Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El artículo 36 de la Constitución china de 1982 (revisada en 2018) establece que «los ciudadanos de la República Popular China gozan de libertad para profesar creencias religiosas. Ningún organismo del Estado, organización pública o individuo puede obligar a un ciudadano a profesar, o no, una religión, ni tampoco puede discriminar a quienes creen, o no, en una religión». El mismo artículo señala que el Estado protege «las actividades religiosas normales», sin aportar una definición sobre lo que se considera «normal»; en cambio, prohíbe claramente el uso de la religión para actividades «que alteren el orden público, perjudiquen la salud de los ciudadanos o perturben el sistema educativo del Estado». Asimismo, las organizaciones y actividades religiosas no deben estar «sometidas a ninguna dominación extranjera».
En la práctica, el artículo 36 de la Carta Magna protege solo las actividades de las cinco tradiciones religiosas oficialmente reconocidas (budismo, taoísmo, islamismo, protestantismo y catolicismo) y, dentro de estas, salvaguarda únicamente a las que están sometidas a las siete asociaciones «patrióticas» aprobadas por el Estado. La práctica o la expresión religiosa fuera del aparato controlado por el Estado es ilegal y en los últimos setenta años se ha enfrentado a distintos grados de sanción, represión y persecución.
Los miembros del Partido Comunista Chino (PCCh) y de las fuerzas armadas tienen que ser ateos y tienen prohibida la práctica religiosa. El Gobierno prohíbe a los menores de 18 años recibir formación religiosa o participar en actividades religiosas, a través de la ley nacional que impide a organizaciones o individuos interferir en el sistema educativo estatal para menores de 18 años.
El 1 de febrero de 2018, China aprobó un Reglamento sobre Asuntos Religiosos, que constituye la legislación más restrictiva sobre la práctica religiosa en trece años. Actualiza el Reglamento de Asuntos Religiosos de 2005 y limitan muchas actividades religiosas a los lugares registrados. Según Christian Solidarity Worldwide (CSW), esta normativa revisada «refuerza aún más el control sobre las actividades religiosas». Dicho reglamento establece que «ninguna fuerza extranjera debe controlar los grupos religiosos, las escuelas religiosas y los lugares de actividades religiosas» y estipula que la religión no debe poner en peligro la seguridad nacional. La normativa también impone nuevas restricciones a la comunicación de contenidos religiosos, las escuelas religiosas y las obras de caridad.
Desde marzo de 2018, los asuntos religiosos se encuentran bajo la dirección del Departamento de Trabajo del Frente Unido, agencia del Partido Comunista Chino que sustituye a la Administración Estatal de Asuntos Religiosos (SARA). El Departamento de Trabajo del Frente Unido ha absorbido al SARA, dando al Partido Comunista la gestión directa de los asuntos religiosos.
En abril de 2018, el Gobierno chino publicó un nuevo libro blanco titulado Políticas y prácticas de China sobre la protección de la libertad de creencia religiosa. Según el libro blanco, se proporcionará «orientación activa» a las organizaciones religiosas para ayudarlas a «adaptarse a la sociedad socialista» y los extranjeros solo podrán participar en actividades religiosas que estén «autorizadas». La religión, según el libro blanco, debe estar al servicio del Partido Comunista.
El artículo 27 de la Ley de Seguridad Nacional china también se refiere a la libertad de religión o creencia. Esta ley ha sido criticada por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su «alcance extraordinariamente amplio» y su vaga terminología, que, según afirma, deja «la puerta abierta de par en par a nuevas restricciones de los derechos y libertades de los ciudadanos chinos, y a un control aún más estrecho de la sociedad civil».
Asimismo, hay otras normativas que pueden tener repercusiones sobre la libertad de religión o creencia, por ejemplo, el Documento 9, notificación del Comité Central de la Oficina General del Partido Comunista fechada en abril de 2013, y una nueva ley sobre Organizaciones No Gubernamentales extranjeras adoptada en 2016. El Documento 9 señala que los valores occidentales, la democracia constitucional occidental y los medios de comunicación libres al estilo occidental entran en conflicto con los valores del Partido Comunista Chino y defiende que las peticiones y cartas que reclaman protección de los derechos humanos son obra de «fuerzas occidentales antichinas».
