridad sobre temas penales. Es más, juzgan bajo la supervisión administrativa del Tribunal Supremo de Filipinas. Con la ratificación de la Ley Orgánica de Bangsamoro, se formó un Tribunal Superior de Sharía con jurisdicción sobre la población musulmana de la región.
El Código Penal Revisado, en vigor desde los años 30, tipifica como delitos una serie de actos cometidos en el contexto del culto religioso. El artículo 133 prohíbe los «actos notoriamente ofensivos para los sentimientos de los fieles» en lugares de culto religioso o «durante la celebración de cualquier ceremonia religiosa». El artículo 132 tipifica como delito la obstaculización o perturbación de un servicio religioso por parte de un funcionario del Estado.
En 2019, se presentó en la Cámara de Representantes de Filipinas el proyecto de ley n.º 5170 para derogar el artículo 133, que penaliza la ofensa a los sentimientos religiosos. Esta propuesta legislativa se presentó a raíz de la muerte de un ataque al corazón del artista y activista cultural Carlos Celdrán, el único filipino condenado conforme a esta disposición. De momento, aún no se ha aprobado; si se hiciera, se desestimarían todas las causas penales pendientes y las causas civiles conexas que entren en el ámbito del artículo 133.
Incidentes y acontecimientos
El 30 de junio de 2022, Ferdinand «Bongbong» Romualdez Marcos Jr. juró su cargo como decimoséptimo presidente de Filipinas, con lo que la familia Marcos volvía al poder después de 36 años. Su elección se produjo en un momento de corrupción rampante y de descontento en la opinión pública, lo que se tradujo en una victoria aplastante. Su decisión de rodearse de «personalidades de las redes sociales y blogueros» en lugar de participar en debates electorales dejó la puerta abierta a todo tipo de especulaciones sobre cómo iba a gobernar.
La administración anterior de Duterte había recibido fuertes críticas por su guerra contra las drogas y por haber restaurado la pena de muerte. La represión antidroga alimentó la brutalidad policial y provocó la muerte de más de 6000 personas en más de 220 000 operaciones antidroga, según fuentes del Gobierno, pero el número de fallecidos podría llegar a 30 000 según otras fuentes. Los asesinatos relacionados con el narcotráfico desde la elección de Marcos Jr. no han disminuido.
El 7 de octubre de 2022, el periodista Percival Mabasa fue asesinado por criticar abiertamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por los Gobiernos de Duterte y Marcos. Desde 1986, han muerto asesinados unos 195 periodistas, lo que convierte a Filipinas en uno de los lugares más peligrosos para ejercer esta profesión.
El 15 de diciembre de 2022 se encontraron tres bombas caseras en los locales de dos iglesias católicas de la ciudad de Joló. Se sospecha que fue el grupo terrorista Abu Sayaf, organización separatista islamista muy influida por Al Qaeda, el que colocó los artefactos explosivos.
Como gesto de buena voluntad, el presidente Marcos Jr. declaró el día 26 de diciembre como jornada especial no laborable, para «dar a la gente la posibilidad de celebrar las fiestas con sus familias y seres queridos».
En 2020, el entonces presidente Duterte impulsó en el Congreso filipino la Ley Antiterrorista. Esta ley creó un Consejo Antiterrorista con potestad para declarar a personas como «terroristas» y autorizó al Gobierno a detener a sospechosos sin orden judicial ni cargos por un máximo de 14 días. Los defensores de los derechos humanos han criticado la ley por desincentivar el activismo y penalizar la defensa de los derechos humanos básicos.
La Ley Antiterrorista también ha intensificado la práctica de la «etiqueta roja», es decir, señalar públicamente a defensores de los derechos humanos y de la justicia social, tanto individuos como grupos, como frentes comunistas; esto, a su vez, ha dado lugar a detenciones sin orden judicial, encarcelamientos sin cargos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
En agosto de 2022, se abrió una causa penal contra 16 personas, entre ellas varias monjas, por «presunta financiación de terroristas y violación de la ley antiterrorista de Filipinas». El Gobierno acusaba a las monjas, pertenecientes a las Misioneras Rurales de Filipinas, de financiar al Partido Comunista de Filipinas y a su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo. Sin embargo, grupos defensores de los derechos humanos afirmaron que «el Departamento de Justicia archivó el caso en secreto, antes de que las acusadas pudieran defenderse».
A pesar de las preocupantes tendencias, el 1 de diciembre de 2022 la Cámara filipina de Representantes aprobó por abrumadora mayoría (256 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones) la Ley de Libertad Religiosa, que obliga al Estado y a todos sus organismos a proteger el derecho de todo ciudadano a ejercer la libertad de religión.
Futuro de la libertad religiosa
Aunque la Constitución garantiza la libertad de religión, la ley antiterrorista sigue siendo motivo de preocupación, ya que permite a las autoridades, mediante prácticas abusivas como la etiqueta roja, reprimir a quienes critican al Gobierno, incluidos líderes religiosos y defensores de los derechos humanos.
Los cristianos y los grupos minoritarios siguen siendo el blanco de ataques violentos por parte de grupos extremistas en un número cada vez mayor de regiones. A pesar de la ratificación y promulgación de la Ley Orgánica de Bangsamoro en 2019, parece difícil encontrar una solución verdaderamente duradera e integral al extremismo islamista violento.
Por último, aunque la Ley de Libertad Religiosa es un paso positivo, el destino de la libertad religiosa dependerá de la forma en que se aplique y se haga cumplir. Así pues, las perspectivas para la libertad religiosa no están claras y debe permanecer en observación.
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