Por su parte, la nueva ley sobre ONG, que entró en vigor en enero de 2017, concede a la policía un poder sin precedentes para restringir el trabajo de los grupos extranjeros en el país y para limitar la capacidad de los grupos locales para recibir financiación extranjera y trabajar con organizaciones foráneas. Las organizaciones no gubernamentales extranjeras están obligadas a tener una organización gubernamental china que las apadrine, deben registrarse en la policía y aceptar la supervisión de la Oficina de Seguridad Pública. La policía dispone de nuevos poderes para citar arbitrariamente a representantes de organizaciones extranjeras en China, incautarse de documentos, examinar cuentas bancarias y revocar el registro. Los extranjeros o las organizaciones extranjeras que se considere que realizan actividades dirigidas a «dividir el Estado, poner en peligro la unidad nacional o subvertir el poder del Estado» pueden ser detenidos, se les puede prohibir abandonar el país o bien ser deportados.
El 1 de mayo de 2021 entraron en vigor las Medidas sobre la Gestión del Clero Religioso, publicadas por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos (SARA) el 9 de febrero. Estas Medidas forman parte de una serie de nuevos reglamentos que complementan el Reglamento revisado de 2018 sobre Asuntos Religiosos. Aumentan el control y la vigilancia del Estado sobre el clero de los cinco grupos religiosos autorizados por el Estado en China (la Asociación Budista de China, la Asociación Taoísta China, la Asociación Islámica de China, el Movimiento Patriótico protestante de las Tres Autonomías y la Asociación Católica Patriótica China) e imponen sanciones al clero que infrinja las políticas estatales. Las medidas también prohíben la actividad religiosa de clérigos independientes que no pertenezcan a los cinco grupos religiosos aprobados por el Estado.
Las Medidas para la Administración de los Servicios de Información Religiosa en Internet entraron en vigor el 1 de marzo de 2022 y prohíben a las organizaciones y personas extranjeras prestar servicios de información religiosa en línea en el país. Estas medidas prohíben compartir contenidos religiosos en línea sin permiso, incluidos mensajes de texto, imágenes, audio y vídeo. También prohíben los contenidos religiosos que «induzcan a los menores a creer en la religión». Estas Medidas han provocado la disolución de grupos de WeChat de fieles religiosos y una estricta autocensura. También suponen la prohibición de retransmitir en directo actos religiosos y la retirada de vídeos de actos religiosos de Internet.
El 1 de junio de 2022 entraron en vigor las nuevas Medidas de Gestión Financiera de los Lugares de Actividades Religiosas. Estas normas otorgan efectivamente al Departamento de Trabajo del Frente Unido y al Ministerio de Finanzas el control de las cuentas de los lugares religiosos de los grupos controlados por el Estado y regulan las donaciones y ofrendas para garantizar la promoción de la chinización de la religión.
En abril de 2016, el presidente de China, Xi Jinping, dirigiéndose a los altos cargos del Partido Comunista en una reunión sobre religión, afirmó que «los grupos religiosos... tienen que adherirse a la dirección del Partido Comunista». Los miembros del Partido han de ser «firmes ateos marxistas» que «resueltamente se guarden contra las infiltraciones extranjeras que llegan por medios religiosos». Estas palabras fueron pronunciadas después de que el director de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos de China ofreciera un seminario sobre la chinización del cristianismo donde afirmó que «la teología cristiana china debería ser compatible con la vía socialista del país». El marco legislativo introducido por el Gobierno está claramente diseñado para cumplir ese objetivo.
En septiembre de 2018, el Vaticano alcanzó un acuerdo provisional de dos años de duración con el Gobierno chino sobre el nombramiento de obispos. Al tratarse de un acuerdo provisional y no de un tratado formal, el texto sigue siendo secreto, pero se entiende que el Gobierno chino se reserva el derecho de proponer candidatos al nombramiento de obispo que posteriormente son confirmados por el Vaticano. El Vaticano y el Gobierno chino renovaron este acuerdo en septiembre de 2020, y de nuevo en octubre de 2022. El 24 de noviembre de 2022, el Gobierno chino violó el acuerdo al nombrar a un obispo sin consulta previa ni aprobación del Vaticano.
Incidentes y acontecimientos
Durante el período estudiado en este informe, ha continuado la intensa represión de todas las minorías religiosas por parte de las autoridades chinas. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional señaló el deterioro de las condiciones de la libertad religiosa en 2021. Según el informe anual sobre libertad religiosa internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos, «las autoridades han seguido arrestando y deteniendo a líderes y miembros de grupos religiosos, a menudo relacionados con grupos no registrados en las asociaciones religiosas autorizadas por el Estado. Según los informes, las autoridades han utilizado cargos vagos o insustanciales, a veces relacionados con la actividad religiosa, para sentenciar y condenar a líderes y miembros de grupos religiosos a largas penas de prisión». Las herramientas utilizadas para rastrear y detener a sus ciudadanos, entre ellos a los miembros de las minorías étnicas y religiosas, se basan en tecnologías de vigilancia de vanguardia, entre las que destacan los aproximadamente 540 millones de cámaras de vídeo vigilancia repartidas por todo el país, muchas de ellas con reconocimiento facial y cada vez más sofisticadas.
A 30 de junio de 2022, la base de datos de presos políticos de la ONG de derechos humanos Dui Hua Foundation contabilizaba 3218 personas encarceladas por creencias religiosas «no ortodoxas», entre ellas miembros de grupos cristianos no registrados y practicantes de Falun Gong.
En diciembre de 2020, las autoridades chinas restringieron las celebraciones navideñas, declarando aceptables solo dos formas de actividad navideña: asistir a iglesias aprobadas por el Estado o celebrar la Navidad en casa.
En febrero de 2021, las autoridades locales ordenaron la destrucción de la iglesia del Sagrado Corazón de Yining, en Sinkiang. Construida en el año 2000, la iglesia contaba con todos los permisos necesarios expedidos por la Administración de Asuntos Religiosos; funcionarios del distrito de Yili y autoridades del gobierno de Yining asistieron a la inauguración y elogiaron la construcción. En 2018, como parte de una campaña de chinización, la Oficina de Asuntos Religiosos eliminó con cincel cuatro bajorrelieves de la fachada, retiró las estatuas de los santos Pedro y Pablo, derribó la cruz que adornaba la cúspide del tímpano y destruyó las dos cúpulas y los campanarios por ser «demasiado vistosos». Uno de los fieles afirmó: «Esto es una confirmación más de que este país no respeta la libertad de culto».
El 21 de mayo de 2021, la policía china detuvo a Joseph Zhang Weizhu, obispo católico de 63 años de la diócesis de Xinxiang, en la provincia de Henan, un día después de haber detenido a siete de sus sacerdotes y a un número indeterminado de seminaristas por presunta violación de la nueva normativa del país sobre asuntos religiosos. Desde entonces está detenido y en paradero desconocido.
En noviembre de 2021, una pareja de cristianos, Chang Yuchun y Li Chenhui, de la provincia de Shaanxi, fueron condenados a siete años de prisión cada uno y a pagar una multa de 250 000 yuanes (unos 35 129 dólares estadounidenses) por «operaciones comerciales ilegales», después de que se rechazaran sus apelaciones. Según la página china de Internet de derechos humanos Weiquanwang, tenían una imprenta registrada que había estado imprimiendo numerosos libros cristianos hasta que el 21 de julio de 2020 fue incautada por las autoridades locales. Se confiscaron más de 210 000 ejemplares de diversos libros religiosos y, posteriormente, al menos 24 títulos fueron consideradas «publicaciones ilegales».
En 2021, las autoridades chinas detuvieron a unos diez líderes y colaboradores de cuatro iglesias protestantes no registradas y los acusaron de «fraude»: el anciano Zhang Chunlei (Iglesia Reformada del Amor, en Guiyang, provincia de Guizhou); el pastor Wang Xiaoguang, su esposa Yang Rongli y cinco colaboradores (Iglesia del Candelabro Dorado, en Linfen, provincia de Shanxi); Hao Ming (Iglesia del Pacto de la Lluvia Temprana, en Chengdu, provincia de Sichuan) y Wu Jiannan (Iglesia de los Pastos Verdes, en Deyang, provincia de Sichuan). El anciano Zhang fue acusado de «incitación a la subversión contra el poder del Estado».
En febrero de 2022, las autoridades de Ezhou, en la provincia central china de Hubei, condenaron a ocho años de prisión por «fraude» a la pastora Hao Zhiwei, líder de una Iglesia protestante independiente. Según ChinaAid, detuvieron a la pastora Hao por predicar y recoger ofrendas sin la aprobación de las asociaciones autorizadas por el Estado. En general, se entiende que la acusación de «fraude» va dirigida a los líderes de las iglesias en casas, que son independientes y no están registradas en el Gobierno ni afiliadas a la Iglesia aprobada por el Estado. La Iglesia de la pastora Hao había sido objeto de repetidas redadas por parte de las autoridades locales antes de su detención, y los miembros de la congregación habían sido brutalmente agredidos y detenidos.
El 11 de mayo de 2022, las autoridades de Hong Kong detuvieron al cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, de 90 años de edad, y le acusaron de «connivencia con fuerzas extranjeras» por su papel como administrador del Fondo de Ayuda Humanitaria 612, que prestaba asistencia jurídica a los manifestantes a favor de la democracia que estaban siendo juzgados en Hong Kong. Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, declaró: «La Santa Sede ha conocido con preocupación la noticia de la detención del cardenal Zen y sigue con extrema atención la evolución de la situación». Posteriormente, pusieron al cardenal Zen en libertad bajo fianza y su juicio comenzó en septiembre de 2022. En noviembre de 2022, fue condenado a pagar una multa de 500 dólares estadounidenses, tras habérsele declarado culpable de «no registrar un fondo de ayuda ya desaparecido que ofrecía asistencia al movimiento a favor de la democracia de Hong Kong».
En julio de 2022, el arzobispo Javier Herrera-Corona, representante oficioso del Vaticano en Hong Kong, advirtió a las misiones católicas de la ciudad, unas 50, de que el Partido Comunista Chino iba a tomar medidas enérgicas: «El cambio se acerca y más vale que estéis preparados»; añadió: «Hong Kong ya no es la cabeza de playa que era para el catolicismo».
El 25 de julio de 2022, la diócesis católica de Hong Kong anunció que había escasez de Biblias porque las imprentas de China continental no podían o no querían imprimirlas. Fray Raymong Yeung, miembro del Studium Biblicum Franciscanum de la diócesis, declaró a Christian Times que la imprenta que solía imprimir sus Biblias había dejado de hacerlo, ya que tenían que obtener el permiso del Gobierno para imprimirlas.
A finales de agosto, fueron detenidos al menos cinco cristianos protestantes de comunidades étnicas minoritarias de la provincia de Yunnan por negarse presuntamente a unirse a un organismo eclesiástico patrocinado por el Estado. El pastor Wang Shunping y cuatro cristianos fueron detenidos bajo la acusación de «organizar y financiar reuniones ilegales» y en septiembre se les acusó de delitos formales. El pastor Wang es de etnia nu y los otros cuatro pertenecen a comunidades nu y lisu del condado de Fugong, en la prefectura autónoma de Nujiang Lisu, en Yunnan.
También continúan las violaciones de la libertad de religión o de creencias contra otras comunidades religiosas. En la región china de Sinkiang, la población uigur, predominantemente musulmana, se enfrenta a una grave persecución religiosa que incluye el cierre y la destrucción de mezquitas, la detención por prácticas religiosas como rezar, leer el Corán, ayunar durante el Ramadán, abstenerse de consumir alcohol o carne de cerdo y llevar hiyab o la barba larga. Según la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, «las autoridades separaron a 880 000 niños musulmanes de sus padres y destruyeron o profanaron importantes lugares religiosos y culturales en todo Sinkiang». Se calcula que al menos un millón de uigures están recluidos en campos de detención, donde son sometidos a tortura, violación y trabajos forzados. También se ha denunciado una campaña de esterilización y abortos forzados.
En diciembre de 2021, el Tribunal Independiente Uigur, presidido por el abogado británico Geoffrey Nice, que había dirigido la acusación contra Slobodan Milosevic, publicó su sentencia tras una larga y exhaustiva investigación. Concluyó que la persecución de los uigures constituye un genocidio y un crimen contra la humanidad por parte del Estado chino. En enero de 2021, el secretario de Estado saliente de Estados Unidos, Mike Pompeo, calificó de genocidio la persecución de los uigures, como también su sucesor, Antony Blinken. En junio de 2022, el informe anual sobre libertad religiosa internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos repitió estas declaraciones e hizo referencia a muchos otros informes de gran reputación que califican la situación de genocidio.
En agosto de 2022, la alta comisionada saliente de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó su informe sobre la situación en Sinkiang tras visitar China a principios de año. El informe señalaba «las restricciones impuestas al ejercicio de la libertad de religión respecto a la práctica religiosa islámica» en Sinkiang. Concluía que «el alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de miembros de la comunidad uigur y de otros grupos predominantemente musulmanes, en aplicación de la ley y la política, en el contexto de las restricciones y la privación más general de los derechos fundamentales de que disfrutan individual y colectivamente, puede constituir crimen internacional, en particular, crimen de lesa humanidad».
La persecución de musulmanes no se limita a los uigures, kazajos y otras comunidades musulmanas de Sinkiang. También se ha perseguido a la población musulmana hui. Según una fuente musulmana hui citada en el Informe Internacional sobre Libertad Religiosa en China 2021 de Estados Unidos, el Gobierno está intentando eliminar las características de la religión y la cultura hui para que los ciudadanos hui no se puedan distinguir de los ciudadanos han, con los que comparten características físicas e idioma. Las autoridades derribaron minaretes y cúpulas y unificaron mezquitas; se exigió al clero musulmán hui que recibiera formación sobre la doctrina del Partido y se le ordenó que transmitiera esas enseñanzas a sus comunidades religiosas. El Gobierno se centró en las élites culturales y empresariales hui para eliminar los textos y el arte hui y cortar el apoyo financiero independiente a la comunidad.
La represión religiosa continúa también en el Tíbet. En mayo de 2021, el Gobierno chino publicó un libro blanco sobre el Tíbet en el que se hacía especial hincapié en la chinización de la religión. En julio de 2021, el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, visitó el Tíbet y subrayó la importancia de «aplicar plenamente» las políticas del Partido en materia de religión. Las autoridades locales organizaron seminarios para adoctrinar a los monjes y monjas budistas tibetanos en los monasterios y restringieron su acceso a los templos. Se han destruido lugares y símbolos religiosos, y se detiene y encarcela a los tibetanos que escuchan las enseñanzas del Dalai Lama o tienen su fotografía.
Continúa la persecución de otros grupos, como budistas, taoístas y Falun Gong. Según Falun Gong Minghui, miles de practicantes de Falun Gong han sido acosados y detenidos, y se ha condenado al menos a 892 personas a penas de prisión. Según los informes, 101 practicantes han muerto como consecuencia de la persecución estatal.
En Hong Kong, a medida que se han ido desmantelando o socavando casi todas las libertades básicas, el derecho a la libertad de religión o creencia se ha ido viendo cada vez más erosionado. Aunque sigue existiendo libertad de culto, hay una creciente autocensura en las homilías y predicaciones del clero, una vigilancia cada vez mayor de las actividades religiosas, amenazas a los colegios dirigidos por la Iglesia y un control cada vez mayor de las Iglesias. En enero de 2022, Ta Kung Pao, periódico controlado por la Oficina de Enlace del Gobierno Central, publicó una serie de artículos en los que atacaba a destacados cristianos de Hong Kong y abogaba por restringir las iglesias cristianas.
Futuro de la libertad religiosa
La actual represión de la libertad religiosa es la más grave desde la Revolución Cultural. El Gobierno parece decidido a llevar a cabo su campaña de chinización de la religión, exigiendo que todas las religiones se adhieran a la ideología, la doctrina y las enseñanzas del Partido Comunista Chino. La violación por parte de las autoridades chinas, en noviembre de 2022, del acuerdo con el Vaticano es la última señal de que las promesas internacionales son víctimas de una política nacional predeterminada desde hace tiempo. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo negativas, ya que la represión y la persecución continuarán y, con herramientas tecnológicas de vigilancia cada vez más sofisticadas, serán cada vez más intrusivas y omnipresentes.
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